El convenio permitirá poner término a la disputa judicial que mantienen desde 2017, mediante un desistimiento fundado en sus estipulaciones y, al mismo tiempo, consolida e incrementa sus avances en probidad.

El grupo de parlamentarios, entre los que se encuentran los senadores Provoste y Girardi, señala que las irregularidades se dan “por presuntas omisiones de etapas esenciales del proceso de evaluación de las propuestas recibidas”. Según dicen, en la primera etapa el consorcio de universidades chilenas lideraba la evaluación.

En 2016 la minera estaba muy por debajo del promedio de la industria en términos de la madurez de sus procesos de abastecimiento -con una nota de 2,1- y este año la medición efectuada por la consultora McKinsey evidenció un salto de cinco décimas, que la dejó por sobre el promedio de sus pares.

Disputa se mantenían luego de que el órgano fiscalizador emitiera el polémico informe 900 en contra de la minera, en el que se cuestionaba la compra de bienes y servicios de parte de la empresa con partes relacionadas.

El Ejecutivo busca desactivar una disputa que arrastra desde hace más de dos años en tribunales. En paralelo, representantes de la estatal asisten hoy a la Cámara por el caso Seguros.

Ministro de Minería, Baldo Prokurica oficializó el ingreso del nuevo proyecto.

El acuerdo es el primero, a nivel regional, que el organismo suscribe con una empresa pública.

A través de su representante en la junta de accionistas de la estatal, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, exige elevar la entrega de información de la compañía.

La Corporación distribuyó un informativo interno con los logros que, a su juicio, se han alcanzado en esta materia y anunció nuevas medidas.