(El Mercurio) El caso SQM es pródigo en noticias políticas: financiamiento ilegal de campañas políticas, traspaso de dinero a figuras de todo el espectro ideológico y, en las últimas semanas, la acusación de cohecho y soborno en la tramitación relativa a la ley de royalty minero de 2010. En la arena económica, la empresa también da que hablar: renunciaron dos emblemáticos directores, Hernán Büchi y Wolf von Appen; está en una fase clave la venta de casi el 20% de la propiedad, que dejaría a Julio Ponce sin el control de la minera.
Tanto en la compañía como en la industria explican que todas estas novedades están íntimamente relacionadas. Aquí explicamos cómo entender qué está pasando con la minera no metálica.
¿Por qué SQM optó por Argentina?
Este lunes la minera no metálica anunció el ingreso al proyecto de litio Caucharí-Olaroz, en Argentina, de Lithium Americas Corp (LAC). SQM pone US$ 25 millones a cambio del 50% de la propiedad.
Dos razones explican esta decisión. La primera es que es difícil seguir explotando este mineral en Chile, principalmente por el incierto resultado del litigio de Corfo, que data de 2013 y que se resolvería a fines de este año. Corfo y SQM cifran de manera distinta el impacto de terminar el contrato. Para SQM, este pacto representa el 39% de los ingresos totales; para Corfo, entre 60% y 75%. En ningún caso es poco. La facturación de la minera no metálica en 2015 sumó US$ 1.728 millones.
En el escenario de que SQM gane en el arbitraje, Corfo planea impugnar el resultado en tribunales y demandar a la minera por un segundo contrato de arriendo en el Salar de Atacama, hasta ahora no cuestionado, sostienen en la entidad pública.
Si hay un avenimiento y la compañía no metálica paga lo que Corfo reclama -unos US$ 18 millones de indemnización y una cantidad similar en deudas por diferencias en los precios de arriendo- cesando las acciones legales de ambas partes, de todas maneras no hay continuidad en el negocio.
El contrato original, firmado en 1993, estipula un tonelaje total de 180 mil toneladas y dado el ritmo en que SQM ha extraído el litio de la zona de concesión, el volumen pactado se termina en seis años más, hacia el año 2022.
«Ningún gobierno, de ningún sello político, va a extender una concesión a SQM dada su reputación», sostienen en el gobierno. «Ninguno de los actores que se vislumbran como presidenciales, como Sebastián Piñera o Ricardo Lagos o incluso MEO, lo haría», dado el actual escenario, explican cercanos a Corfo.
Pero el litio es un negocio cada vez más rentable. Según información de mercado, si el año pasado la tonelada de carbonato de litio se vendía en China a US$ 4.500-US$ 5 mil, hoy esa misma cantidad se cotiza casi a US$ 12 mil en contratos privados.
Además, se prevé una demanda explosiva a raíz de la masificación de los autos eléctricos, que requieren de baterías de litio para almacenar la energía necesaria para su conducción.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, nuestro país tiene el 18,9% de las reservas mundiales de litio, solo superado por Bolivia, que tiene el 22%, pero que no las explota industrialmente. Después está Argentina (16,4%), Estados Unidos (13,9%), China (13,6%) y Australia (4,3%). Pero es en Chile, y en el desierto de Atacama en particular, donde se puede extraer el mineral al menor costo.
Sin embargo, para competidores de SQM, el anuncio de la minera de incursionar en Argentina no es más que una estrategia para presionar al Gobierno. «El proyecto requiere entre cinco y siete años para su materialización, porque no existe la infraestructura de caminos, electricidad, etc.», señalan en la industria.
