En el marco del proceso constitucional en curso, el Consejo Minero expuso ante la Secretaría de Participación Ciudadana, en su Audiencia Pública designada en la Universidad Andrés Bello, organismo encargado de transmitir las iniciativas civiles para ser debatidas por los consejeros.
En la instancia, que se llevó a cabo el pasado sábado 01 de julio, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, expresó la necesidad de que la normativa constitucional tenga certeza legal, suficiencia y eficiencia, de modo de posibilitar el desarrollo competitivo y sustentable del sector minero.
Según indicó el líder gremial en su presentación, lo anterior deriva de algunas particularidades de la actividad minera, como son sus altas inversiones, los múltiples riesgos a la que está sometida y los extensos plazos para obtener los permisos necesarios para un proyecto minero. Esto se suma a los escenarios fluctuantes durante la operación, lo cual hace que los proyectos nuevos se hagan viables en plazos sobre los 20 años.
“Una regulación adecuada para el sector minero permitirá que Chile se siga beneficiando por muchos años más de los diversos aportes que ha venido haciendo la minería al país durante su historia”, indicó Villarino, dando cuenta que la minería representa un 60% de las exportaciones del país; un 15% de su Producto Interno Bruto, alcanzando el 25% si se incluye su encadenamiento productivo; un 15% de la inversión en Chile; un 12% de los ingresos fiscales; y un 11% del empleo directo e indirecto.
Propuestas
Durante su intervención, el representante del Consejo Minero señaló que “las normas sobre minería contenidas en el Anteproyecto de Nueva Constitución que aprobó la Comisión de Expertos incluyen los elementos y cumplen los requisitos necesarios para una regulación adecuada de la minería a nivel constitucional”.
No obstante, se sugirió “que se declare que la generalidad de las sustancias minerales será concesible, a excepción de las que señale una ley de quórum calificado”.
A su vez, el gremio de la gran minería sugirió ajustes en algunas normas que no son mineras, pero que tienen relación directa con el entorno minero, específicamente en materia laboral, de aguas y de destinación local de impuestos.
En el ámbito laboral, se propone que se consagre la “libertad de trabajo” y la “protección del trabajo decente”, en vez del “derecho al trabajo decente” (como señala el Anteproyecto).
“Esto, debido a que el “derecho al trabajo decente” podría derivar en obligaciones a la contratación por parte del empleador, en reglas de inamovilidad o en restricciones injustificadas al término de las relaciones laborales. Todas estas situaciones podrían terminar perjudicando la capacidad de la economía para generar más y mejores puestos de trabajo”, explicó Villarino.
Asimismo, se sugiere que se garantice el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses laborales (como dice el Anteproyecto), pero añadiendo que ésta debe ser pacífica y en el marco de la negociación colectiva.
Por último, se plantea que el derecho a la negociación colectiva sea ejercido en los términos fijados por una ley de quórum calificado, pues al admitir la negociación colectiva diversas modalidades, cada una de ellas con significativo impacto en la economía, resulta conveniente precisar el marco concreto que tendrá a través de una norma que requiera un acuerdo más amplio del país.
Por otra parte, en materia de aguas, el Consejo Minero recomienda que se precise que cuando se habla de que las aguas “en todos sus estados” son “bienes nacionales de uso público” (como dice el Anteproyecto), se refiere a las que se encuentran en estado tanto líquido como sólido en su fuente natural.
Al respecto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero expresó que “nuestra precisión trata de evitar que, por una interpretación errada, se pueda llegar a considerar al agua, una vez extraída de su fuente natural, como no susceptible de apropiación, ya que esta interpretación, por ejemplo, dañaría las inversiones de uso en agua de mar, desalinizada o no, que tanto requiere el país para hacer frente a la escasez hídrica actual y futura”.
En cuanto a la destinación local de impuestos, se propone mantener la norma constitucional vigente y cambiar la nueva que propone el Anteproyecto, por una disposición que establezca que la ley deberá fijar que la fracción de la recaudación por tributos a actividades con identificación regional o local, sean destinados a las regiones y comunas donde están ubicadas esas actividades.