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Las razones de los sindicatos que rechazan unirse con Chuquicamata

En 2013, Chuquicamata produjo 339.012 toneladas métricas finas de cobre, con una dotación propia de 6.479 trabajadores. Radomiro Tomic hizo lo mismo, pero con 1.077 trabajadores directos.

(El Mercurio) Inserciones en los medios de comunicación locales, duras acusaciones cruzadas entre dirigentes, reproches por los costos laborales y búsqueda de apoyos políticos entre autoridades de la zona son algunos de los elementos que han salido a relucir en Calama durante las últimas semanas en un duro cruce que protagonizan los sindicados de las divisiones Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral contra sus pares de Chuquicamata.

Estos últimos están impulsando la idea de refundar Codelco Norte como una sola gran división, tal como ocurría hasta 2011. Con esto, las cuatro minas del norte que hoy operan de manera autónoma se fundirían en un solo gran frente -liderado por Chuquicamata-, lo que, según los detractores de la idea, pondría en serio riesgo los proyectos estructurales de los otros yacimientos.

La refundación es una demanda que no contó con el apoyo del directorio saliente de la empresa, pero que durante las últimas semanas recobró fuerza debido al apoyo que habrían conseguido los dirigentes de Chuquicamata de parte de autoridades locales, señalan fuentes de la industria.

¿Qué está detrás de esta disputa? El incierto financiamiento de los proyectos estructurales que Codelco debe ejecutar en los próximos años y la defensa de los puestos de trabajo que dependen de la realización de esos proyectos.

Para desarrollar sus inversiones, Codelco necesita un plan de financiamiento que implica capitalizar US$ 1.200 millones en 2014, seguido de US$ 800 millones cada año para 2015, 2016 y 2017, más un endeudamiento al cierre del 2018 de US$ 16 mil millones. Sin esos dineros, la empresa no podrá ejecutar todos sus planes y los despidos serán inevitables en algunos yacimientos.

“No es una pelea por la plata que va a los bolsillos de los trabajadores, sino por dónde se van a hacer las inversiones y quién pondrá los despidos si los proyectos no se hacen”, revelan los dirigentes, quienes durante las últimas semanas han manifestando su total rechazo a una eventual fusión de estas tres divisiones con Chuquicamata.

Radomiro Tomic, por ejemplo, comenzará su proceso de cierre en 2018, y para seguir operando, la División debería materializar un proyecto estructural, que es una concentradora de sulfuros. Es la opción de continuidad de la mina por los próximos 48 años y tiene un costo de US$ 5 mil millones, considerando una planta desaladora.

“Si nos unimos con Chuquicamata, nos vamos a las pailas. Chuquicamata ya tiene una concentradora, la que se ampliaría, y con eso ya no se haría nuestro proyecto”, dice el presidente del sindicato de esa mina, Erick Condori.

El director de otro de los sindicatos en disputa agrega más antecedentes: “No es que no queramos fusionarnos por los contratos. Lo que pasa es que nos convertiríamos en un anexo de Chuquicamata. Yo ya lo viví como trabajador. Si teníamos que hacer una mantención, teníamos que esperar que ellos vinieran cuando se les antojaba. Lo que ellos quieren es asegurar sus proyectos estructurales y mantener su dotación, aunque tengan el mayor costo de todas las divisiones”, señala.

En 2013, Chuquicamata produjo 339.012 toneladas métricas finas de cobre, con una dotación propia de 6.479 trabajadores, según datos de la compañía. Radomiro Tomic, en cambio, produjo 379.589 toneladas, pero con 1.077 trabajadores directos. El Teniente, en tanto, produjo más de 450 mil toneladas, con 5.064 empleados propios.

El presidente del sindicato Número 1 de Chuquicamata, Hilario Ramírez, desestima las críticas y asegura que la fusión de Codelco Norte no apunta a despotenciar a otras divisiones ni a defender puestos de trabajo de este yacimiento, sino que a garantizar la empleabilidad de todos los trabajadores del distrito y que la compañía siga en manos del Estado.

