(Economía y Negocios) El 17 de junio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, intervino durante la votación del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados y abrió una pequeña ventana a la demanda de mayor adaptabilidad que han tratado de impulsar los empresarios: “la adaptabilidad es un elemento importante de cautelar para el balance que necesita este proyecto”, afirmó.
La Cámara hizo eco de las palabras del secretario de Estado y estableció que el quórum mínimo de sindicalización para negociar pactos de adaptabilidad sería de 30%, sin gradualidad, tras rechazar el artículo transitorio del Gobierno, el que señalaba que estos acuerdos podrían negociarse solo en las empresas que contaran con una afiliación sindical de 65% al primer año de promulgada la reforma; 55% en el segundo; 40% el tercer año, y 30% en régimen.
Pese a la rebaja del quórum, un 30% de sindicalización sigue siendo una barrera difícil de sortear no solo para Chile, sino para la mayoría de los países que integran la OCDE.
El promedio de sindicalización en 32 de los 34 países que integran la OCDE es de 16,9% y en Chile, es de 15,3%.
Además, de esos países, solo siete superan el umbral del 30% de sindicalización: Luxemburgo, Italia, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Los 25 restantes están por debajo de ese umbral y, si estuvieran sujetos a normas como las que se están proponiendo para Chile, no podrían negociar pactos de adaptabilidad. Esto dejaría fuera del estándar que se discute en el Congreso chileno a países que son referentes en materia de derechos laborales, como Alemania, Francia y Suiza.
Pese a esto, cercanos al Ministerio del Trabajo han señalado que la norma de 30% no les satisface y que, en el Senado, tratarán de aumentar las exigencias.
Desde la CUT plantean que hay que subirlo a un 75%.
Si se volviera al quórum del texto del Ejecutivo (65% de sindicalización el primer año) solo tres países del mundo desarrollado quedarían sobre el estándar chileno: Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Según Augusto Bruna, presidente de la Comisión Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción, el estándar exigido por el proyecto de ley (30%) permitiría negociar pactos de adaptabilidad solo a los sindicatos de la gran minería y de algunas grandes empresas del sector industrial: “pero donde hay sindicatos chicos, nunca habrá pactos de adaptabilidad”, afirma.
Según el gerente general de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Fernando Alvear, el quórum de 30% sigue siendo muy alto para la economía chilena. Con ese estándar, los pactos de adaptabilidad solo podrían aplicarse en las grandes empresas, donde la sindicalización es del orden de 48%, afirma. “Para las pymes, en cambio, sería un estándar muy alto. Lo peor es que las pymes son las que necesitan más adaptabilidad”, dijo.
Repondrán gradualidad
Hasta ahora, en el Gobierno han definido que repondrán la gradualidad en las cuotas de sindicalización exigidas para concretar los pactos, pero con una nueva fórmula, que se está trabajando a nivel técnico y político. Esto se hará en la nueva etapa del trámite, que parte en la Comisión de Trabajo del Senado la primera semana de julio.
La idea es que el período de la gradualidad no sea de cuatro años, como se propuso en un principio, sino que por una ventana de tiempo más acotada.
Uno de los pedidos reiterados por parte del empresariado es que se elimine la exigencia de un quórum mínimo de sindicalización para pactar la adaptabilidad en la negociación colectiva.
Sin embargo, hasta ahora no ha sido considerado por el Gobierno, pues consideran que debe existir una “contraparte fuerte”, con niveles mínimos de sindicalización.
Como “moneda de cambio”, y buscando equilibrar las demandas de las partes, en el Ejecutivo están evaluando reponer las sanciones a las huelgas ilegales, tal como lo pide el sector privado. Parte de dichas sanciones fueron eliminadas en la Cámara de Diputados, al igual que el término “huelga pacífica”.