(La Tercera)
Precio de mercado: la defensa de Pavez
Operaciones hechas a precio de mercado. Ese es uno de los principales cuestionamientos que la SVS está haciendo a las operaciones que entre 2009 y 2011 realizó Julio Ponce y otros tres ejecutivos ligados a las sociedades cascadas, controladoras de la minera no metálica SQM. Y ese punto fue el que el superintendente Carlos Pavez defendió en la última sesión de la comisión investigadora del caso, creada por la Cámara de Diputados. Es que en los últimos días, la tesis de que las operaciones no fueron hechas a precios de mercado ha sido cuestionada por varios expertos y actores del mercado bursátil. En el marco del proceso probatorio que lleva adelante la SVS, ya han asistido 14 testigos, los cuales casi en su totalidad han indicado que no existirían anomalías en las operaciones y que ellas se realizaron a precio de mercado, valor que se determina de acuerdo con la última cotización conocida y no con un promedio, indican. Esa fue, por ejemplo, la declaración que hizo el ex superintendente de la SVS Alvaro Clarke y también de Manuel Martínez, el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS).
El miércoles, Carlos Pavez señaló, sin querer especificar plazos (15, 30 o 60 días), que existe un referente de precios que se tiene en consideración como un mejor exponente de lo que son los precios y que se utiliza, más allá de las investigaciones y los procesos sancionatorios, tanto en procesos como aumento de capital o apertura de sociedades al mercado. “Dado que los precios varían, muchas veces lo que hacen los agentes es decir no tomemos precios específicos, sino que tomemos promedios que se han visto en el mercado. Ese es uno de los elementos que tiene en cuenta la superintendencia para efectos de determinar en su investigación si puede haber existido algún tipo de infracción o si hay indicios de eso”, dijo. Agregó que incluso empresas de las sociedades cascadas, como Oro Blanco y Norte Grande, en hechos esenciales enviados en 2008, se estableció que en sus procesos de aumento de capital, se consideraron precios promedio de las transacciones en el mercado de los últimos 60 o 90 días. “Las mismas compañías son las que habitualmente recurren a estos referentes de precios para establecer los valores a los cuales van a hacer sus colocaciones de aumento de capital o sus aperturas al mercado”, dijo.
Acciones: los procesos contra la SVS
Procesos judiciales por parte de las defensas contra quienes la SVS formuló cargos y que están cuestionando la forma en que la entidad está actuando, es la tendencia que ha marcado el avance del caso cascadas. El mismo Carlos Pavez indicó hace unos días que estos procesos son acciones dilatorias y “funcionales” a que transcurra el tiempo para poder caducar algunas de las operaciones.
Pero en la sesión de la comisión investigadora del miércoles, Pavez indicó que como una muestra de la confianza y de la seriedad con que la SVS hace su trabajo, en los últimos cinco años, más de 90% de las resoluciones de los tribunales de justicia han ratificado los procesos sancionatorios que ha realizado la SVS. “Es una cifra significativa (…) más allá de la complejidad y del aumento importante del monto de operaciones y de los activos que administran las actividades fiscalizadas y los tipos de operaciones que se realizan, la superintendencia ha cumplido, a mi juicio, cabalmente con su función de garantizar la fe pública y la confianza en los mercados a través de su función fiscalizadora, regulatoria y en el ejercicio de sus potestades sancionadoras”, sostuvo.
Uno de los puntos que ha dilatado el avance del proceso probatorio fueron los recursos que presentó Aldo Motta, gerente general de algunas de las sociedades cascada, como Oro Blanco y Calichera, primero, ante la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego, ante el Tribunal Constitucional por ilegalidad en contra de la SVS.
Otro cuestionamiento a la labor de la entidad es la que realizó el propio Ponce Lerou, cuya defensa presentó un oficio a la entidad, reclamando el rechazo a investigar una serie de hitos denominados relevantes para descartar los cargos. También está el proceso que inició Leonidas Vial, socio de LarrainVial, quien también manifestó sus reparos al actuar que ha tenido la SVS y presentó un recurso de ilegalidad contra la entidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Arista penal: sobreseimiento
Septiembre será un mes clave para uno de los puntos relevantes del caso cascadas. A inicios de ese mes está programada la audiencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para revisar la petición de sobreseimiento solicitada por el Ministerio Público, a raíz de la querella interpuesta por Julio Ponce contra el ex superintendente de Valores y Seguros Fernando Coloma, y contra los funcionarios de la entidad Hugo Caneo y Hernán López. Según el fiscal José Morales, las conductas denunciadas no eran constitutivas de delito. Además, señaló que ya se habían realizado todas las diligencias solicitadas por el querellante, quien tiene la facultad de pedir al tribunal la reapertura de la causa si considera que existen pesquisas que se deben realizar.
