Con un llamado a modernizar la institucionalidad ambiental y reforzar la certeza jurÃdica de las inversiones, la Sociedad Nacional de MinerÃa (Sonami) presentó el estudio “Propuestas para la aplicación de guÃas y criterios del SEA en minerÃaâ€, un análisis que busca mejorar la eficiencia y transparencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El informe, elaborado por el Centro de Estudios y Documentación Minera (CEMS) en colaboración con el Comité de Sustentabilidad de Sonami y el estudio Puga Ortiz, revela que la aplicación de guÃas y criterios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), instrumentos creados para orientar la evaluación ambiental, se ha vuelto en la práctica una exigencia obligatoria, generando sobrecostos de hasta 10.000 UF y retrasos de hasta un año en proyectos mineros.
El estudio propone cinco ejes estratégicos para equilibrar la eficiencia regulatoria con la protección ambiental: certeza y flexibilidad, proporcionalidad, coordinación interinstitucional, control de legalidad y transparencia. Estas medidas, sostiene el documento, buscan transformar las guÃas del SEA en verdaderas herramientas de apoyo técnico y no en barreras administrativas que paralizan proyectos.
«Este trabajo busca aportar evidencia concreta a una discusión que muchas veces se da en abstracto. La aplicación estricta de guÃas y criterios del SEA, que inicialmente fueron concebidos como instrumentos no vinculantes, está generando sobrecostos y demoras en la tramitación de proyectos que no necesariamente se traducen en una mejor evaluación ambiental. Lo que proponemos es recuperar el equilibrio entre rigurosidad técnica y eficiencia regulatoria«, explicó Reinaldo Salazar, gerente de Estudios de Sonami.
El evento incluyó un panel de conversación moderado por Patricio Pinto, gerente de Asuntos Externos de Kinross Chile y presidente del Comité de Sustentabilidad de Sonami, en el que participaron Juan Pablo Johnson, coordinador de Seguimiento de Proyectos del Ministerio de EconomÃa; Javiera Herrera, gerente de Cumplimiento Ambiental de SQM; y Francisco Allendes, abogado socio de Puga Ortiz; quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional y la transparencia del sistema.
El estudio se da a conocer en pleno debate legislativo sobre la reforma “Evaluación Ambiental 2.0â€, actualmente en trámite en el Congreso, y busca aportar con propuestas técnicas que compatibilizan el desarrollo de la minerÃa con los más altos estándares de sustentabilidad.
- Revisa el estudio completo AQUÃ.