Proponer fórmulas para mejorar la prevención y resolución de conflictos jurídicos en torno al recurso hídrico es uno de los objetivos del estudio “Conflictividad judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su prevención y resolución”.
Esta investigación fue desarrollada por Daniela Rivera, de la Facultad de Derecho UC; Guillermo Donoso, de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal UC; María Molinos, de la Facultad de Ingeniería UC; y Camilo del Río, del Instituto de Geografía UC, con el fin de compilar, estudiar, caracterizar y sistematizar las controversias resueltas (sentencia definitiva) por tribunales ordinarios superiores de Justicia.
Entre las conclusiones del estudio, destacó el hecho de que se observa un aumento de casos en que interviene la Corte Suprema; hay disparidad de plazos entre los diversos tribunales, generándose una conflictividad muy extensa, lo que acarrea problemas de gestión mientras se llevan a cabo los procesos de resolución; sumado a una falta de uniformidad en el tratamiento y resolución de conflictos, con diferencias formales y sustanciales.
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Ante este escenario, Daniela Rivera explicó que “necesitamos mayor especialización de jueces de tribunales ordinarios de justicia en materia de aguas; y modificaciones normativas respecto a asuntos especialmente conflictivos”.
Junto con ello, se propuso la creación del Consejo de Cuencas, con potestades de prevención y mediación de conflictos, para evitar su judicialización. Para esta iniciativa se requeriría una reforma normativa, aunque inicialmente podría considerar acuerdos voluntarios.
En el marco del estudio se menciona, además, el beneficio de generar un Observatorio de la Conflictividad de Aguas en Chile, de manera de contar con una visión integral de los conflictos, a partir de un trabajo colaborativo entre diversas instituciones, que podría implementarse de manera gradual, sin requerirse un cambio normativo de por medio.
Sustentabilidad y derechos
Posterior a la presentación del estudio, se llevó a cabo un conversatorio, en el cual Cristián Delpiano, ministro presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, expuso que “el agua no es solo un bien sobre el que se pueden detentar ciertos derechos, sino que también es un elemento parte de un ecosistema, que es beneficioso para el ser humano”.
Por su parte, Ulrike Broschek, subgerente de Sustentabilidad de Fundación Chile, aseveró que “existe una sobreexplotación de recursos hídricos en las aguas subterráneas. ¿Cómo lo resolvemos? El modelo australiano parece ser el más correcto: pusieron la prioridad en el consumo humano y los caudales ecológicos”.
Mientras que Óscar Recabarren, de la División Legal de Dirección General de Aguas, manifestó que “las escuelas de Derecho deben considerar la formación en derecho administrativo, derecho de aguas y derecho ambiental. El cauce del derecho de aguas es el derecho administrativo”.