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Banca y minería: Financiar proyectos en época de incertidumbre

Cantidad de reservas mineras, número de accionistas controladores de la empresa y prácticas de gobierno corporativo son algunos criterios utilizados por los bancos para otorgar créditos a firmas del rubro.

La caída en el precio de los metales, el encarecimiento de la energía y la aversión al riesgo no solo ocasionó consecuencias adversas en la productividad y resultados de las empresas mineras en Chile y el mundo, también repercutió en la obtención de financiamiento bancario para proyectos mineros.

Pero incluso antes de este panorama el sector financiero ha sido blanco de críticas de parte de representantes de la industria minera, que han demandado una actitud más proactiva hacia esta actividad. La distancia ha tendido a profundizarse en un momento como el actual, marcado por una mayor incertidumbre y el desafío de las compañías de incrementar su productividad.

En este escenario resulta útil conocer los criterios que utilizan los bancos para otorgar financiamiento a los proyectos mineros, y cuáles son las condiciones en que dichos recursos se entregan.

En el Banco de Chile, por ejemplo, explican que recurren a diversos criterios al momento de entregar un crédito a una empresa minera. Entre ellos se encuentran: calidad de los accionistas controladores de la firma, cantidad de reservas probadas y probables, vida útil y calidad de estas, además de la ley del mineral y porcentaje de recuperación de este.

Del mismo modo, consideran la capacidad de producción de la compañía, la tecnología de que dispone y los tipos de proveedores y clientes, incluyendo variables como acceso a mercados internacionales, condiciones de venta, accesos a puertos y energía para producción.

“Una medida muy utilizada en este sector que reúne gran parte de los costos de la empresa es el Cash Cost o costo directo de producción medido en dólares por libra. De esta forma, se puede analizar si una compañía minera es sustentable comparando su cash cost con el precio de venta del cobre”, puntualiza desde la entidad.

Para el gerente Banker Grandes Empresas y Corporativas de CorpBanca, Jorge Ballerino, otro elemento importante es la evaluación a los “sponsors o socios que están detrás de las empresas y su expertise en la industria”. En este sentido, el ejecutivo detalla que en el caso de los créditos estructurados se evalúa el plazo de financiamiento, el cual debe ser inferior a la vida útil de la mina. Del mismo modo, se debe estudiar el aporte de capital de los socios “y que el estatus de las resoluciones medioambientales estén en una etapa avanzada”, afirma.

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Sobre este último aspecto coincide el vicepresidente de Banca Corporativa y Comercial de Scotiabank Chile, Héctor Pérez, quien además clarifica que en esta materia se debe diferenciar entre créditos para expandir una operación minera o financiar un nuevo proyecto, y créditos de capital de trabajo para compañías mineras que ya están operando y lo necesitan para tomar nueva deuda o refinanciarla.

“Nosotros somos un banco minero en Canadá y lo que miramos como relevante son los temas ambientales, es decir, cuán resueltos están y qué riesgos existen. Segundo, la vida remanente que le queda al o los yacimientos, y las reservas probadas que disponga”, detalla Pérez.

El ejecutivo hace ver que Canadá financia mucho a la minería: “Tiene regulaciones que hacen que aquellos que tienen proyectos mineros les sea mucho más fácil acceder a los mercados, porque está todo estandarizado. Si quieres ir a levantar plata, tienes que registrarte, hacer divulgación, entregar información de tus reservas, es decir, existe toda una normativa, cosa que acá en Chile no está reglamentado y, además, la pequeña y mediana minería es muy celosa de esa información”, argumenta.

En el plano latinoamericano, Juan José Rossel, senior investment officer Mining Division, LAC Region del International Finance Corporation (IFC), entidad miembro del Grupo Banco Mundial, manifiesta que los criterios para evaluar financiamientos son similares a los de un banco comercial con un inversionista privado, dependiendo de si es una inversión de capital o un préstamo, respectivamente.

Rossel precisa, asimismo, que se analiza “el ambiente político, regulatorio y tributario de la jurisdicción; calidad moral y respaldo de sus accionistas, que se suman a prácticas de gobierno corporativo, experiencia y capacidad de los directores y gerencia, además de una consistencia de los planes estratégicos y financieros”.

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