(Pulso) Sin que pasaran 24 horas de conocidas las indicaciones sustitutivas del Ejecutivo para reformar el Código de Aguas, diputados y analistas de oposición mostraron sus reparos a las modificaciones planteadas.
El miércoles, el gobierno dio a conocer a la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara Baja las propuestas comprometidas por la Presidenta Bachelet el 21 de mayo pasado.
Dos son los principales temas que levantan mayor cuestionamiento: limitar los nuevos derechos de agua a 30 años, aunque sean renovables, y el que puedan extinguirse los derechos de aprovechamiento vigentes y perpetuos, en caso de no ser inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces y por tanto, no explotados, entre otras excepciones.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó que la extinción de los derechos vigentes también se haría efectiva en un plazo de 12 años cuando no han sido utilizados, (los consuntivos) y de 14 años (no consuntivos, es decir cuando el agua utilizada vuelve al cauce).
Aunque el diputado integrante de la comisión de Recursos Hídricos, Joaquín Godoy (Amplitud), fijar 30 años “parece razonable porque muchos (titulares) distorsionan el mercado”, no comparte cambiar las reglas fijadas con anterioridad.
“Cuando uno entrega un derecho, no es constitucional que uno lo quite porque no hace uso de él. Un derecho adquirido es algo que vamos a defender, porque es parte esencial del sistema”, dijo.
Esto está fundamentado, añadió, porque se estaría incorporando una variable “distinta a la que existía en el momento que le otorgaron el derecho y eso no es correcto; se estaría de alguna manera menoscabando un derecho adquirido”.
La diputada Andrea Molina (UDI), apuntó al sentido de que hay algunas personas naturales o jurídicas que han hecho una tremenda inversión y la usan con otros fines.
“Es un tema no menor y hay que analizarlo bien porque muchas veces hay que tener en cuenta que son derechos adquiridos y como tales lógicamente hay que protegerlos, en la medida que se resguarde primero a usos primarios, como corresponde; y no se esté especulando”, precisó.
En tanto, el legislador RN, Jorge Rathgeb, señaló que si bien el objetivo de las indicaciones van en la línea correcto, las medidas planteadas no son las más adecuadas y puede haber otras distintas a esa posibilidad.
Precisó que en el caso de la limitación a 30 años, hay que hacer una buena evaluación previa de esta situación, considerando que hay emprendedores que con mucha seriedad ejecutan proyectos. “Hay plantaciones de árboles frutales que demoran cuatro o cinco años en dar fruto, por ejemplo, y eso significa tener certeza en qué van a (poder) utilizar los terrenos a futuro. Si sólo son 30 años los derechos, hay que debatirlos”, indicó Rathgeb.
Una mirada más técnica es la de la economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Susana Jiménez. Dijo que le preocupa que se pongan limitaciones de plazo y restricciones al tipo de uso que se le puede dar al agua, ya que “puede generar inflexibilidad importante en este mercado”.
La economista añadió que caducar por no uso del recurso es, además, “complejo, porque hay usos que requieren tiempo en poder ejercerse: obras importantes o tramitación de permisos. Con ello sólo se va poner obstáculo al desarrollo de inversiones. Por tratar de evitar la especulación, se terminan matando intenciones reales de inversión”.
Respecto a fijar 30 años, Jiménez indicó que con esto “siempre” va a tener el riesgo implícito de la no renovación, más si están sujetas a normas administrativas. “No es lo mismo que un derecho a perpetuidad, que conlleva recursos importantes y un horizonte de largo plazo, que algo más limitado en el tiempo porque se ve debilitado el derecho de propiedad”, comentó.
Precisó que esto afectaría mayormente al sector minero, eléctrico, de la agricultura, o sanitario, porque parte principal de sus inversiones “se fundan en esta certeza jurídica respecto de los derechos de propiedad del agua, porque son un insumo esencial para el desarrollo de estas actividades” .
La otra visión
Una mirada opuesta expresa el presidente de la comisión de Recursos Hídricos, Luis Lemus (PS). Aseguró que el Estados “tiene que regular, tiene que poner restricción” a la extracción del recurso.
Destacó que hacer concesionable el agua, “donde el Estado controle, busca que la explotación de una actividad determinada, la persona la tenga que usar, evitando así la especulación”.
Respecto a la limitación y restricción de caducidad que propone el proyecto para los nuevos derechos de agua que se otorguen y algunas modificaciones a los antiguos titulares del recurso, comentó: “el agua tiene múltiples usos. Creemos que una forma de proteger el uso acuícola está bien fundamentado en esta indicación. En el norte, por ejemplola actividad minera puede terminar la actividad agrícola, y eso no es posible, aunque sea más rentable”.
Por su parte, el diputado Matías Walker (DC), mostró su satisfacción por las modificaciones hechas por el Ejecutivo.
Destacó que la caducidad operará cuando no se utilicen los aprovechamientos de agua, “algo lógico para evitar los usos especulativos. Va en la dirección correcta”.
Añadió que al poner un límite a la explotación por 30 años se podría hacer una distinción, porque “no es lo mismo el derecho que se va a utilizar para una central hidroeléctrica que a un riego agrícola”.
Desmadryl: «cambios producirán perjuicio al ordenamiento jurídico»
El ex director de la Dirección General de Aguas (DGA), Matías Desmadryl, se mostró escéptico de las indicaciones introducidas por el Ejecutivo al proyecto que reforma el Código de Aguas.
Al respecto, la ex autoridad dijo que “los cambios van a producir un gran perjuicio al ordenamiento jurídico y a la forma como se gestionan las aguas en Chile”.
Esto, porque se elimina el dominio y la facultad de disposición, por lo tanto, “hay una enorme incertidumbre para transferir los derechos de aguas. Este derecho permite ser transferido hasta hoy, lo que ha permitido tener inversión”, dijo.
Asimismo, dijo que si bien no ve un problema mayor para los nuevos derechos , sí hay que tener en cuenta que los de largo plazo no se estarían adecuado a la realidad de la inversión.
“Esto va a tener un impacto sobre los financiamientos de los proyectos, porque al día de hoy en todos los sectores económicos como minería, energía o agricultura, los derechos de agua otorgan un tremendo valor al activo y eso estructura todo una forma de financiamiento. Y si no va a ver dominio no serían sujeto, probablemente, de hipoteca. Estar sujeto a un plazo puede deteriorar la inversión”.
Asimismo, acotó que el sector sanitario podría verse afectado, porque es un sector que por ley debe ser un derecho de agua “continuo y seguro, exigidos a veces por la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios como reguardo”.