La necesidad de incrementar la producción de minerales que resultan claves para la masificación de tecnologías limpias, en circunstancias que resulta cada vez más desafiante el desarrollo de nuevos proyectos, es una realidad que el sector minero está procurando afrontar.
Al respecto, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, declara que “yo creo que la cultura de protección ambiental, de seguridad, de no impacto en las comunidades, está creciendo; y, por lo tanto, la normativa es cada vez más exigente. El problema está es que tanta la maraña de permisos, sin que una cabeza organice las categorías de permisos, indique los responsables y acelera los procedimientos, que se ha convertido en un verdadero obstáculo que, más allá de proteger los intereses y cuidados de la comunidad, del medio ambiente y la seguridad de los trabajadores, al no estar organizado con una cabeza, si bien estructurado por nichos de procedimientos, causa efectivamente una serie de tropiezos”.
La autoridad gremial mencionó que “a veces hay ignorancia acerca de cuál es el organismo competente para llevar adelante, ventanillas múltiples, competencias superpuestas de organismos públicos, que hacen definitivamente en convertir en incertezas quién tramita estos permisos”.
En tanto, Andrés López, gerente de Planificación Medioambiental y Ecología (Chile) de Ausenco, recuerda que, debido a su carácter extractivo y gran escala, “la minería es considerada una industria que genera impactos ambientales y sociales significativos, lo que significa que las cuestiones ambientales y sociales han adquirido mayor relevancia con el paso del tiempo, junto con mayores exigencias normativas”.
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