El sobreseimiento era el final que buscaban los abogados Paula Vial y Mario Vargas, quienes en febrero de este año anticiparon que el proceso buscaba el sobreseimiento definitivo de los funcionarios de la SVS.
A juicio de los abogados, la causa debía cerrarse, ya que no tenía ningún sustento legal. La querella se basó en que las denuncias formuladas a la SVS, ya fuera por Norte Grande o por parte del propio Ponce, habían recibido un trato desigual, versus el tratamiento que se dio a cuestionamientos presentados por terceros en contra del empresario. Además, se cuestionó también que en el informe de formulación de cargos, Coloma detallara las operaciones en las que participó Ponce y personas ligadas a él, pero dejó fuera las transacciones en las que sociedades ligadas al ex Presidente Sebastián Piñera, compraron y vendieron acciones de las cascadas.
Con esto, además, los abogados Vial y Vargas estiman que se dará una fuerte señal al mercado, en el sentido de demostrar que no es una buena estrategia ir tras los fiscalizadores, sin argumentos.
Esta sería la segunda arista penal que podría cerrarse, pues Morales ya había pedido el cierre, sin culpables, de otra investigación por filtración de antecedentes, a raíz de la divulgación de la formulación de cargos dictada por la SVS contra cuatro altos ejecutivos ligados a las sociedades cascada que controlan SQM.
Caducidad: cambiar por prescripción
Un riesgo importante que está corriendo la SVS es la caducidad que pueden tener algunas de las operaciones que están siendo analizadas y que forman parte del esquema estructurado que identificó la SVS en la formulación de cargos. Carlos Pavez reconoció este riesgo en la comisión investigadora de la Cámara Baja, donde indicó que la normativa actual impide sancionar operaciones ejecutadas cuatro años antes. En la última sesión, Pavez destacó entre las necesidades de mejoras regulatorias, la posibilidad de incorporar la figura de prescripción, con el fin de establecer la suspensión o interrupción de los plazos establecidos por ley para llevar adelante las investigaciones. “Hoy estamos sujetos a esta imposición de tener que resolver en un determinado período de tiempo y, en definitiva, nos vemos enfrentados a un riesgo relevante de que no podamos cumplir con la actividad principal o el mandato más importante de un organismo fiscalizador, que es verificar si se han cumplido las distintas disposiciones a las que están sometidas las distintas sociedades fiscalizadas”, dijo el miércoles. Agregó que es necesario poder conjugar de mejor manera “el legítimo derecho que tienen las personas de poder tener un pronunciamiento del órgano fiscalizador en un tiempo prudente, como también generar las condiciones para que se pueda producir ese proceso de investigación y de sanciones con los tiempos que sean necesarios para cada oportunidad, dependiendo de las características de cada uno de los casos”.
Para la SVS, la caducidad se hace más probable por los recursos que se han presentado ante la SVS, Contraloría y tribunales por parte de Julio Ponce, Roberto Guzmán, Aldo Motta y, recientemente, Leonidas Vial.
El papel de la comisión investigadora
El 8 de julio, un nuevo actor entró al caso cascadas. Es la comisión investigadora creada por la Cámara de Diputados y que ya lleva tres sesiones donde el invitado ha sido el superintendente Carlos Pavez. Para este lunes se espera que nuevamente el ex director jurídico de la Superintendencia de Bancos asista a responder las consultas que quedaron pendientes y también se espera la presencia del ex superintendente Fernando Coloma. La comisión busca esclarecer el rol del ex Presi- dente Sebastián Piñera y de su ex subsecretario de Hacienda Julio Dittborn en este caso y también analizar el funcionamiento del mercado de valores.
En la sesión del miércoles, Pavez indicó que es necesario avanzar en el proyecto de comisión de valores, que está en segundo trámite en el Congreso, con el fin de garantizar la independencia de la entidad. “¿Por qué? Porque estos casos relevantes o anteriores como La Polar, han demostrado que el supervisor está expuesto a un gran tipo de presiones y cuestionamientos sobre cuáles podrían haber sido las motivaciones”, tras los procesos de investigación. Agregó que desde el punto de vista personal, “siempre la actuación de la superintendencia ha seguido criterios absolutamente técnicos y nunca, en todos los años en que me desempeñé como jefe de Cumplimiento de Mercado, recibí ningún tipo de presión o sugerencia de llevar adelante un proceso”.
Además, señaló que era necesario otorgarle mayores atribuciones fiscalizadoras a la entidad, sobre todo, en lo relacionado con el levantamiento del secreto bancario y con tener acceso a los registros telefónicos de las operaciones que se estén investigando.