“El gran problema de la intervención de Contraloría es que va a ahogar el probablemente último intento por lograr que Codelco sea una empresa eficiente del Estado”, advierte Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, al analizar el debate que se ha generado por el rol de esa entidad en el control de la cuprífera.
Al respecto, recuerda que en 2010 se aprobó la ley de gobierno corporativo con el objetivo de gestionar Codelco con estándares de sociedad anónima, buscando precisamente superar malas prácticas del pasado. “En los últimos años, en este nuevo marco, se ha intensificado el control interno, avanzando hacia una gestión que inmunice a Codelco de los grupos de poder que quieren seguir ordeñándola”, comenta, en referencia a sectores de diversos ámbitos que han visto a esta empresa “como una vaca lechera”, de la cual extraer recursos.
Guajardo sostiene que si no se quiere seguir dando la oportunidad a este camino y se prefiere, en cambio, que el control sea al ritmo y criterio de la Contraloría, “se generarán efectos que impactarán en la eficiencia de la empresa, los cuales pueden superar por mucho eventuales mejoras en el control vía Contraloría”.
Para graficar su postura, comenta: “Suena muy bien decir que todos los contratos se liciten públicamente, pero ¿puede funcionar eficientemente una compañía minera global en este marco? ¿Gestionan así sus contratos las otras compañías mineras internacionales? La respuesta es claramente no, pues la práctica minera hace mucho mejor para los intereses del propio Estado que en algunos casos se hagan adjudicaciones directas, por nombrar sólo un ejemplo en que lo que busca la Contraloría es contraproducente”.
El experto añade que la incertidumbre generada por la intervención de la Contraloría ya está provocando una parálisis en la toma de decisiones dentro de la empresa, por el temor de sus ejecutivos a que sus actos sean considerados ilícitos “y, aún peor que eso, el daño reputacional de Codelco es severo, todo lo cual hará que sea difícil que los mejores ejecutivos trabajen en la empresa. Esto redundará en que la competitividad de la empresa se vea afectada”, puntualiza.
Juan Carlos Guajardo hace hincapié en que el problema de Codelco no es la falta de control de Contraloría, sino la falta de entendimiento que tiene Chile de cómo gestionar una empresa minera del Estado de manera eficiente y dando garantías a todos. “El nuevo gobierno corporativo del año 2010 puede y debe mejorarse, pero es el único camino para conciliar una empresa pública estatal con estándares de eficiencia y probidad. De no consolidarse esta vía, caben dos opciones: la privatización, para que el interés de uno o más accionistas evite la captura corporativa de grupos de interés, o la lenta agonía hacia una nueva Enacar, al restringirse la gestión de la empresa atándola de pies y manos con cada vez más rasgos de servicio público”, concluye.