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Fesumin se pronuncia y abre seis interrogantes frente a intención de nacionalizar empresas mineras

La Federación de Supervisores de la Minería Privada, y el Sindicato de Supervisores de Lomas Bayas resaltan que “si el país estatiza la minería deberá disponer de US$ 65 mil millones para compensar a privados y otros US$ 50 mil millones para operar los yacimientos de aquí al 2030”, según calculan diversos analistas privados.

Desde la vereda de la Federación de Supervisores de la Minería Privada, Fesumin, y el Sindicato de Supervisores e Lomas Bayas, compartieron su postura sobre la Iniciativa de Norma aprobada -en general- en la Convención Constituyente de Nacionalización de las Empresas Mineras.

A través de un comunicado público, se señala que “como Supervisores de la Minería Privada del país y agrupados en Sindicatos y Federaciones queremos compartir nuestra reflexión sobre el debate en cuestión, puntualizando que “una decisión sin análisis global puede provocar perjuicios en diferentes ámbitos a nivel país”. Por otro lado, Fesimun plantea interrogantes sobre qué pasaría en caso de aprobarse esta propuesta de norma por el Pleno de la Convención.

El análisis considera una mirada económica, política, medio ambiental y social. De las dos primeras, destacan los siguientes puntos:

Mirada económica

La minería ha sido uno de los motores de desarrollo económico del país desde hace décadas, aportando al PIB con altos porcentajes, sobre todo las regiones mineras ubicadas en el norte de nuestro país, sin dejar de lado aquellas en la zona central, ofreciendo, además de los ingresos destinados al Fisco por conceptos de impuestos, una fuente laboral estable para diferentes personas que se desempeñan directa e indirectamente en el rubro.
La minería abarca una serie de encadenamientos productivos que apalancan un importante grupo de empresas de servicios que apoyan el proceso. Indirectamente, también se beneficia el comercio de las regiones, siendo todos estos factores también beneficiosos para conciudadanos emprendedores.

Estamos de acuerdo que debe haber cambios que permitan distribuir de mejor forma los réditos y lograr una mejor calidad de vida para las y los ciudadanos de Chile, regulando adecuadamente la explotación de nuestros recursos naturales de manera sostenible, pero las propuestas de cambio deben asegurar una estabilidad económica y laboral. Una decisión sin análisis global puede provocar perjuicios en diferentes ámbitos a nivel país.

Mirada política

Paralelamente, se plasman interrogantes departe de Fesumin desde una visión política.

En caso de aprobarse esta propuesta de norma por el Pleno de la Convención, y posteriormente, que el texto constitucional sea aprobado por la ciudadanía y comience a regir en Chile una Constitución Democrática, ya que el texto de la propuesta citada señala que “El Estado tomará posesión inmediata de los bienes… como plazo máximo de un año desde la promulgación…”, queremos plantear las siguientes interrogantes:

* ¿Cuál es el plan de transición que tienen preparado para que todos los trabajadores y trabajadoras privados puedan operar en el modelo propuesto?
* ¿El Estado cuenta con los recursos y capacidades para hacerse cargo de todas las Compañías transnacionales que hoy operan en Chile?
* ¿Qué pasará con las empresas colaboradoras que hoy dependen de la minería privada, con miles de trabajadores y familias?
* ¿Se respetarán los contratos colectivos de todo el sector minero tanto personal propio como empresas colaboradoras?
* ¿Que pasará con las zonas que viven de la minería y con el comercio de estas regiones?
* ¿El Estado cuenta con los recursos económicos para pagar las millonarias indemnizaciones a las Compañías mineras hoy en día?

Finalmente, el comunicado precisa que “si el país estatiza la minería deberá disponer de US$ 65 mil millones para compensar a privados y otros US$ 50 mil millones para operar los yacimientos de aquí al 2030”, calculan diversos analistas privados. La firma legal estadounidense Shearman & Sterling alertó que se podrían violar las obligaciones de Chile, “en virtud de los más de 50 tratados de inversión bilaterales y multilaterales”.
La Federación puntualiza que “como profesionales mineros, creemos que una opción viable para Chile es implementar mayores impuestos, como por ejemplo en los súper ciclos del precio del cobre, y la creación de un Royalty Minero, mediante el cual, el Estado pueda obtener una ganancia justa por la explotación de sus recursos naturales, obteniendo un aporte significativo para implementación de políticas públicas.

Fesumin

Federación de Supervisores de la Minería Privada, agrupa a siete sindicatos de Supervisores de Collahuasi, Anglo American, Caserones, El Peñón, dos de Minera Candelaria y Sierra Gorda, con la representatividad de cerca de 1500 supervisores.

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