“El modelo Codelco Norte es una oportunidad para transitar hacia la minería subterránea, seguir exportando cobre refinado (láminas) y no dar lugar a la venta indiscriminada de concentrados (mineral sin refinar). No entienden que la dirigencia sindical tiene un doble rol, que es ocuparse de los derechos de los trabajadores y luchar para que este negocio siga siendo 100% estatal”, dice.

Además, señala que si los trabajadores de Chuquicamata tienen beneficios superiores a los de las divisiones más nuevas, es por el resultado de casi un siglo de movilizaciones y negociaciones.

La menos productiva de todas las divisiones

Entre los años 2010 y 2013, Codelco enfrentó 28 negociaciones colectivas y, en la mayoría, logró sus objetivos: remover de los convenios y contratos colectivos las condiciones que, según la empresa, limitan las facultades de la administración para reducir los costos de explotación. Pero hubo una pared que no logró mover: Chuquicamata.

Los sindicatos de esa división lograron mantener inalterado un esquema de cogobierno en que hasta las medidas más simples, como un cambio de turno, no pueden decidirse libremente por parte de la administración. Tal es así, que si un supervisor modifica el turno de un trabajador sin avisarle con 24 horas de anticipación, debe pagarle 8 horas de tiempo extra: “los directivos se dedican todo el día a discutir con los delegados de los trabajadores”, señalan fuentes de la industria.

La última negociación colectiva en ese yacimiento se cerró en diciembre de 2012 y el convenio suscrito incluyó, entre otros beneficios, un bono de fin de conflicto de $16,8 millones por trabajador. Todo esto, en un contexto en que los costos de producción han subido a causa del alza de las tarifas eléctricas y la persistente caída en la ley del mineral.

Esto se ha traducido en que el excedente que transfiere la corporación al Estado ha decaído. Por ejemplo, cinco años atrás, cuando el cobre se cotizaba a US$ 3,2 por libra, el fisco recibía ingresos de Codelco por el equivalente a 4,6% del PIB. A diciembre de 2012 -con precio incluso mayor (de US$ 3,5 dólares por libra)-, el excedente representó el 1,7% del PIB. Según el convenio colectivo que rige entre 2013 y 2017, los trabajadores de Chuquicamata reciben una decena de bonos al año, gratificación con un tope de 7,92 ingresos mínimos (la ley contempla para el común de los trabajadores chilenos cuatro sueldos mínimos al año); becas para financiar los estudios de los hijos por hasta $2,28 millones, más dos pasajes aéreos para los que estudian afuera de Calama.

Un trabajador de Chuquicamata que tiene dos hijos en la universidad y que tiene un sueldo base de $750 mil mensuales, puede llegar a $2.358.000 si se consideran los bonos y asignaciones que la empresa le entrega, tanto en efectivo como a través de beneficios. Con este ingreso, este empleado se ubicaría en el noveno decil de mayores ingresos en Chile, tomando las cifras de la encuesta Casen 2011.

El Hospital del Cobre no está abierto a la comunidad

Sin embargo, lo que hace la gran diferencia entre los trabajadores de Chuquicamata y los de otras divisiones de la empresa es el sistema de salud. Los costos de la División Chuquicamata se ven incrementados principalmente por la operación del Hospital del Cobre, recinto al que pueden concurrir los trabajadores de ese yacimiento, sus familiares y convivientes.

El costo anual del programa de salud de Chuquicamata es de $6,3 millones por trabajador.

Solo en 2013, Codelco realizó una inversión por US$ 1,7 millones en renovación de equipos médicos y, según los sindicatos de la empresa, este hospital es el único de Calama con capacidad para atender situaciones críticas.

Pese a esto, los calameños cubiertos por Fonasa que no trabajan en Codelco no pueden acceder a este hospital, situación que ha generado fuertes roces entre los sindicatos, la comunidad y la administración de la compañía.

A mediados de 2011, de hecho, el entonces presidente ejecutivo de la corporación, Diego Hernández, se declaró a favor de la apertura a la comunidad del hospital, lo que no cayó bien entre los dirigentes.

“Tenemos una visión bien clara del hospital y está en nuestro contrato colectivo; por lo tanto, no vamos a hablar absolutamente nada del hospital”, aclaró en esa oportunidad Armando Silva, dirigente del Sindicato Número 2.

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