(Estrategia) Un documento elaborado por el Instituto Libertad critica los plazos que establece la nueva normativa para emisión para fundiciones de concentrados de cobre y fuentes emisoras de arsénico, señalando que estas no se ajustan a la realidad vivida con otras normativas reguladoras de sectores como el forestal, centrales termoeléctricas, y planes de descontaminación, como el ocurrido en Ventanas.
Es así como el estudio considera que la nueva norma no consideró la importancia que reviste la antigüedad de las fundiciones existentes para adoptarla, puesto que establece que esto se realizará en dos periodos: 3 años para aquellas fuentes que tengan una planta de ácido de doble contacto, y 5 años para aquellas fuentes existentes que no tengan una planta de ácido de doble contacto, plazos considerados “insuficientes” por la entidad.
“Dichos plazos son insuficientes para el desarrollo de los proyectos de inversión necesarios, así como de su período de comisionamiento y puesta en marcha. Esta exigencia de plazos provocará en la práctica una serie de incumplimientos por parte de la Industria, que se traducirán posiblemente en menores niveles de producción, entre otros impactos negativos”, reza el informe.
De esta forma el Instituto Libertad propone “un plazo de ocho años para todas las exigencias y de un año de plazo para las exigencias de medición, monitoreo e informes periódicos a la autoridad. Dichas sugerencias, no consideran las demoras de los proyectos a raíz de posibles retrasos en la obtención de los permisos ambientales, ni la obtención del financiamiento necesario que afectará mayoritariamente a las Empresas del Estado”, reza el documento, el cual sugiere además modificaciones a los artículos 15 y 16 de la nueva norma.