(Pulso) La semana comenzó con diversas diligencias del Ministerio Público en el caso SQM. El pasado fin de semana, el fiscal Pablo Norambuena realizó un análisis preliminar de la información contable del periodo 2009-2014 incautada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, desde las oficinas de la minera no metálica. Posteriormente, en la tarde de ayer un miembro del círculo de Julio Ponce, el abogado, Enrique Olivares, llegó a las oficinas del Ministerio Público con el fin de reunirse con el propio Norambuena, además de los fiscales Carlos Gajardo y Emiliano Arias. El ejecutivo llegó a las dependencias de General Mackenna acompañado del abogado Luis Hermosilla y prestó declaración por 2 horas y media.
Esta es la segunda vez que Olivares acude a la Fiscalía, la primera fue la semana pasada, instancia en la cual guardó silencio, al igual que otro cercano al controlador de SQM, el abogado Roberto Guzmán Lyon.
Según fuentes ligadas al proceso, Olivares habría entregado su versión sobre una serie de documentos firmados por él y Patricio Contesse, donde se justificarían pagos a las empresas Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga EIRL, sociedades que participaron en la campaña de Pablo Zalaquett en 2013 y que sirvieron como sustento para que la entidad liderada por Michel Jorrat presentara una querella contra Patricio Contesse y otros ejecutivos de la minera no metálica. Estos documentos fueron remitidos por la compañía al Servicio de Impuestos internos (SII) el pasado 20 de marzo.
De acuerdo a conocedores del caso, esta será la primera de una serie de visitas de ejecutivos de la minera no metálica a la Fiscalía, ya que en los próximos días se definiría un nuevo calendario de citaciones a declarar donde estarían convocados el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, y el ex ejecutivo de la empresa Patricio Contesse. Adicionalmente, en el Ministerio Público consideran contrastar estas declaraciones con los ex representantes de Potash, Wayne Brownlee, Alejandro Montero y José María Eyzaguirre.
Otra pieza clave para el Ministerio Público es el contador Osvaldo Opazo Lira y su esposa Marisol Toro González, por una serie de boletas de 2007, 2009 y 2012, por servicios que nunca habrían prestado a la minera.
Más presión
Mientras tanto, el caso continúa generando atención en EEUU, principalmente entre los tenedores de ADR de la compañía. En la jornada de ayer, una nueva demanda colectiva fue presentada, la cual fue patrocinada por el estudio Howard G. Smith. La acción legal fue interpuesta en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York en representación de inversionistas que compraron acciones entre el 4 de marzo 2014 y el 17 de marzo de 2015.
Al igual que otros recursos legales interpuestos en las últimas semanas, la reciente demanda sostiene que la compañía ligada a Ponce no habría entregado información relevante relativa a los recursos que habrían sido destinados por la firma a financiamiento de campañas electorales.
Asimismo, la acción legal sostiene que la empresa carecía de controles internos adecuados sobre los informes financieros.
[Fiscalía allana oficinas de SQM y minoritarios arremeten contra Julio Ponce]