El monto de inversión del proyecto Dominga (Andes Iron), rechazado ambientalmente en marzo de este año, pero actualmente en apelación en el Comité de Ministros, podría variar dependiendo de cuándo se concrete la inversión, señaló Iván Garrido, presidente ejecutivo de la minera.
“La minería es cíclica. Si invirtiéramos ahora podríamos bajar el Capex a US$2.000 millones o US$1.900 millones (de US$2.500 millones), pero si nos seguimos demorando la minería nuevamente va a levantar y subirán los costos”, explicó el ejecutivo en el marco de una presentación realiza en la Universidad de las Américas donde explicó su modelo de negocio.
Garrido reiteró que el proyecto, rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, fue arbitrariamente rechazado pues no se habría considerado el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que recomendaba, desde lo técnico, la aprobación de la iniciativa minero-portuaria.
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Hoy, comentó el CEO de Andes Iron, estamos solicitando que se consideren los expedientes técnicos y se quiten los políticos. Para Garrido, en la actualidad el tema central es cómo salir de la judicialización de los proyectos de inversión, “que no es más que el fracaso de la política. Cuando no logramos ponernos de acuerdo y comenzamos a utilizar a los tribunales para que resuelvan temas de fondo.
La propuesta de Dominga
El modelo de negocio de Andes Iron, explicó Garrido, se basa en mantener el criterio económico, pero sumando el ambiental y el social.
“El lucro es importante, pero hay que incorporar lo social y ambiental en el mismo nivel de la administración, en la idea de compañía. Miren lo que pasó con Pascua Lama, US$4.000 millones enterrados o con El Morro o HidroAysén, donde se maximizaron los excedentes, pero ni siquiera se pudo iniciar el proceso de beneficio y, por lo tanto, no hay retorno. Por eso lo que planteamos es pragmatismo”, aseguró el ejecutivo.
La propuesta planteada por Andes Iron, indicó Garrido, se basa en tres pilares. El primero basado en el concepto de territorio cultural donde los beneficios económicos deben ser transferidos, en parte, a la comunidad, como lo plantea Rockwood Lithium.
“Nosotros proponemos indexarlos (los beneficios) al precio del hierro que, en el caso del proyecto Dominga, representaría entre dos y cuatro millones de dólares anuales por 30 años”, afirmó Garrido.
Un segundo pilar establece la participación activa de las comunidades en la definición de la forma en que se invertían los recursos. Finalmente, comentó Garrido, es importante que lo social y lo ambiental estén, en la admiración de una empresa, al mismo nivel que lo económico.
En lo ambiental, complementó, es relevante la certeza de la información. “Para ir al tema de fondo en lo ambiental la industria minera debería financiar centros de investigación independientes, con gobernancia independiente que generen información vinculante para mejorar de manera significativa nuestras operaciones”, concluyó.