(La Tercera) Comienzan a tomarse las primeras definiciones en relación con la arista penal del caso cascadas. El viernes pasado, la Fiscalía Centro Norte informó su decisión de cerrar una de las investigaciones relacionadas con este caso, que involucra al empresario Julio Ponce, presidente de la minera no metálica SQM y controlador de las sociedades cascadas.
Esta vez se trata de la querella interpuesta por Jorge Bofill, abogado de Ponce, en contra de funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por la supuesta vulneración del deber de reserva, ante la filtración de los cargos y los descargos de su representado, así como también del comunicado de prensa difundido por el regulador.
Tania Sironvalle, fiscal a cargo de esta investigación, informó su decisión de no perseverar en esta causa al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y, junto con ello, solicitó fecha para la audiencia de sobreseimiento del caso. La Unidad de Delitos de Alta Complejidad habría tomado esta determinación, luego de haber realizado todas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores.
La defensa de Ponce presentó esta querella en diciembre de 2013, argumentando que con la filtración de los antecedentes mencionados se habría cometido el delito previsto en el artículo 23 del Decreto Ley Nº 3.583. Este señala que “los empleados o personas que a cualquier título presten servicios en la superintendencia estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las personas o entidades sujetas a la fiscalización de ella, siempre que tales documentos y antecedentes no tengan el carácter de públicos”.
Ahora queda pendiente la determinación que tomará la fiscalía en relación con la querella por prevaricación judicial y administrativa que interpuso Ponce contra funcionarios de la SVS.