Tras el último fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) -el cual determinó que en un plazo de 10 dÃas el Comité de Ministros deberá emitir una nueva resolución sobre el Proyecto Dominga, debido a que la entidad ministerial agregó causales de rechazo improcedentes- Andes Iron manifestó su esperanza en que, en esta ocasión, se cumpla con lo instruido por la justicia ambiental y, finalmente, se reconozca que la discusión técnica sobre nuestro proyecto está concluida, ya que éste cumple cabalmente con la normativa medio ambiental.
“El fallo del 1TA, en la práctica, demuestra un actuar inédito y grave de parte del Comité de Ministros, al negarse a acatar fallos judiciales. Cabe señalar que, el 1TA incluso, deja abierta la posibilidad de imponer medidas coercitivas si el Comité de Ministros persiste en incumplir la sentencia, conforme al artÃculo 240 del Código de Procedimiento Civilâ€, manifestó la empresa.
En esa lÃnea, recordaron que “el Proyecto Dominga ha recibido siempre pronunciamientos favorables en todas las instancias técnicas y judiciales. Asà ocurrió, por ejemplo, durante su proceso de evaluación ambiental, en el cual, tras más de tres años obtuvo un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) favorable (2017), que recomendaba su aprobación. Posteriormente, la justicia ambiental ha emitido cuatro fallos favorables, en los cuales se ha establecido que Dominga cumple cabalmente con la normativa ambiental y que los distintos Comités de Ministros que la han calificado de manera desfavorable han actuado de manera ilegalâ€.
“Solicitamos finalizar el espiral interminable de resquicios para poner trabas ilegÃtimas a la puesta en marcha del Proyecto Dominga, situación que representa una mala práctica que desprestigia a nuestra institucionalidad y genera la postergación de inversiones sostenibles claves para la Región de Coquimboâ€, expresaron desde Andes Iron.
En el intertanto, dado que la sentencia del 1TA restablece la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, la empresa comunicó que procederá a retomar la tramitación de los permisos sectoriales necesarios para poder iniciar su construcción.

