(Emol) Un total de 225 inversiones que totalizan US$ 58.000 millones componen el catastro de iniciativas de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Gobierno. Desde la creación de esta entidad, cuyo objetivo es eliminar los cuellos de botella que enfrentan las inversiones y ayudar a agilizarlas, se han sumado 39 iniciativas a las 186 con que partió la oficina en mayo pasado.
Los proyectos que concentran los mayores montos dentro del grupo corresponden a la industria minera, que según el último reporte captura un 47% del total de la inversión, coincidiendo con la reactivación que se viene viendo en el sector desde mediados de 2017.
En total se trata de inversiones por US$ 27.700 millones para el lapso 2018-2021. Entre estas destacan el proyecto NuevaUnión, de Teck y Goldcorp, y la segunda fase de Quebrada Blanca, también de la canadiense Teck, que en agosto pasado recibió la aprobación de sus estudios ambientales tras un proceso de tres años en el Servicio de Evaluación Ambiental. Hoy se encuentra gestionando autorizaciones sectoriales.
En el listado también aparecen iniciativas correspondientes al grupo Antofagasta Minerals y a la estatal Codelco, que hace un par de semanas dio inicio al trámite ambiental del proyecto Rajo Inca. Con estas obras, la Corporación busca extender la vida útil de la división Salvador en unos 40 años.
En total, en la minería son 48 inversiones a lo largo del país, que en su conjunto aportarán con más de 63 mil puestos de trabajo durante su construcción, a los que se sumarán otros 32 mil empleos directos en la operación.
De este grupo de empresas, varias ya han acudido a la oficina GPS. Las inquietudes apuntan principalmente a los extensos plazos de tramitación y a la gran cantidad de permisos que están involucrados en cada etapa.
A la fecha, y según el registro de la plataforma del lobby del Ministerio de Economía, han sido 55 las empresas que han llegado a las dependencias de dicha cartera para reunirse con las autoridades.
«Existen proyectos mineros y energéticos que tardan más de cuatro años en tramitar todos sus permisos, con más de mil trámites a realizar en más de 20 servicios públicos», explica Juan José Obach, jefe de la oficina GPS. Agrega que también existen inquietudes de los titulares respecto de la disparidad de criterios al momento de evaluar las iniciativas, así como reparos por la falta de sistemas digitales en los procesos de admisibilidad.
Para enfrentar estas necesidades, GPS realiza un despliegue mensual interministerial con una treintena de reuniones con más de 20 instituciones evaluadoras de proyectos para realizar un seguimiento a aquellas iniciativas en tramitación. El trabajo se divide en dos áreas: la de políticas públicas, que se enfoca en los cuellos de botella, y la de problemas estructurales del proceso de aprobación de proyectos para proponer mejoras a nivel normativo o de gestión.
«Buscamos dotar a nuestro país de una institucionalidad eficiente y moderna para la tramitación de proyectos de inversión, que trascienda en el tiempo y que se consolide como un aliado para los inversionistas», comenta Obach.
La oficina GPS ha sido destacada por instituciones y gremios empresariales como Sonami. En esta última apuntan a que con esta iniciativa se contribuye a generar un mejor ambiente para la inversión en general y para la minería en particular. «Para dar un impulso robusto a la inversión, se requiere realizar cambios en nuestra legislación que otorguen mayores grados de certeza jurídica y, junto con ello, agilizar el otorgamiento de permisos y generar una instancia pública que vele por una más expedita tramitación de grandes proyectos, que es precisamente la labor en que está empeñada dicha oficina», afirma Álvaro Merino, gerente de estudios de la Sonami.
Respecto de los demás proyectos que están incluidos en el catastro de GPS, figuran las inversiones de sectores como infraestructura, con unos US$ 11.300 millones, y energéticos, con US$ 10.000 millones. Estos últimos podrían sumar a la matriz energética del país del orden de 7.700 MW.