Durante este 2022, uno de los temas que ha capturado la atención de la industria minera ha sido la discusión de la propuesta de Royalty Minero, indicaron desde el estudio legal Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
Con las últimas indicaciones presentadas a inicios de noviembre, ahora el debate tiene como eje las diferencias entre las cifras presentadas por el Gobierno y aquellas que guardan relación con estudios de consultores y académicos frecuentemente citados por la industria.
La compañía señaló que estas cifras refieren a la carga tributaria total, donde el Gobierno plantea que la tasa efectiva actual es de un 33,4%, alcanzando un 39,8% con las indicaciones recientes, mientras que estudios independientes plantean que la tasa actual está entre 38% y un 40%, llegando incluso sobre el 50% si se aplicaran las últimas indicaciones como están.
Recientemente, un seminario desarrollado por la Facultad de Derecho Universidad de Chile titulado «Proyecto de ley de reforma tributaria«, buscó justamente revisar estas diferencias incluyendo invitados del Gobierno y expertos en tributación minería.
Estuvieron presentes el coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, Nicolás Bohme; el jefe de la División de Estrategia y Políticas Públicas Mineras del Ministerio de Minería, Carlos Silva; y los profesores del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, María Paz Pulgar, Rafael Vergara y Marcelo Olivares.
En entrevista con MINERÍA CHILENA, una de las panelistas de este evento, la abogada experta en Derecho Minero y docente de la Universidad de Chile, María Paz Pulgar, analizó los alcances del nuevo proyecto.
¿En qué consisten las diferencias entre el Gobierno y la industria?
Acá se ha producido una diferencia de opinión bastante significativa en el diagnóstico sobre el punto de partida, por parte del equipo del gobierno y lo que señala la industria. De acuerdo con el Gobierno, la carga tributaria efectiva actual sería de un 33,4%, sin embargo según los cálculos de la industria, alcanza entre el 38%-40%.
Hay una diferencia de al menos cinco puntos porcentuales, lo que es bastante a la hora de calcular las tasas finales con la propuesta. Dependiendo del caso base, veremos una tributación diferente.
¿Qué mejoras existen en las últimas indicaciones?
Podemos destacar que se modificó el componente ad valorem, estableciéndose una tasa única de 1% sobre las ventas, en reemplazo de la tasa progresiva establecida en función del precio del cobre por las indicaciones presentadas por el Ejecutivo en julio. El componente ad valorem es, básicamente, un monto que se paga respecto a las ventas del mineral, con independencia del margen operacional minero o los resultados que haya tenido la compañía minera en el año correspondiente.
El segundo elemento positivo es que ahora para determinar la aplicación o no de este componente se considera el margen operacional minero (esto es, los resultados de las compañías de acuerdo a una fórmula especialmente establecida), lo que en el proyecto anterior no estaba considerado. En aquellos casos en que el margen operacional minero fuera negativo, es decir, los resultados de la compañía de acuerdo a esta fórmula de cálculo, fueran negativos, dicha compañía quedaría exenta del pago de este elemento del tributo.
Además, se excluye a la mediana minería de este pago, la que hubiese sido muy golpeada por este componente. En general, las compañías de tipo mediano suelen tener costos más altos y leyes más bajas que las grandes operaciones mineras, con lo cual son más sensibles al pago de un monto sobre las ventas.
¿Qué elementos todavía faltan por mejorar?
Se mantienen elementos que pueden mermar la competitividad que tiene Chile a nivel internacional como destino de inversiones, lo que eventualmente causaría que nuestro país sea menos atractivo y, en consecuencia, las inversiones mineras prefieran otras jurisdicciones con regulaciones más convenientes.
Si tomamos estudios como el del Fondo Monetario Internacional o el de Deloitte, recientemente dado a conocer, la carga tributaria total actual estaría en el orden del 38% y el 40%. A nivel internacional nos encontramos con una tasa que es cercana al promedio de las tasas que se pagan en Perú, Canadá, Australia y Estados Unidos, nuestros principales países competidores, el que sería del 38%.
Perú tiene actualmente una tasa de aproximadamente de un 40,7%, considerando también las cifras del Fondo Monetario Internacional.
Entonces, si es que partimos de la base que la implementación de este proyecto significaría un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la carga tributaria total actual, estaríamos llegando a tasas de un 48,4% o incluso, de acuerdo a los cálculos de Deloitte, por sobre el 50%. Por lo tanto, quedaríamos 10 puntos porcentuales por sobre Perú y el promedio de los países competidores.
Chile tiene una posición económica y política bastante sólida. Sin embargo, desde el año 2018 a la fecha, nos hemos visto enfrentados a una disminución sistemática y sostenida de nuestros índices de competitividad minera a nivel internacional.
Chile frente al mundo
¿Qué hay de los elementos que mantienen el atractivo de inversión en Chile?
Citando el Informe de Competitividad Minera del Fraser Institute, en solo cinco años, desde 2017 a 202, bajamos de la 6° posición como país más atractivo para la inversión minera a la 31°, donde nos encontramos ahora.
Respecto a la salud de la industria, también tenemos luces de alerta. La producción de cobre está estancada desde 2015. Los yacimientos están envejeciendo, lo que causa la caída de las leyes de mineral y mayores costos de explotación.
También hemos visto en los últimos años una disminución sistemática en los montos destinados a exploraciones. Si bien seguimos siendo el mayor productor de cobre a nivel mundial, hemos bajado nuestra participación del 36% en 2004 al 28%.
¿Cuáles son las ideas centrales para mejorar el proyecto?
Estamos en un momento en que sería conveniente incentivar el desarrollo de la industria minera, de forma de reimpulsar las inversiones en exploración y el desarrollo de nuevos proyectos. Sin embargo, las indicaciones del Ejecutivo -tal como está planteado- van en sentido contrario. No se están dando señales positivas a los inversionistas, nacionales o extranjeros, tanto para aquellos que están pensando en invertir en Chile o quienes buscan aumentar su presencia en Chile.
Aunque en general hay consenso que el escenario actual efectivamente permite aumentar el aporte fiscal de las compañías mineras, es necesario que la propuesta se planteé de forma tal que no ahogue la decisión de inversión.
No podemos dormirnos en los laureles y dar por sentado que Chile seguirá siendo un destino atractivo para las inversiones mineras, especialmente considerando el auge de nuevos competidores. Sin dudas, hay que trabajar en virtud de revitalizar el atractivo minero del país.