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Barrick busca darle viabilidad a Cerro Casale con recorte de 75% de la inversión

La nueva administración de la minera asegura que un proyecto de menor envergadura le entregará retornos de hasta dos dígitos.

(Pulso) Un intenso proceso de reestructuración está llevando a cabo la minera canadiense Barrick para su mega proyecto de oro, plata y cobre que planea emplazar en la Región de Atacama, Cerro Casale.

Para materializarlo, uno de los escenarios que se estudian es acotar sustantivamente la iniciativa y reducir la inversión proyectada en un 75%.

Según indicó ayer un alto ejecutivo de la canadiense durante el investor day realizado en Nueva York, EE.UU., el equipo de planificación trabaja en las métricas para darle viabilidad a la iniciativa que hasta la última estimación tenía un costo de US$6.000 millones y, en esa línea, una de las opciones que ha cobrado más fuerza es la acotar el tamaño -y la inversión- del proyecto.

Esto fue ratificado en un documento enviado por la compañía a la Securities and Exchange Commission (SEC).

“En Cerro Casale, nuestros planificadores están evaluando un escenario que reduciría el capital inicial en torno al 75%, al tiempo que ofrece retornos de dos dígitos”, se indica.

El proyecto minero -propiedad en un 75% por Barrick y en un 25% por Kinross Gold- fue sacado del portafolio de Barrick luego que en noviembre de 2014 recibiera los resultados de un estudio sobre la rentabilidad. Este aseguraba que no había una alternativa identificable para que la iniciativa obtuviese una tasa de retorno suficiente para su tamaño y complejidad. Lo anterior derivó en una brusca caída en la inversión y una pérdida por deterioro de US$1.467 millones.

No obstante, la nueva administración de la canadiense liderada por John Thornton retomó el proyecto, pero con expectativas muy por debajo de las tenidas en la década pasada cuando se ideó el proyecto.

El proyecto -con RCA aprobada desde 2013-, ha debido enfrentar la oposición de comunidades aledañas al proyecto, que alegaron defectos en el proceso de consulta indígena, así como otros aspectos de la evaluación ambiental. La disputa derivó en el rechazo parcial de las reclamaciones por parte del Comité de Ministros. Tras judicializarse, ahora, se está a la espera de una decisión del Tribunal Ambiental.

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