(Diario Financiero) “Hay que hacer un proyecto distinto para explotar el mismo mineral, el mismo yacimiento, pero de una manera adaptada a los requerimientos que tenemos hoy día”. Con esas palabras, el nuevo ministro de Economía, Jorge Rodríguez, salió a explicar sus dichos sobre minera Dominga, respecto de que “nadie ha matado el proyecto”.
Ayer agregó que “un proyecto que hace caso de las observaciones que le hace la autoridad ambiental y vuelve a insistir en realizarse, puede tener éxito”. De todos modos, fue franco al reconocer que, desde el punto de vista de los tiempos, no hay ninguna posibilidad de que la actual administración vuelva a tomar una decisión respecto de él.
Los dichos le valieron una suerte de réplica desde el mismo gobierno, ya que la ministra vocera, Paula Narváez, salió a cerrar cualquier duda de que se pudiera dar una nueva oportunidad a la iniciativa de Andes Iron, que contempla una inversión de US$ 2.500 millones.
“En lo que al gobierno se refiere, es un proyecto que está cerrado y ha concluido en todas sus etapas que nuestra institucionalidad ambiental considera”, dijo la ministra.
Esto, dado que la minera ya agotó tres de las cinco instancias que pueden pronunciarse sobre un proyecto: el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión que sanciona a nivel regional y el Comité de Ministros, donde en estas dos últimas recibió una negativa. Ahora solo le resta el Tribunal Ambiental de Antofagasta -una vez que salga la resolución oficial de su rechazo- y eventualmente la Corte Suprema.
Pero el tema de fondo que esbozó Rodríguez es compartido en el gobierno: si el proyecto fuera modificado, por ejemplo eliminándose el puerto y aprovechando otras instalaciones existentes en la zona, recibiría el respaldo, dado que la sección minera no tenía reparos.
Eso, sin embargo, no es un trámite necesariamente expedito. Esto, porque en el caso que la empresa decidiera eliminar el puerto, debería presentar de todas formas un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el que como mínimo toma 22 meses en ser tramitado, lo que en casos de iniciativas mineras es más, llegando a cerca de tres años.
Eso, solo para volver a una instancia de votación de la iniciativa, lo que de todos modos no garantizaría su aprobación.
Esto, sin contar que la empresa ya anunció que seguirá la vía judicial para intentar revertir la decisión. Esta tomará al menos un año más en despejarse. Y, en el mejor escenario para ella, volver a una votación en el Comité de Ministros en un nuevo gobierno, que según las encuestas debería ser de Sebastián Piñera.
¿Negociar con Cruz Grande?
Bajo el escenario de que la empresa tuviera que eliminar su puerto y aprovechar otro de la zona, la alternativa de Puerto Cruz Grande, proyecto ideado por CAP y que cuenta con permisos ratificados por el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental, pero que aún espera pronunciamiento de la Corte Suprema, no es una idea del todo nueva.
CAP ha expresado que está abierta a compartir infraestructura, entendiendo que podría ser beneficioso tanto ambiental como económicamente, pero cuando se hizo una propuesta a Andes Iron, ésta no fue acogida bajo la hipótesis de que el uso del Puerto Cruz Grande retrasaría el proceso de aprobación ambiental de Dominga.
En efecto, habían varios problemas de haber impulsado esto en etapas previas de evaluación del proyecto de hierro. Una de ellas es que era un cambio sustancial a la iniciativa, lo que implicaba partir todo desde cero.
Además, hay dudas de si Cruz Grande era lo más óptimo, porque de todos modos la minera tenía que construir plantas de procesamiento de mineral y de abastecimiento de agua de mar, las que no habrían podido ser ubicadas en la instalación de CAP, haciendo necesaria la utilización de otra parte adicional del territorio.
Cercanos a la empresa comentan que hay claridad de que haber impulsado esto tampoco era una carta blanca para la iniciativa, porque no garantizaba terminar con la oposición de algunas organizaciones.
Cruz Grande también ha tenido resistencia en grupos ambientalistas, con la diferencia que la ha sorteado con éxito dada su historia en la zona.
¿Debe existir el Comité de Ministros?
Visiones contrapuestas hay respecto de si debe existir el Comité de Ministros, que busca dirimir disputas respecto de la aprobación o rechazo de proyectos de inversión.
Para Rodrigo Benítez, de Jara Del Favero Abogados, «es difícil tomar decisiones del tipo institucional por un caso particular. Las instituciones existen y el diseño es correcto, lo que no obsta que las personas que la integran puedan actuar bien o mal». A su juicio, un beneficio claro de tener un organismo así es que «tiene un margen de acción bastante importante frente a los proyectos, pudiendo entrar al análisis técnico e incorporar nuevas medidas o exigencias de ser necesario, potestad que incluso ha sido ratificada por la Corte Suprema».
Otra visión es la del Ricardo Irarrázabal, abogado y académico de la UC, quien es partidario de terminar con esta instancia, así como la Comisión de Evaluación Ambiental, dejando a un organismo técnico a cargo de estas decisiones. Incluso, dice, esto ayudaría a los plazos de evaluación, que hoy duran hasta 5 años, lo que es excesivo para que se concrete una inversión. Quitar el Comité ayudaría -dice- en una baja en cerca de un año el trámite de los proyectos. Explica, que cuando surgió esta instancia no existían otros organismos -como los Tribunales Ambientales- que hoy están consolidados.