US$ 379 millones se han recaudado por el cobro este tipo de gravamen en pro del medio ambiente desde su implementación en 2017. Sin embargo, la iniciativa tiene como objetivo que las empresas incorporen tecnologías o cambios en sus procesos productivos que disminuyan su contaminación, efecto que hasta la fecha no se percibe de cara a la próxima medición.

La propuesta tiene como objetivo que el mercado cuente con mayor información para evaluar y seleccionar instrumentos financieros de empresas que se ajustan en mejor medida a criterios de inversión sostenible.

Felipe Riesco abordó los desafíos en este campo, y en particular se refirió al proyecto de ley de protección de glaciares que se tramita en el Congreso, en un conversatorio organizado por la Cámara Chileno Australiana de Comercio (Auscham).

Con ello, la iniciativa legal pasará a las comisiones de Medio Ambiente y Minería de la Cámara de Diputados, donde podrá recibir indicaciones durante 30 días a través de la conformación de una mesa técnica.

Las tres firmas son identificadas como las principales emisoras de contaminantes. Gobierno pide bajar emisiones en un plazo de tres años.

Según expertos, es probable que todos los casos en que un Tribunal Ambiental haya establecido un daño significativo al medio ambiente, podrían considerarse como delitos ambientales según el proyecto de Ley del Gobierno.

Previa autorización de la Corte de Apelaciones, la fuerza pública podrá incluso pedir respaldos a las firmas para recabar más información en casos de mayor gravedad.

La posibilidad de un precio de US$90.000 millones anuales les resulta excesivo para hacerlo solas.

En la industria asumen que la autoridad será cada vez más exigente, y aunque en el Ministerio del Medio Ambiente aseguran que no habrá paralizaciones constantes, los privados ya hacen cálculos de eventuales detenciones. Un buque petrolero parado en el mar cuesta entre US$25 mil y US$35 mil diarios y la menor producción de energía puede significar pérdidas de más US$100 mil cada día.