(Pulso) El reloj corre para la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), filial de la gigante minera BHP BIlliton y su primera operación en Chile.
¿La razón?
El plan minero de la minera situada en Tarapacá finaliza en el mes de marzo, y pesar de que la compañía ingresó en julio de 2013 el estudio de impacto ambiental (EIA) de un proyecto de continuidad que permitirá a la mina seguir operando hasta 2023, este todavía no cuenta con el visto bueno de la autoridad ambiental.
Esto, pues el proceso de aprobación del proyecto, que contempla una inversión de US$467 millones, se ha extendido más de la cuenta, superando largamente los 180 días establecidos para tramitar un EIA.
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La compañía ha planteado que de no obtener los permisos antes del agotamiento del plan minero actual, Cerro Colorado deberá iniciar su plan de cierre y bajar la cortina en 2016.
La empresa está hoy a la espera de que las instituciones del Estado con competencia ambiental den a conocer su parecer sobre la segunda Adenda del proyecto, entregada por la compañía en diciembre de 2014.
En este documento, la empresa realizó una serie de aclaraciones y rectificaciones para lograr el permiso del proyecto. Pero de manera adicional, la minera realizó un compromiso con la comunidad con el fin de destrabar la iniciativa: en caso de que la autoridad ambiental dé el visto bueno a la continuidad operacional de Cerro Colorado, la minera propuso dejar de usar sus derechos de agua en 2023 y devolverlos al Estado para que no se vuelvan a usar.
Además, se comprometió a reducir el uso de agua en 10% en los 7 años en que seguirá operando Cerro Colorado, mediante optimizaciones en la eficiencia de sus procesos.
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“Con estas medidas de mitigación Compañía Minera Cerro Colorado busca hacerse cargo del impacto significativo sobre el Sistema del acuífero de Pampa Lagunillas, generado por el Proyecto”, apunta la empresa en su Adenda.
A pesar de los compromisos de buena fe de la minera, el proceso se extendió. Incluso el SEA decretó un aplazamiento de la tramitación hasta fines de febrero como medida provisional para asegurar la correcta aplicación de la consulta indígena en la zona de influencia del proyecto.
No es todo. Algunos servicios públicos solicitaron la entrega de nuevos antecedentes sobre normas de emisión, impacto de la iniciativa sobre acuíferos y bofedales, entre otros aspectos.
A la fecha, el Consejo de Monumentos Nacionales es el único servicio que ha otorgado el permiso sectorial de manera explícita a la compañía que busca extender sus operaciones hasta el 2023.
Los acuerdos
Un punto a favor de la minera es que el SEA, organismo responsable de aplicar la consulta indígena, logró firmar un acuerdo metodológico con las comunidades.
Según esta carta de navegación, la consulta indígena se deberá desarrollar de buena fe y servirá “para respaldar y garantizar el cumplimiento de los eventuales acuerdos que alcancen las partes involucradas en el proceso” apunta el documento. En el acuerdo, el servicio describe algunos de los compromisos de la empresa, como por ejemplo, no alterar la forma de vida de la comunidad, realizar un levantamiento arqueológico, financiar proyectos de investigación y difusión, además de resguardar los recursos hídricos de sus vecinos.