Mientras que hubo organizaciones que destacaron el aporte a la economía y el empleo que implica el proyecto minero-portuario, hay actores sociales que advierten sobre el impacto ambiental de la iniciativa en el ecosistema.

La autoridad regional, que actualmente no tiene participación en la Comisión de Evaluación Ambiental, saludó a los representantes de la pesca, comunidad de La Higuera y organizaciones medioambientales que se manifestaban contra el proyecto.

“Es una decisión que nos complace, particularmente en el caso de un proyecto que ha vivido tantas vicisitudes en su tramitación, que ya se extiende por casi 8 años”, expresó el líder gremial.

“Creemos en un desarrollo sustentable y un futuro promisorio para los habitantes de La Higuera mediante el trabajo colaborativo de los actores relevantes de región y del país”, aseguró la compañía.

La construcción el mega proyecto portuario minero, cuya tramitación comenzó hace ocho años, ha dividido a la comunidad, entre quienes apoyan el desarrollo económico que implicaría la inversión de US$2.500 millones y la creación de 10 mil empleos en la zona.

Justo al límite del plazo legal, el abogado Diego Lillo, en representación de distintas organizaciones sociales que se oponen a esta inversión. presentó un recurso de casación con el que se busca revertir el fallo de la justicia ambiental que le dio una nueva vida a la iniciativa.

“La sentencia del tribunal ambiental establece inequívocamente que los antecedentes aportados por el titular del proyecto son suficientes y completos”, indicó la compañía.

“Nosotros siempre planteamos como gremio la necesidad de revisar los procedimientos que se habían adoptado en este caso”, sostuvo Diego Hernández, presidente de la gremial.

Este martes se realizaron los alegatos por el caso Dominga en el Primer Tribunal Ambiental, para que este se pronuncie por el fondo.