(Diario Financiero) Por 80 días estuvo paralizada una de las dos líneas de fusión que tiene la División Chuquicamata de Codelco, situación que le reportaría un efecto económico importante.
Según dirigentes sindicales, el problema se produjo en el horno flash o de fusión inmediata, el que estaba en mantención programada -que se realiza cada cinco años-, pero que esta vez implicaba además una adecuación para cumplir con la nueva norma de fundiciones que debe estar en pleno régimen en diciembre de 2018.
Aunque anteriormente este proceso se realizaba con personal propio, esta vez la corporación decidió externalizarlo, otorgando el contrato a Outotec, la misma firma que estuvo a cargo del tostador de la división Ministro Hales. Una vez que se cumplieron los 55 días estipulados para la mantención en Chuquicamata, el plazo se extendió 22 días, pero tampoco lograron cumplir la tarea.
Ahí, la administración se contactó con trabajadores internos para revertir la situación y en tres días consiguieron completar la mantención, donde además habrían detectado deficiencias, como la rotura de estructuras, el descuadre y, lo más insólito, que el horno había sido armado al revés.
“Nosotros nos preguntamos por qué utilizar agentes externos, si el personal propio da las garantías y tiene mayor experiencia, para el quemador regular los contratistas pidieron seis días, nosotros lo hacemos en un día y medio”, comentó Freddy Paniagua, director del sindicato N°1 de Chuquicamata.
Impacto económico
Según cálculos realizados por trabajadores, el impacto por la detención de esta línea de fundición por más del tiempo presupuestado, se empinaría por sobre los
US$ 48 millones, considerando que en el período se dejaron de procesar cerca de 68.640 toneladas de cobre, las que se valoran en un promedio de US$ 700 cada una.
Estos montos se suman al desembolso que tuvo que realizar Codelco en el contrato con Outotec, valorado en otros US$ 42 millones (50% en materiales y otro 50% por el servicio), totalizando US$ 90 millones.
“Nosotros creemos que la empresa está privilegiando la venta de concentrados, que es una pérdida enorme para el país porque los subproductos se están yendo gratis, son varios los millones que se pierden, pero no quieren poner fondos para mantener operativa la fundición”, comentó Rolando Milla, director del sindicato N°3 de Chuquicamata.
La situación escaló hasta el Congreso y será fiscalizada en terreno por los diputados de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, quienes además oficiaron a Cochilco, a la junta de accionistas, al presidente del directorio, y al presidente ejecutivo de la estatal, para recabar más detalles del caso y los contratos. Es más, los dirigentes sindicales se reunirán con el contralor de la República, Jorge Bermúdez, para hacerle llegar los antecedentes de la fallida mantención.
De parte de la empresa, apuntaron a que el impacto del conflicto sería menor e incluso aseguraron el costo final del proyecto estaría dentro del presupuesto planificado.
“La solución implementada ha logrado resguardar las metas de producción de la división, que se mantiene en línea con lo planificado, aunque está en análisis el impacto definitivo de este impasse sobre la producción comercial”, dijo Codelco.
Aseguraron que están “estudiando los antecedentes para emprender las acciones judiciales que corresponda contra la empresa responsable”.