(El Mercurio) Como en una guerra de posiciones, en que los ejércitos mantienen líneas estáticas y avanzan unos pocos metros por cada batalla. Así es como se ha desarrollado hasta ahora la discusión del proyecto de reforma laboral: un día la izquierda de la Nueva Mayoría parece imponer sus términos para mantener la iniciativa, tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados. Pero al otro, la balanza vuelve a inclinarse a favor de los que empujan incorporar matices.
Tanto es así, que la iniciativa ya cumplió once meses en el Congreso y su despacho ya no será este año. Algunos incluso dudan de que esto ocurra en enero de 2016 y advierten que el debate se prolongaría más allá de marzo.
¿A qué obedece la dilación? La versión oficial atribuye las sucesivas postergaciones a que los debates legislativos del Presupuesto 2016 y del reajuste del sector público han copado la agenda. Sin embargo, la explicación no oficial es que el Gobierno no ha logrado unificar posiciones entre los senadores de la Nueva Mayoría, respecto del paquete de indicaciones anunciado en septiembre y que apunta a matizar la iniciativa en sus aspectos más complejos: reemplazo en huelga, titularidad sindical, extensión de beneficios y tratamiento especial para las pymes.
Nace otra bancada pro pyme
Si bien el proyecto -tal como se encuentra hoy- tiene apoyos mayoritarios en las comisiones de Trabajo de la Cámara y del Senado, la irrupción de la bancada de senadores pro pyme llevó la discusión a otras esferas. El apoyo de parlamentarios influyentes de la Nueva Mayoría en materias económicas -como es el caso de Andrés Zaldívar (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD)- a las demandas de esa bancada ha inclinado la balanza hacia la moderación.
En el PS comentan que, luego del descuelgue casi total del PPD -con la excepción de Adriana Muñoz, que se mantiene firme en la idea de no alterar el proyecto-, es casi un hecho que las indicaciones recogerán las propuestas de la bancada de senadores pro pyme.
A esto se sumó un nuevo ingrediente esta semana: un grupo de diputados presentó una nueva bancada para defender a las pymes conformada por los diputados Maya Fernández (PS), Roberto Poblete (independiente), José Manuel Edwards (RN), Jaime Bellolio (UDI), Enrique van Rysselberghe (UDI), Sergio Espejo (DC), Joaquín Godoy (independiente), Fuad Chahín (DC), Joaquín Lavín (UDI), Joaquín Tuma (PPD), Felipe Kast (independiente) y Nicolás Monckeberg (RN).
La irrupción de estos congresistas abre un nuevo escenario cuando la reforma regrese a la Cámara de Diputados. Según Chahín, todavía no hay un acuerdo sobre el contenido preciso del proyecto pues la bancada está recién constituida, pero sí hay una posición general: «La reforma laboral tiene que tener una mirada distinta para las pymes», afirma.
Además de la búsqueda de acuerdos para dar un trato especial a las pymes, hay dos razones más que justifican la idea de aplazar la discusión.
Uno, en Hacienda hay cautela sobre la constitucionalidad de algunas propuestas, principalmente las que puedan ir contra la libertad de asociación. Fuentes parlamentarias señalan que el Gobierno ha solicitado informes sobre la constitucionalidad de la extensión de beneficios solo a los trabajadores sindicalizados. Y, dos, aprobado el Presupuesto 2016 y el reajuste del sector público, las energías de la cartera liderada por Rodrigo Valdés pasarán de lleno a los ajustes a la reforma tributaria. Este proyecto ingresará el 7 de diciembre y la instrucción de Hacienda es «hacer todos los esfuerzos» para que esta iniciativa se apruebe antes del receso legislativo de febrero. ¿La razón? Hay varias normas polémicas y que serán modificadas -como el IVA al leasing inmobiliario- que comienzan a operar en enero de este año y el objetivo del Ejecutivo es frenarlas antes de que entren en vigencia.
Borrador propone huelga acotada para empresas con menos de 25 trabajadores
Este paquete de indicaciones es el tercero desde que se presentó el proyecto y tiene distintos grados de avance.
En materia de micro y pequeñas empresas (mipes) es donde se observa el mayor avance. «El Mercurio» tuvo acceso a un borrador en que se describen dos indicaciones que, según parlamentarios y sectores del empresariado, generan mayor consenso. ¿Qué propone ese borrador? Que en empresas con menos de cincuenta trabajadores el quórum para constituir sindicatos se mantenga en un mínimo de ocho personas, pero siempre y cuando esa cifra represente al menos el 50% de la dotación total de la empresa. Con esto, para empresas de ocho a 16 trabajadores, bastaría con una afiliación de ocho personas, pero para una de 30 trabajadores el quórum mínimo sería de 15 personas; el 50% del total.
Para avanzar en esta modificación, el Gobierno ha tenido en cuenta informes que muestran que el quórum promedio para constituir sindicatos en América Latina es de 20 trabajadores y que el quórum de ocho personas que se instauró en Chile a mediados de los 90 fue una respuesta al uso indebido del multi RUT, situación que hoy ya no se justifica, puesto que la legislación vigente prohíbe este uso indebido en procesos de negociación colectiva.
El borrador también propone crear un sistema excepcional de huelga para las empresas con menos de 25 trabajadores para que estos procesos duren como máximo cinco días.
