El rol de estas entidades será promover este megaproyecto y abrir espacios para que se presenten alternativas que permitan cubrir una inversión estimada de US$1.700 millones.
Esto luego que la Contraloría General de la República tomara razón de los contratos entre Corfo, Codelco y SQM, lo que permitirá dar continuidad a las operaciones de litio en el Salar de Atacama.
La normativa establece una gradualidad para su puesta en marcha la que permitirá una implementación responsable, considerando las realidades territoriales.
Estas maquinarias fueron adquiridas mediante el convenio de programación con el Gobierno Regional de Antofagasta, con una inversión total de casi $2.000 millones.
Esta causa tiene su origen en una sentencia, que -en febrero de 2019- acogió una reclamación en contra del SEA y le ordenó admitir a trámite la solicitud de revisión de la RCA que aprobó el proyecto.
El documento estimará las emisiones de contaminantes de proyectos evaluados en el SEIA, principalmente de fuentes de combustión y procesos industriales. Su aplicación comenzará tras la publicación de la resolución en marzo de 2026.
