Reflexionar sobre derechos humanos, conducta empresarial responsable y minería sostenible, fue uno de los objetivos del conversatorio “Relaciones comunitarias y debida diligencia: ¿Cuál es el rol de las empresas proveedoras?”, que organizó el Ministerio de Minería, y fue patrocinada por la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería de Chile (Aprimin).
La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se enmarcó en el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas que busca realizar seminarios sobre la incorporación de estándares de derechos humanos en el desarrollo de proyectos mineros orientados a actores clave de la minería.
La instancia se inició con las palabras del nuevo subsecretario de Minería, Iván Cheuquelaf, quien aseguró que como Ministerio están muy comprometidos por el desarrollo de una minería más sostenible, con iniciativas como la Política Nacional Minera 2050, y el Plan Más y Mejor Minería, en el marco del proceso de reactivación.
La autoridad manifestó que las empresas proveedoras son un actor fundamental dentro del sector minero, que afronta cada vez nuevos desafíos, haciendo hincapié en que se debe trabajar para que esta industria sea competitiva y sostenible, impulsando el desarrollo económico, social, tecnológico y ambiental.
Sus dichos fueron complementados por Pascual Veiga, presidente de Aprimin, quien expresó que estos esfuerzos están contribuyendo a ser más sostenible el desarrollo del sector minero y sus proveedores, lo que aporta a la legitimidad del sector, destacando el hecho que como actividad esencial, poseen un rol indispensable en el desarrollo del país.
Suministro responsable
En el marco de la actividad, que fue moderada por Fernando Manzur, jefe del Departamento de Participación y Relaciones Comunitarias del Ministerio de Minería, Marcela Paiva, Punto Nacional de Contacto OCDE, se refirió al concepto de debida diligencia, explicando que se trata de un proceso continuo que la empresa puede llevar a cabo para identificar y responder a impactos negativos reales o potenciales relacionados con sus propias operaciones, así como a lo largo de sus cadenas de suministro y relaciones comerciales.
La profesional destacó que este proceso es relevante para las empresas proveedoras de la minería, como herramienta de mejoramiento de la propia gestión; como parte de un proceso de evaluación de riesgos de un socio comercial/cliente; y como actor de interés de socios comerciales/clientes y como actores.
Su presentación fue complementada por la experta en sostenibilidad, derechos humanos y empresas, Karin Eggers, quien expuso que una conducta empresarial responsable debe apuntar a prevenir/mitigar impactos negativos que puedan causar daño a las personas y/o al medioambiente; junto con maximizar los impactos positivos, contribuyendo al desarrollo sostenible, haciendo alusión al concepto de debida diligencia, cuyo principal objetivo es «prevenir las consecuencias negativas -reales o potenciales- sobre las personas”.
La especialista comentó que se espera que las empresas mineras utilicen su influencia para promover que las empresas contratistas asuman estándares de derechos humanos, tomando medidas como: promover el respeto por los DDHH entre sus proveedores y contratistas; exigir la realización de procesos de debida diligencia a sus proveedores; exigir en los contratos de suministro el cumplimiento de estándares de derechos humanos; promover una mejor gestión de los riesgos e impactos negativos en DDHH en proveedores; requerir la adopción de acciones afirmativas que faciliten la inserción de las poblaciones discriminadas; y exigir que las empresas contratistas reparen sus violaciones de derechos humanos.
Mientras que Kathi Müller, gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, comentó que la gestión responsable de la cadena de suministro implica no sólo administrar eficiente y eficazmente los flujos de información, material y personas a lo largo de la cadena, sino también gestionar los riesgos e impactos que se generen tanto en el medio ambiente como en la sociedad, así como estimular buenas prácticas de gobierno a lo largo de toda la cadena.
Además, la gestión sostenible de proveedores permite desarrollar vínculos de largo plazo, transparentes y beneficios compartidos, haciendo hincapié en que «para avanzar en derechos humanos, no es suficiente mirar solamente desde la propia empresa, sino también el impacto que tiene mi actividad en las comunidades cercanas”.
Finalmente, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, manifestó que “tenemos un desafíos como proveedores, como gremio”, como miras al desarrollo sostenible del sector, proceso que también considere la participación de las mineras, la autoridad y demás entidades que son parte de la cadena de valor de la industria.
En esa línea, indicó que la matriz de riesgo de las empresas debe ampliar los conceptos de debida diligencia y el respeto de los derechos humanos.