A contar de la fecha de la publicación en el Diario Oficial, o periódicos de circulación nacional y/o regional, se comenzará a contar el plazo de 30 días hábiles para solicitar la realización de un proceso de participación ciudadana.

Tres líneas de financiamiento conforman este año la iniciativa comunitaria de la compañía.

Una de sus afirmaciones es que «la discusión que tenemos hoy sobre la mesa tiene que ver con retribución desde la actividad minera.Y esta discusión se da en un contexto muy distinto en que se dieron los procesos de nacionalización».

Se trata de la exploración y posterior extracción de nuevas reservas de hidrocarburos contenidos en los futuros yacimientos del Sub-Bloque Cabaña Oeste, donde se prevé la creación de 500 empleos en la fase de construcción.

El megaproyecto sufriría un retraso de hasta seis meses, y a la fecha, el impacto financiero es de unos US$300 millones.

Este tipo de servicio permite revisar y detectar brechas en la administración y gestión de contratos, y de los procesos generales durante su vigencia, que puedan afectar aspectos comerciales, financieros y/o técnicos.

El monto equivale a 83 proyectos aprobados, según un catastro trimestral realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Totalizó US$32.000 millones, contra US$15.800 millones de igual período de 2019. Además, el número de iniciativas presentadas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pasó de 396 a 519. Lideró el sector eléctrico.

El secretario de Estado explicó que, según el catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital, la inversión en la industria podría llegar a los US$19.802 millones en el quinquenio.