(Pulso) Un rol fundamental para la protección del agua como bien nacional de uso público es el que asignan al Estado los abogados constitucionalistas Arturo Fermandois y Emilio Pfeffer.
Invitados por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, los juristas expusieron su visión sobre los cambios que impulsa el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet al Código de Aguas.
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La iniciativa incluye como novedad la caducidad, es decir, una forma de extinción de los derechos, y pasa a llamar al propietario del derecho de agua como titular.
Si bien ambos abogados coinciden en que la reforma al sistema va en la senda correcta, piden más cautela en el rol preponderante que tendrá la Dirección General de Aguas (DGA).
Esto último debido a la facultad que tendrá la DGA para decretar aguas como reservas para efectos de consumo humano o preservación ecosistémica.
“En materia de reservas, como constitucionalista uno quisiera que esta atribución tuviera algún parámetro o límite porcentual y no sean una regla general”, expuso a los parlamentarios el abogado Arturo Fermandois.
Y agregó: “Pienso que el proyecto puede mejorar si se da algún parámetro de que estas reservas pueden o tienen un carácter excepcional, sea cuantitativamente o conceptualmente”.
Una de las cualidades del proyecto enviado al Congreso es que consigna una jerarquización de los usos de agua e incluye el consumo humano y el saneamiento.
Sin embargo, una de las polémicas que ha suscitado vienen desde el mundo gremial del agro.
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, uno de los puntos que se deben resguardar está vinculado con los plazos de regularización para evitar la caducidad de los derechos de agua.
En esa línea, el abogado Emilio Pfeffer pide revisar los plazos en que estas caducidades van a hacerse efectivas.
El proyecto señala que será la DGA la que constituye un derecho y la que va a administrar estas caducidades.
“Allí podría preverse algún sistema de prevención que signifique dar un sistema de garantía para que exista de parte del titular de ese derecho una debida seguridad, y que no va a ser adoptada esa decisión con una intervención poco objetiva o fuera de las hipótesis que el legislador ha previsto”, puntualizó el abogado Pheffer.