Encabezados por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), en la vocería de su presidente Jorge Riesco, ejecutivos de los principales gremios productivos del país: salmonero, agrícola y forestal se reunieron para expresar su preocupación por la implementación de la Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En la oportunidad participaron: Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de Comercio; Arturo Clément, presidente de SalmonChile; Juan José Ronsecco, presidente de Corproa; Dominique Viera, presidenta de Aprimin; Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca; entre otros.
Declaración pública
En la ocasión, Jorge Riesco expresó que “presentamos nuestra profunda preocupación ante la forma en que se están elaborando los reglamentos de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Valoramos que Chile cuente con una legislación que proteja la biodiversidad y reconocemos la importancia del SBAP como instrumento para el desarrollo sostenible. Sin embargo, necesitamos que los reglamentos resguarden el espíritu de la ley, que sean claros, compartidos por todos y que respeten los derechos adquiridos”.
Asimismo, el ejecutivo prosiguió: “El listado de 99 sitios prioritarios propuestos por el Ministerio del Medio Ambiente da cuenta de que se está actuando de manera apresurada, sin ningún análisis técnico y sin escuchar a los sectores productivos involucrados”.
Además, durante la declaración, Riesco exhibió que “resulta inaceptable que se estén afectando actividades previamente autorizadas para el desarrollo productivo, amenazando con transformar una buena política pública en un obstáculo para la reactivación económica y el desarrollo del país”.
En ese contexto, el presidente de Sonami reconoció que “nos preocupa profundamente que, al término de este Gobierno, se firmen apresuradamente decretos de amarre que determinarán el futuro productivo de Chile y que difícilmente se podrán mejorar después. Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Como gremios, nos unimos de manera inédita por este tema para hacer un llamado urgente al Gobierno: extender el plazo de la consulta pública para permitir un análisis técnico profundo de los 99 sitios prioritarios. Diez días hábiles más no son suficientes”.
Del mismo modo, el vocero gremial aseguró que “es necesario contar previamente con el reglamento que exige el artículo 29 de la Ley 21.600, la cual establece los criterios para la determinación de sitios prioritarios. Conformar mesas de trabajo multisectoriales que involucren a todos los sectores productivos afectados, para realizar un trabajo serio y elaborar reglamentos equilibrados”.
A lo anterior, Riesco sostuvo que se debe “garantizar que los reglamentos sean claros, transparentes y respetuosos del espíritu original de la ley, sin extralimitarse en su alcance; asegurar el respeto a los derechos adquiridos y a las actividades económicas preexistentes; y considerar el impacto económico y social de estas decisiones en la reactivación que tanto necesita el país”.
Finalmente, el presidente de Sonami concluyó que “hemos planteado, por todas las vías, que estamos plenamente disponibles para dialogar, aportar con propuestas y antecedentes técnicos que fortalezcan esta discusión. Chile puede y debe proteger su biodiversidad sin sacrificar sectores estratégicos para su desarrollo ni truncar las aspiraciones de millones de chilenos”.
Visión de los gremios
Para Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el mensaje es claro: “Todos nosotros abogamos por el crecimiento y desarrollo sostenible. Eso va de la mano con la protección del medio ambiente y el impacto social”.
A ello, la ejecutiva añadió que “vemos con mucha preocupación iniciativas como ésta, que, a través de decretos exentos, están estableciendo sitios prioritarios que son una extensión de áreas protegidas en sectores y áreas que son de derecho privado y donde hay iniciativas de inversión de los rubros”.
En esa línea, Jiménez precisó que “el llamado es a tomar las cosas con el debido tiempo y los procedimientos que presentamos”.
Por otra parte, Dominique Viera, presidenta de Aprimin, afirmó que “nosotros estamos de acuerdo en la protección del medio ambiente. La meta es la misma, el camino es distinto. Hoy, cuando tú cancelas un proyecto, impides que haya desarrollo económico; afectas no solamente a la compañía, sino que a todo el ecosistema de empresas, lo que se refleja en una disminución laboral. Hoy existen tecnologías que permiten proteger, monitorear y cuidar aquello que esta ley busca preservar”.
Por último, en representación de la Región de Atacama, Juan José Ronsecco, presidente de Corproa, contó que “con estas medidas de los sitios prioritarios disminuyen en un 50-60 % el crecimiento y desarrollo de la región. Atacama le puede dar a Chile un impulso para salir del estancamiento económico. Nosotros pedimos que este tema sea consensuado, que se tomen en cuenta la inversión y a las regiones”.