Uno de los principales articuladores de estas propuestas ha sido el senador Eugenio Tuma, quien durante los últimos días ha tratado de convencer a los gremios que representan a las pymes -la Conapyme y la Multigremial- de renunciar a algunas de sus demandas y focalizarse en defender a las micro y pequeñas empresas (hasta 49 trabajadores), aun cuando eso implique dejar afuera del acuerdo a las medianas (entre 50 y 199 trabajadores). Solo de este modo, señalan desde el Gobierno, la izquierda de la Nueva Mayoría estaría dispuesta a llegar a un acuerdo sin generar un quiebre con la CUT.
La Conapyme ha apoyado la idea de transar en ese aspecto, pero la Multigremial mantiene inalterada su demanda de elevar el quórum para crear sindicatos. «No nos movemos de 25 trabajadores. Las microempresas nunca han estado en debate, porque tienen en promedio 1,7 trabajadores. Las medianas dan el 25% del empleo asalariado y ahí se requieren excepciones», dice Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial.
Carlos Boada, asesor de la Conapyme, indica que si se van a excluir las medianas empresas, como lo establece el nuevo borrador, al Gobierno y a los parlamentarios no les queda otro camino que no sea cumplir el compromiso con las micro y pequeñas empresas.
Gobierno evalúa exigir representatividad a sindicatos
Las mayores aprensiones en torno a las indicaciones están en tres puntos: reemplazo en huelga, titularidad sindical y extensión de beneficios. Pero pese a las posturas distantes, en los últimos días se han logrado avances.
Una idea que ha ido tomando fuerza entre parlamentarios y Gobierno es que la extensión de beneficios para los trabajadores no sindicalizados sea por acuerdo entre las partes -de modo que ni el empleador ni el sindicato tengan derecho a veto por sí solos- y que, si no hay acuerdo, los beneficios se extiendan al cabo de seis meses para los empleados no sindicalizados. Además, esta extensión solo abarcaría el reajuste de remuneraciones, pero no bonos por fin de conflicto, que estarían reservados para los que participen de la negociación.
El Gobierno también ha evaluado exigir a los sindicatos tener una representatividad mínima para poder incidir en la extensión de beneficios.
Finalmente, el Gobierno está analizando que los trabajadores no sindicalizados que quieran acceder a los beneficios de la negociación colectiva paguen el 100% de la cuota sindical y no el 75% como ocurre con la legislación vigente.
CUT buscaría máximo reclutamiento en pocos años
Fuentes del Senado indican que la extensión de beneficios es más importante incluso que el tema del reemplazo interno: «Obtener el monopolio de los derechos negociados es el objetivo de la CUT, porque con esa norma obtendrían el máximo reclutamiento sindical posible en muy pocos años», argumentan.
En materia de sustitución de trabajadores en huelga, una de las ideas que se barajan es establecer un mecanismo para que, en la víspera de una negociación colectiva, el empleador pueda pactar cambios limitados de funciones con los trabajadores no sindicalizados: «Se ha planteado que los empleados de un local puedan moverse a otro dentro de la misma ciudad. Si el derecho a huelga es de una empresa, ¿cuál es el problema de que un grupo de trabajadores, con beneficios negociados a priori, puedan ir a trabajar del Jumbo del Costanera Center al del Alto Las Condes?», señala un conocedor de las negociaciones.
Otra alternativa sobre la mesa es eliminar el concepto «puestos del trabajo» presente en el artículo 347 del proyecto de reforma laboral. Si se materializa el ajuste en esta disposición implicaría reconocer indirectamente el derecho de los trabajadores no sindicalizados a trabajar en períodos de huelga.
EL GOBIERNO ha evaluado aspectos constitucionales del proyecto, como no afectar la libertad de asociación.
 Izquierda pierde mayoría en el Senado con la irrupción de la bancada pro pyme
La reforma laboral no era parte de los proyectos estructurales del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. Dentro de esa denominación, solo figuraban las reformas tributaria, educacional y constitucional. Fue la directiva de la CUT y un sector del PS, liderado por el diputado Osvaldo Andrade, quienes instalaron la idea de que la cuarta reforma estructural debía ser una que fortaleciera a los sindicatos.
Fue por eso que a fines de 2014 el Ejecutivo presentó una iniciativa que a su juicio «uniría» a la Nueva Mayoría.
«Yo diría, con certeza, que hubo una coincidencia total de intereses y alcances de los partidos de la Nueva Mayoría», señaló el 4 de enero del presente año la entonces ministra del Trabajo, Javiera Blanco, respecto a este proyecto.
Pero el cálculo falló, y en el empresariado han aumentado las expectativas de que las indicaciones recogerán, al menos, una parte de las propuestas que se han presentado para proteger a las micro y pequeñas empresas: «El acuerdo pro pyme generó una alianza más amplia, rompió con la lógica de que la oposición era solo de la DC y, hace una semana, el Gobierno se dio cuenta de que no tenía los votos para sacar el proyecto como salió de la Cámara de Diputados», señalan en el empresariado.
A nivel privado y en la Alianza ven con buenos ojos que esta nueva correlación de fuerzas en el Senado haya permitido discutir los efectos de la reforma con más profundidad:
«Las cosas hay que hacerlas bien, y el debate de las últimas semanas ha permitido discutir con más serenidad», señala el abogado Héctor Humeres, quien integra la comisión laboral de la CPC.
«Lo correcto es que se haya dado más plazo a la discusión. Era lo más sensato para no repetir lo ocurrido con la reforma tributaria», señala el abogado y asesor de RN, Marcelo Soto.
En el sector privado destacan que, durante las últimas semanas, el ministro Valdés se ha visto más protagónico en esta materia y que ha tomado las «riendas del debate», afirman.