Este jueves se realizó la segunda charla de capacitación SMA-AIPEF para abordar distintos aspectos de la normativa ambiental aplicable a los proyectos de inversión en las distintas etapas de su ciclo de vida, a cargo de Rubén Verdugo, jefe de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
En la instancia, el profesional comentó que la SMA tiene 17 mil unidades fiscalizables en todo el país y en variadas industrias.
En total, son alrededor de 80 fiscalizadoras y fiscalizadores los que deben atender las inspecciones programadas por año (40% del total) y las que proviene de denuncias o por contingencias ambientales (60%).
Por ello, explicó que hoy la SMA tiene una estrategia de trabajo apunta al uso de tecnología –fiscalización remota, por ejemplo–; la cual permite una mejor gestión de los recursos intentando anticiparse, lo cual también posibilita tener una mirada de contexto para observar los cumplimientos.
También se busca estimular modelos de conformidad ambiental o “compliance” y transparencia por parte de las empresas, agregó, señalando que “la transparencia de los procesos por parte de las empresas es fundamental para eliminar posibles desconfianzas de las comunidades”.
La charla abordó los grandes proyectos y explicó el modelo de Fiscalización Ambiental Estratégica que lleva a cabo la Superintendencia.
En el área minera, dijo, se pueden revisar los posibles impactos por el tipo de proyectos: en el caso de la mina o rajo, la fiscalización se refiere principalmente a la emisión de material particulado, uso de las aguas. En el caso de los tranques de relave, hay 2 ejes fundamentales: fiscalización de la estabilidad física y química. En el área de puerto, donde se embarca la producción, el eje ambiental está en el ambiente acuático, calidad de agua marina, sedimentos y manejo de Material Particulado.
En cuanto a los proyectos energéticos, dio algunos ejemplos respecto al tipo de generación. En el caso de las termoeléctricas, el foco está en la normativa especial asociada a las emisiones, mientras que en el caso de la eólica, la fiscalización se enfoca en los ruidos, los que han sido muy denunciados por las comunidades cercanas; mismo tema que afecta a las líneas de transmisión.
Verdugo explicó que desde que se abrió la posibilidad de denuncias online, hace poco más de un año, estas se han triplicado. El 61% de ellas se relacionan con ruidos y olores molestos, lo que a su juicio, tiene que ver con la falta de planificación territorial de las ciudades y también con que los umbrales de tolerancia de las personas han cambiado en los últimos años.
Finalmente, respecto de los desafíos de la fiscalización de la SMA citó la profundización de la mirada territorial, de la visión de riesgo, el incentivar el compliance y la transparencia de las operaciones, donde la vinculación de las empresas con las comunidades cercanas, se hace crucial en la sustentabilidad de las operaciones.