(El Mercurio) Nueve meses tendrán las empresas y sus trabajadores para implementar la reforma laboral una vez que esta sea publicada en el Diario Oficial. La discusión del proyecto se retomará la próxima semana en el Senado y podría ser implementada este año si el Congreso lo despacha durante marzo.
A nivel legislativo, las posibilidades de introducir cambios a esta iniciativa se han ido minimizando, luego que la Comisión del Trabajo del Senado objetara las indicaciones presentadas por el Gobierno el mes pasado y que eran relevantes para los empleadores y para un sector de la Nueva Mayoría, encabezado por los senadores Andrés Zaldívar (DC) y Eugenio Tuma (PPD) (ver recuadro).
En el mundo privado están conscientes de que esta reforma se hará sí o sí, y que esta será uno de los cambios más relevantes que ha experimentado el mercado laboral chileno en la última década. Incluso, varios señalan que los efectos de esta regulación serán mayores a los que generó en 2006 la nueva Ley de Subcontratación.
Advierten, además, que en una primera fase de implementación se darán inevitablemente escenarios de mayor conflictividad. Es por eso que tanto empresas como sindicatos se están preparando con medidas concretas para el cambio que se avecina.
“Scanner” a la situación laboral de cada empresa y al rol de cada trabajador
Contar con un diagnóstico detallado y pormenorizado de la situación laboral de su empresa es lo que están solicitando muchas gerencias de recursos humanos, y en algunas situaciones, los propios directorios a sus firmas auditoras, como es el caso de PwC, EY, Deloitte y KPMG.
Esto, porque parte de los servicios que ofrecen estas últimas son las consultorías laborales.
Mauricio Peñaloza, socio de EY, explica que se trata de diagnósticos completos en los que se abordan temas desde niveles de renta de sus trabajadores respecto de la competencia hasta el tipo de relación de ese empleador con sus sindicatos, pasando por el “poder real” de los sindicatos en esa empresa, es decir, si son fuertes o tienen poca representatividad.
Mónica Fernández, socia de Deloitte, agrega que se están haciendo también revisiones de eventuales incumplimientos legales que estén cometiendo las empresas. La recomendación es solucionar a la brevedad esos aspectos, para que estos no sean parte del petitorio de las próximas negociaciones colectivas.
“El objetivo es que cualquier incumplimiento esté completamente saldado; pues si estos problemas persisten, eso complicará las negociaciones a futuro y los costos de una huelga serán muy altos”, señala la abogada.
Otra medida que están tomando las empresas es la elaboración de catálogos sobre las funciones de cada trabajador. Esto, para tener claro qué pueden y qué no pueden hacer estos, según sus contratos.
Adelantar convenios colectivos y nuevos beneficios
Principalmente, en las empresas en las que no existe actualmente un sindicato y solo hay un grupo negociador, varios empleadores han evaluado adelantar la negociación colectiva y suscribir un convenio colectivo por cuatro años, que es el máximo legal permitido.
“Así, teóricamente, asegurarían cuatro años de paz colectiva. Aunque nada impide que se forme un sindicato, ese convenio claramente puede ser un desincentivo, pues hasta ahora lo ha sido”, señala Michel Laurie, senior manager de servicios laborales de PwC.
En la otra vereda, varios sindicatos se oponen a este tipo de medidas. De hecho, una de las instrucciones que desde estas cúpulas han emanado a sus bases es bloquear cualquier intento de las empresas por adelantar procesos de negociación colectiva, pues, señalan, la negociación colectiva adelantada se da en un contexto desregulado, sin derecho a huelga y sin fuero. Pero además, porque la recomendación es negociar los futuros contratos con la reforma laboral implementada y poner en práctica las nuevas herramientas de negociación.
“Sabemos que hay una fuerte presión de los empleadores para evitarse conflictos posteriores (a la aprobación de la reforma), pero no estamos por adelantar nada”, advierte el presidente de la Federación de Sindicatos de Ripley, Leandro Cortez.
Otra iniciativa que las empresas están estudiando es implementar beneficios asociados a productividad y utilidades.
El análisis es que aquellas empresas en las que los trabajadores ven que una paralización podría afectar su bolsillo -pues una huelga prolongada genera una merma en los bonos- son menos proclives a apoyar una paralización dentro de la compañía, es decir, los propios trabajadores funcionan como “catalizadores” de los trabajadores o dirigentes sindicales más radicales, explica Laurie.
Empoderamiento de las áreas de Recursos Humanos
Empoderar a los departamentos o gerencias de Recursos Humanos (RR.HH) fortaleciendo tanto el área legal, como también las focalizadas en litigios judiciales y en estrategias de negociación, es una práctica que se ha intensificado en los últimos meses por parte de las empresas, mientras otras lo están estudiando.
Juan Pablo Mesías, director de servicios laborales de KPMG, explica que la comunicación efectiva, la empatía y el envío de señales de confianza entre las partes que deberán negociar en el nuevo esquema laboral son un tema muy relevante. Es por eso que los expertos anticipan que el involucramiento de los profesionales con experiencia en estrategias de negociación irá tomando fuerza en la medida que la reforma se apruebe.