SQM sostiene que desde hace cinco año que están explorando otros mercados -incluso han llegado hasta China-, debido a la dificultad de extender la explotación de litio en Chile. Y que el negocio con LAC se viabilizó en octubre, negociaron dos meses hasta firmar un memorándum de entendimiento y desde diciembre a la fecha hicieron el proceso de due diligence y la negociación final. En todo caso, van a estudiar la calidad del yacimiento durante los siguientes 18 meses, para luego ver cuánto se invertirá. Esta inversión en Argentina podría agregar unas 20 mil toneladas de carbonato de litio, que se suman a las actuales 48 mil toneladas que produce SQM en Chile.
SQM intentó extender su contrato por el litio en 2008 y 2014
En 2008, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, SQM intentó extender su contrato para explotar litio en el Salar de Atacama, ampliando la cuota en dos etapas. En una primera fase, se pasaría primero de 180 mil toneladas actuales a 400 mil toneladas y luego a un millón de toneladas, a cambio de repartir las ganancias en partes iguales entre Corfo y SQM. El tema se vio en el Comité del Sistema de Empresas Públicas (SEP), entonces presidido por Mónica Singer y con Alberto Arenas como vicepresidente. El acuerdo no prosperó. En el Gobierno dicen que fue SQM la que desistió, y en la minera aseguran que ellos querían el deal , pero la contraparte no.
Luego, a inicios del 2014, cuando finalizaba el gobierno de Sebastián Piñera, la minera lo intentó nuevamente, ofreciendo hacer una planta de US$ 250 millones en Antofagasta. Fuentes de SQM explican que en esta ocasión se trataba de aprovechar la demanda adicional del mercado por hidróxido de litio para autos eléctricos y estaban dispuestos a hacer la inversión y pagar un arrendamiento adicional (al establecido en el contrato para explotar el Salar de Atacama) para contar con el volumen extra de litio para hacer funcionar esta planta. Pero ya había estallado el caso Cascadas y Corfo había encargado una auditoría, con lo cual la negociación no prosperó.
El impacto por la acusación de cohecho
Otro factor que conmociona a SQM es la investigación por cohecho y soborno que lleva adelante el Ministerio Público. Actualmente, el ex gerente general de la compañía minera Patricio Contesse, así como el ex ministro y ex senador Pablo Longueira, están siendo investigados por esos delitos, tras revelarse correos electrónicos que daban cuenta de conversaciones entre el entonces parlamentario y Contesse, en que este último le sugiere modificaciones a la Ley del Royalty que luego se plasmaron casi letra por letra en la norma final.
Esta nueva arista complicó el ya complejo escenario de SQM. Tanto el Ministerio Público en Chile como la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos pueden investigar y formalizar a la empresa minera, dado que existe la figura de «responsabilidad penal de la persona jurídica». Si la investigación prosigue y hay indicios de que alguien, además de Contesse, estaba involucrado en este vínculo ilegal con la política, puede proceder una imputación. De hecho, según consta en los estados financieros de la compañía, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) ya la demandó por la supuesta comisión de los delitos de cohecho y soborno y de lavado de activos, así como a Patricio de Solminihac como representante legal. Tal acción se extiende a los senadores por la Región de Tarapacá, Jaime Orpis y Fulvio Rossi.
Una acción similar de parte de la SEC no es descabellada. «Bajo la actual investigación podría verificarse el tipo penal contenido en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos bajo la acusación de «bribery», atendido que la fiscalía estaría imputando delito de soborno», dice Stephan Luhrmann, de Grasty, Quintana y Majlis.
Además de la posibilidad de nuevas acciones legales, esta pesquisa ha complicado la venta del paquete que tiene Pampa Calichera, ligada a Julio Ponce, en SQM.
¿Deja Julio Ponce de controlar SQM?
En el mercado hay una gran expectación sobre qué pasará con la venta de la participación de Oro Blanco en Pampa Calichera, ambas sociedades ligadas a Julio Ponce, operación que implica enajenar el 19% de propiedad en SQM.
Este proceso está en manos del Banco Itaú Argentina y en las próximas semanas se conocerá la lista de interesados que presenten una oferta no vinculante. Inicialmente, había casi una docena de potenciales compradores, pero las noticias de acusaciones de cohecho han puesto un manto de incertidumbre sobre cuántas propuestas finalmente se recibirán.
