El pasado 30 de abril, el Primer Tribunal Ambiental escuchó las alegaciones de las partes involucradas, así como del tercero coadyuvante -la empresa Next Mineral S.A.- por la causa Rol R-98-2023, sobre el «Proyecto Minero Comahue».
Argumentos de los reclamantes
La reclamación fue interpuesta por un conjunto de ciudadanos y organizaciones locales de Antofagasta, quienes buscan dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto, argumentando su cercanía a la Reserva Nacional La Chimba y una potencial afectación tanto a esta como a la población circundante.
El abogado Ezio Costa, en representación de los reclamantes, destacó una presunta mala caracterización del área de influencia del proyecto, lo que, según él, conlleva a no considerar ciertos impactos, especialmente en relación con la Reserva Nacional La Chimba.
Costa también manifestó la falta de consideración hacia comunidades cercanas al proyecto, como el Sindicato de Trabajadores Independientes de Agricultura Conicultura Desierto Verde.
Por su parte, la abogada Daniela Cisternas, representando al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), explicó que los reclamantes podrían haber solicitado iniciar un proceso de participación ciudadana para hacer las observaciones pertinentes. Sin embargo, según Cisternas, no se solicitó esta instancia. Además, argumentó que la Reserva Nacional La Chimba no se encuentra dentro del área de influencia del proyecto y que los posibles receptores de contaminantes fueron identificados, destacando que algunos de ellos se desistieron de la acción de reclamación.
En tanto, en representación de Next Minerals S.A., el abogado Ignacio Urrutia, destacó que el proyecto minero es subterráneo y de mediana escala, ubicado en un área altamente intervenida, argumentando que no hay impacto en la salud de las personas ni afectación al patrimonio cultural, ya que no hay población en la zona y el proyecto se encuentra a una distancia considerable de la Reserva Nacional La Chimba.
Inspección personal del sector
El Tribunal decretó una inspección personal del sector, programada para el 30 de mayo del presente año, con el fin de obtener una mejor comprensión del entorno en cuestión y tomar decisiones informadas en el caso.