Hasta ahora, han sido principalmente abogados los que han prestado a las empresas este tipo de servicios, pero se prevé que en la medida en que la reforma laboral avance y se vayan socializando sus contenidos, las empresas involucrarán también a expertos en comunicación efectiva, psicólogos e ingenieros, para contar con equipos multidisciplinarios en estrategias de negociación.
A nivel de litigios, también hay consenso en que se requerirá de más profesionales, pues el diagnóstico que comparten tanto empresas como sindicatos es que muchos temas de la reforma laboral terminarán discutiéndose en tribunales. “Se va a encarecer la acción sindical, porque todas las negociaciones colectivas van a terminar en juicios”, indica Leandro Cortez, quien sostiene que una de las primeras conclusiones a las que han llegado las organizaciones sindicales es que los abogados laboralistas serán los “grandes ganadores” con los cambios que se están proponiendo, y no los trabajadores. Esto, porque cada uno de los nuevos derechos que incorpora la reforma podrán ser debatidos en tribunales.
Los litigios que abriría la adecuación de funciones
Un tema concreto que se convertirá en una fuente de litigios será el concepto de adecuación de funciones que formó parte de las últimas indicaciones del Gobierno y que fue modificado en la Comisión de Trabajo del Senado.
¿La razón? La propuesta del Gobierno daba al empleador la opción de hacer las adecuaciones necesarias, incluidos los turnos; por ende, “entregaba un mayor espacio a las empresas para enfrentar una huelga”, explica Marcelo Soto, abogado de UH&C. Sin embargo, esta idea no prosperó. Además, se eliminó la garantía de que esta medida no fuera considerada una práctica desleal, ambigüedad que abre espacios para que a futuro sean los jueces quienes diriman sobre la pertinencia de la adecuación de trabajadores y si esta es una práctica desleal o no.
 Sindicatos nivelan conocimientos de trabajadores con seminarios y debates
Los sindicatos también se preparan para enfrentar la reforma laboral, organizando seminarios y debates, en los que han surgido más críticas que apoyos a la iniciativa del Gobierno.
El encargado del Departamento de Negociaciones Colectivas de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Esteban Hidalgo, señala que los sindicatos se han ido preparando para enfrentar los efectos de la reforma a través de encuentros organizados bajo el alero del Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical, constituido por más de 200 sindicatos.
La actividad más reciente ocurrió el 21 de diciembre y en ella se presentaron una serie de propuestas para abordar la reforma y oponerse a sus efectos no deseados, como los pactos de adaptabilidad.
El 24 de octubre, la Comisión del Trabajo del Senado aprobó la idea de implementar pactos de adaptabilidad al interior de las empresas. Esta herramienta abriría la posibilidad de que trabajadores y empleadores negocien jornadas de trabajo distintas a las actuales, según las necesidades productivas de la empresa.
El Código del Trabajo establece límites rígidos al respecto: máximo de ocho horas diarias y un máximo de 45 horas semanales, distribuidas en no más de seis días ni menos de cinco.
“Se ha hecho ver (a los trabajadores), que más allá de lo que diga la reforma, la jornada no puede ir más allá de las ocho horas diarias, que no se pueden hacer más de dos horas extras al día y que el día libre al cabo del sexto día trabajado no es negociable”, afirma Esteban Hidalgo, encargado de Negociación Colectiva de la CGT.
Entre enero y febrero, señala el dirigente, la Escuela de Formación Sindical de la organización se dedicará 100% del tiempo a abordar la reforma laboral.
Las indicaciones que no prosperaron y las opciones que surgen en el Senado
Las dos indicaciones relevantes para las empresas que impugnó la Comisión del Trabajo del Senado fueron la adecuación de funciones y la posibilidad de que la huelga de una empresa contratista o subcontratista no afecte las facultades de administración de la empresa principal, de tal manera que esta última pudiera requerir esos servicios a otra empresa.
Esta última indicación fue rechazada de plano, mientras que la primera redujo su alcance. La propuesta del Ejecutivo señalaba que en caso de huelga el empleador podría hacer adecuaciones necesarias con sus trabajadores que no estaban movilizados, incluidos los turnos. Y, además, planteó que esta medida no sería considerada una práctica desleal. Sin embargo, los senadores de la Nueva Mayoría que integran la Comisión de Trabajo expresaron su negativa a esta idea y, finalmente, lo que salió de la instancia legislativa fue diferente: los empleadores solo podrán adecuar turnos y se eliminó el párrafo que garantizaba que este tipo de acción no era una práctica desleal.
Lo que resta ahora es ver qué pasa en la Sala del Senado. Una opción es que se reponga el texto original del Gobierno, pues hay dudas sobre la constitucionalidad de los cambios que se realizaron en la Comisión de Trabajo, y, de hecho, este es un tema que está analizando plantear en la Sala de Senado el senador RN Andrés Allamand.
Otro camino es reponer derechamente la indicación y lo que el Ejecutivo ha estado estudiando es insistir con la fórmula de adecuación de funciones en el Senado.