Las declaraciones de Corfo, de que «SQM no es un socio confiable», como ha señalado su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, así como informaciones internas de la entidad en orden a que mientras Ponce tenga alguna participación accionaria en la minera, el Estado de Chile intentará rescindir el contrato, ponen la venta en un callejón sin salida, porque este mensaje desincentiva el interés de terceros.
Aún si se concreta la venta de Pampa Calichera, Julio Ponce mantiene una participación minoritaria a través de las sociedades Potasios y Global Mining. El control de la compañía se logra con un acuerdo con Kowa, que tiene en total el 2,08% de las acciones de SQM.
Y está la cuestión del precio. «Julio Ponce no venderá a cualquier precio», señalan cercanos al empresario. Hoy Pampa tiene un valor bursátil de US$ 1.359,67 millones, por lo que las acciones que tiene Oro Blanco en ella (88,6%) suponen unos US$ 1.206 millones.
Se desata guerra por quién explotará el Salar de Atacama
Chile es el líder mundial en litio: este año producirá el 33% de la oferta mundial, según una presentación de Corfo ante la Cámara de Diputados. Se espera que este porcentaje baje a 24% en 2020 por la «inexistencia de nuevos proyectos en Chile y la puesta en marcha y crecimientos de proyectos en Argentina y Australia», plantea Corfo.
En el país, este mineral lo extraen la chilena SQM y Rockwood, filial de la estadounidense Albemarle. En esa línea, el Gobierno busca cambiar las condiciones para explotar el litio del Salar de Atacama: «No ampliará ni renovará contratos bajo los actuales términos ni a SQM ni a Rockwood».
Con SQM bajo escrutinio, Corfo negoció con Rockwood un nuevo contrato. El actual data de 1980, y establece que la firma no paga ni alquiler ni royalty . En el nuevo acuerdo, dado a conocer en febrero, se fija una inversión en cuatro años de entre US$ 400 millones y US$ 600 millones, para aumentar su producción de carbonato de litio de grado de batería (subiendo de 24 mil a 70 mil toneladas), y desarrollar la tecnología necesaria para producir en Chile cinco mil toneladas de hidróxido de litio del Salar de Atacama.
Rockwood pagará al Estado de Chile recursos adicionales como consecuencia del acuerdo una suma anual que iría entre US$ 70 millones y US$ 100 millones, por royalty minero, impuestos a la renta, comisiones y otros.
En medio de la investigación de las platas políticas, salieron a la luz más informaciones que complicaron la posición de Rockwood ante el Gobierno.
En concreto, en medio de la investigación de platas políticas, el Ministerio Público encontró unas facturas emitidas por el administrador electoral de la campaña de Bachelet, Giorgio Martelli, a la empresa Sociedad de Gestión Ambiental (SGA), ligada a Jaime Solari, hermano del actual presidente de TVN, Ricardo Solari, y quien ha asesorado a la estadounidense Rockwood. Los pagos eran para hacer un taller sobre el litio durante 2013, en el cual expusieron Alejandro Micco (actual subsecretario de Hacienda), Cristián Quinzio (hoy consejero jurídico de Codelco) y expertos de Rockwood. Ninguno de ellos, señalan, recibió honorarios por dicho evento.
Estas revelaciones complicaron a Corfo, que habría pedido a Rockwood que mantuviera al margen de las negociaciones al consultor ambiental Jaime Solari, según cuentan en la corporación. También Corfo solicitó más tiempo para que el acuerdo quedara «a prueba de balas». «Este contrato tiene que estar blindado, porque tiene muchos enemigos», sostiene un conocedor de las negociaciones, quien agrega: «Se oponen a él SQM, el Partido Comunista -que quiere que se estatice el litio-, e incluso algunos miembros de la CChEN (Comisión Chilena de Energía Nuclear)».