Por ocho votos a favor y cinco abstenciones, la Comisión de Minería aprobó en general el proyecto que modifica el Código de Minería y otras leyes con el objeto de perfeccionar el sistema de patentes mineras, el cual fue impulsado por el Ejecutivo.
La propuesta busca superar problemas detectados en el régimen legal de amparo minero que protege al titular de una concesión. Este mecanismo, entre otros puntos, garantiza la vigencia de su derecho sobre el terreno a cambio de cumplir con ciertas obligaciones, como el pago de patentes o el desarrollo de trabajos concretos en las faenas.
Según explicó el biministro de Minería y Economía, Daniel Mas, esta propuesta define un nuevo régimen de patentes mineras con los siguientes cambios:
- Elimina requisitos, como son el tope de 500 hectáreas, condiciones de parentesco y tipo societario exigidos para acceder a una patente rebajada.
- Termina con la tabla de cobro progresivo de patente.
- Elimina la obligación de postular anualmente a la patente rebajada.
- Amplía las causales de rebaja, incorporando una nueva causal por exploración.
- Fija que mientras la concesión esté en trámite, se pagará patentes mineras rebajadas.
Además, el Ejecutivo comprometió que, tras la aprobación de la ley, se modificará el reglamento del Código Minero y se trabajará con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) para uniformar criterios de postulación a nivel regional.
Debate del proyecto
El ministro Mas agradeció la aprobación y la celeridad con la cual se tramitó la propuesta. Sostuvo que con este proyecto se logrará certeza jurídica y simplificación; menos barreras para las pymes mineras; se generaría un impulso a la exploración; y proporcionaría beneficios para el Estado y las regiones al expandir la base futura de producción, empleo regional y recaudación estructural sostenible, puntos que también defendió el diputado Ignacio Urcullú.
“Ataca un problema que afecta a los pequeños mineros, que es el remate de las patentes mineras. En este sentido, esta ley viene a dar un poco de aire, tranquilidad y certeza para las inversiones que están haciendo ellos y para que puedan seguir desarrollando esta actividad que es tan importante”, precisó el parlamentario.
Resaltó que se elimina la sucesión por parentesco y confidenció que aún se discute cómo se aplicará el tope de hectáreas para acogerse a los beneficios del régimen. Reconoció también que el sector de la pequeña minería es diverso y que hay algunos reparos que se están conversando en reuniones técnicas. “Trabajamos con mucho esfuerzo para darle tranquilidad a los pequeños mineros”, sentenció.
Críticas
En otra visión, el diputado Bernardo Salinas criticó que se modifique el marco vigente que protege a la pequeña minería y artesanal, respecto de las grandes empresas. Resaltó que el límite de las 500 hectáreas les da un tratamiento especial respecto de las patentes mineras. “Entonces, hoy día, este proyecto lo deja abierto a la libre competencia entre la pequeña, la mediana y la gran empresa”, acotó.
Además, acusó una excesiva simplificación en materia de inscripción. “Basta con un papel que esté en trámite para ser dueño del cerro y, en el día de mañana, eso se va a especular porque se va a poder vender esa patente minera”, evaluó.
Dijo que, si se quiere resolver el tema de las patentes impagas, entonces sería una mejor fórmula presentar una ley corta para resolver dicha problemática.
El presidente de la comisión, diputado Cristián Tapia, informó que el próximo miércoles se va a votar en particular esta propuesta. Mencionó que se espera mantener para las grandes empresas los valores de las patentes mineras, aunque actualizadas, mientras que, para los pequeños y medianos, se retrotraería a lo que era antes del 2022.
Producción de Codelco
En un segundo segmento, se analizó el informe final instruido por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) de Codelco, el cual ratificó la existencia de graves anomalías y desviaciones regulatorias en el reporte de producción de cobre correspondiente al cierre del año 2025, así como sus eventuales efectos y consecuencias.
En el tema participaron las nuevas autoridades de la estatal: el presidente del Directorio, Bernardo Fontaine; y el presidente ejecutivo, Jorge Gómez. Asimismo, expusieron el auditor general, Raúl Puerto; y la directora y presidenta del CACE, Tamara Agnic.
Comunicaron que las conclusiones arrojaron que los materiales no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados y debieron mantenerse registrados como productos en proceso. Además, se identificaron incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas.
Se sostuvo que no se identificaron efectos negativos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados de la Corporación al 31 de diciembre de 2025. Aunque se sostuvo que será necesario recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores.
Finalmente, entre otros antecedentes, se dijo que se instruyó gestionar mecanismos de recuperación y adoptar medidas disciplinarias que consideraron la desvinculación de un ejecutivo y amonestaciones en contra del resto de los profesionales involucrados, así como la revisión de bonos pagados durante 2025 a ejecutivos, supervisores y trabajadores.
El diputado Tapia valoró la presentación y expresó su confianza en la nueva administración. “Jorge Gómez tiene una vasta experiencia en la minería que nos debe llevar, primero, a ir aumentando la producción y proteger a los trabajadores de accidentes”, planteó.
Destacó la decisión de mantener a Codelco como empresa estatal, pero evaluó que debe administrarse como una empresa privada. “Ya basta de los favores políticos que le han hecho mal a Codelco, como le han hecho mal a la Enami también. Así que yo tengo esperanza en esta administración que pueda ser transparente y que todos los errores que se cometieron en los últimos cuatro años se reviertan”, acotó.