(El Mercurio) La nueva institucionalidad para la inversión extranjera que se diseñará en el país, una vez que se apruebe la reforma tributaria, tendrá un cambio importante: la derogación del decreto ley 600, un mecanismo de transferencia de capitales que asegura a las empresas foráneas que quieran hacer negocios en Chile una serie de beneficios como la invariabilidad en materia de impuestos, garantías para el acceso al mercado cambiario y derechos de no discriminación.
Tanto el Ministerio de Economía como el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) han indicado recientemente que la nueva estrategia para atraer empresas al país se centrará en fortalecer un organismo de promoción, sin la inclusión de mecanismos que reemplacen al DL 600.
Sin embargo, personalidades del ámbito jurídico, gremial y económico llaman a considerar aspectos positivos de dicho instrumento, ya que fortalecería el atractivo de Chile ante las decisiones de los inversionistas internacionales.
En ese sentido, el economista Gonzalo Sanhueza, socio y director de Econsult RS Capital, expone que hay aspectos rescatables, sobre todo, los que tienen un «costo cero» para el Estado.
Uno de los beneficios que se podría mantener, señala, sería el principio de la «no discriminación», el cual garantiza al inversionista extranjero que en el ejercicio de su actividad comercial se le apliquen las mismas leyes y reglamentos a que se someten los competidores locales.
Se podrían considerar también las garantías de acceso al mercado cambiario formal, lo que permite a las empresas foráneas adquirir divisas para remesar por concepto de capital o utilidades.
Respecto a la invariabilidad tributaria que ofrece el DL 600, Sanhueza dice que sí es discutible porque «los países que se van desarrollando tienen que ir cambiando sus sistemas impositivos». Y agrega: «Es más transparente decir (al inversionista) que en esta variable tenemos un historial de cambio».
El ex vicepresidente ejecutivo del CIE, Matías Mori, indica que «sin duda que existen aspectos del DL 600 que pueden ser modernizados y es de esperar que éste sea uno de los focos de atención en la revisión de la institucionalidad».
El protocolo de acuerdo de la reforma tributaria fija la constitución de un Consejo Asesor transversal para que entregue un informe sobre la nueva institucionalidad para la inversión foránea. En esa línea, Mori apunta que dicha instancia considere que «Perú, en los últimos años, ha ganado terreno en inversiones mineras y cuenta con un contrato de inversión extranjera similar al chileno. Si ellos adoptan buenos instrumentos de política pública sería lógico seguir su ejemplo».
Apoyo a la minería
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, destaca que «Chile está en proceso de cambio, y legítimamente sus autoridades pueden plantear -como están haciendo- reformas profundas a la institucionalidad local. Sin embargo, si al mismo tiempo que hace esos fuertes cambios, el país necesita seguir atrayendo grandes volúmenes de inversión extranjera en industrias claves, tiene que otorgar a los inversionistas ciertas estabilidades».
El representante gremial llama a recordar que la industria minera es muy intensiva en capital, que invierte en el largo plazo y que, además, el país enfrenta desafíos de competitividad.
«Tengamos presente también que países como Perú, que compiten con Chile por el desarrollo de proyectos mineros, permiten a los inversionistas extranjeros optar no solo a estabilidad tributaria, sino también a estabilidad de otros estatutos jurídicos relevantes», añade.
«La gran minería, reunida en el Consejo Minero, está disponible para aportar su perspectiva en las instancias intersectoriales que se abran para dar forma a una propuesta al respecto», destaca Villarino.