En el panel de Comunidad Cobre: Desafíos de la industria minera en 2022 organizado por Anglo American, donde se abordaron los beneficios de la minería a Chile y la inclusión femenina en la industria entre otros temas, el director ejecutivo de Aprimin, Sergio Hernández se refirió a las propuestas de la Convención Constitucional que giran en torno a la nacionalización y las repercusiones que habrían sobre esta Iniciativa de Norma si se aprobara en el Pleno.
Al respecto, el ejecutivo señaló “imagínense que el fisco tuviera que invertir en la minería si se nacionaliza. Los primeros retornos del capital invertido en un nuevo proyecto o en uno de ampliación se obtienen recién 5 a 10 años después con riesgo, con riesgo por ejemplo de que sea rechazado ambientalmente o por la comunidad. ¿El Estado lo va hacer, esperando retornos para 5 a 10 años después?” enfatizó.
Consecuencias
Asimismo, hizo hincapié en que el pago de indemnizaciones en el caso de una nacionalización minera son muy superiores al presupuesto anual del fisco, lo que vuelve el proceso inviable y conduciría a Chile a tener que responder en tribunales internacionales.
En materia medioambiental, Hernández dijo que a nivel de propuesta gremial pretenden “elevar a nivel constitucional la obligación ambiental, no solo legal, de las responsabilidades mineras; queremos elevar a nivel constitucional la responsabilidad con las comunidades. Esas son innovaciones que progresan para el país”.
Sergio Hernández concluye que “no hay que mirar la minería como fue, sino cómo está siendo, superando sus procesos limpios cada vez más. Miren la minería cómo le está aportando al planeta los minerales esenciales para mitigar y detener el cambio climático. Sin minerales no hay ninguna posibilidad de detener el calentamiento global”. Lo anterior en referencia a la necesidad de minerales como el cobre y el litio en la electromovilidad, energías limpias y sistemas de almacenamiento energético.
Paralelamente, el director hace referencia a la inclusión femenina en la minería exponiendo que hace cinco años las empresas proveedoras tenían un 12% de participación femenina y ahora esa cifra es de 19%, sin considerar aquellas empresas que prestan servicios de alimentación, ya que poseen un 92% de participación femenina.
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