Pese a que Mina Invierno ya despachó su último embarque de carbón, la compañía todavía sigue tratando de revertir la decisión del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, que prohibió el uso de tronaduras en la faena ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes.
Cabe indicar que en marzo pasado, la Corte Suprema acogió los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental y la empresa Minera Invierno, en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que invalidó resoluciones ambientales del proyecto carbonífero.
María Isabel González, vicepresidenta del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), se refirió este episodio, manifestando que “es ilógico que el Tribunal Ambiental de Valdivia haya prohibido las tronaduras, que son ampliamente utilizadas en la minería y que sin ellas, esta actividad es prácticamente imposible. La institucionalidad ambiental del país se ve amenazada cuando no se consideran los antecedentes técnicos que le permitieron a Mina Invierno obtener la Resolución de Calificación Ambiental en los organismos competentes”.
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La especialista explicó que esta decisión estuvo determinada “principalmente por la falta de información esencial sobre el componente paleobotánico en la evaluación ambiental del proyecto, y cómo esto podría afectar al patrimonio cultural de nuestro país. De esto se deriva el carácter paradojal de esta medida, ya que de no ser por la actividad de Mina Invierno, los fósiles vegetales que el Tribunal Ambiental pretende preservar jamás habrían sido descubiertos. Es más, la empresa se había comprometido a preservarlos debidamente en beneficio de la humanidad”.
Estrategia de desarrollo consensuada
María Isabel González comentó que “la conciliación del desarrollo económico con el medio ambiente ha sido un tema de debate en nuestra sociedad. En opinión del Instituto de Ingenieros de Minas, existe una cuestión ética, que, lamentablemente suele olvidarse, como es el bienestar del ser humano. Creemos que debemos preservar el medio ambiente, pero también velar por el desarrollo armonioso de nuestro país, donde no se pretenda preservar zonas prístinas y puras para que puedan disfrutar de ellas solo grupos privilegiados, si no también que sus recursos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto”.
En ese contexto, aseveró que “es imperioso avanzar en una estrategia de desarrollo consensuada que nos permita aprovechar el potencial de riqueza que nos pueden brindar nuestros recursos naturales bajo el concepto de sustentabilidad. Esperemos que la Corte Suprema pueda revertir esta decisión que tanto daño podría hacer a la economía nacional”.