(El Mercurio) Una serie de reparos a los llamados «impuestos verdes» incluidos en el proyecto de reforma tributaria -principalmente por el carácter discriminatorio de algunos de ellos-, plantearon las principales ex autoridades del Ministerio del Medio Ambiente del gobierno anterior.
La ex ministra María Ignacia Benítez y el ex subsecretario Rodrigo Benítez expusieron a «El Mercurio» sus cuestionamientos al detalle de las medidas, aunque recalcaron que, en principio, no se oponen al establecimiento de impuestos que incentiven el comportamiento responsable en materia ambiental.
Sin embargo, a juicio de los expertos, en este proyecto se dispone gravar algunas actividades sin que primero se haya pasado por una implementación de normas de emisión básicas. «Si bien el diagnóstico es correcto, y el mecanismo es eficiente para internalizar externalidades ambientales, lo primero sería disponer de normas de emisión que aseguren un nivel aceptable y luego implementar este mecanismo, lo que no ocurre en el caso de las calderas, que hoy carecen de norma de emisión», comentó la ex ministra.
Uno de los puntos de la propuesta de impuestos verdes más cuestionado por ambos es el que establece un gravamen a los vehículos a diésel de menos de dos toneladas de capacidad; esto es, a los automóviles y camionetas que no tienen fines comerciales.
A nivel técnico, el impuesto establece una carga tributaria de 540 UTM dividida por el rendimiento urbano (en kilómetros por litro), lo que en la práctica -según los cálculos de las automotoras- encarecería entre 18% y 30% el costo de importación de estos vehículos.
A juicio de la ex ministra Benítez, esto es «discriminatorio», ya que solo se aplica a un tipo de vehículo a diésel y excluye a otros. El ex subsecretario complementó que el foco se pone precisamente en los modelos a diésel nuevos, que son los que menos contaminan, por incorporar la nueva normativa de emisiones Euro V. «Estos modelos contaminan significativamente menos que los existentes u otro tipo de vehículos, como camiones o buses», dijo la ex autoridad de la cartera.
Ambos coincidieron, además, en que si bien se trata de una idea bien intencionada, es discutible el beneficio ambiental concreto.
Otro de los reparos al proyecto de reforma tributaria se centra en la aplicación de impuestos a las emisiones de fuente fija de más de 50 MW. Esta iniciativa grava las emisiones de material particulado (PM), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO {-2} ) y dióxido de carbono (CO {-2} ) de calderas o turbinas.
El primer cuestionamiento tiene que ver, nuevamente, con la discriminación. María Ignacia Benítez criticó que se diferencia entre las fuentes fijas descritas y los hornos y las fundiciones, que quedan excluidos en el proyecto. «Nosotros dejamos iniciado el proceso para una norma de emisión para calderas y otros procesos industriales y sería bueno para el país que esta agenda se concluya. Ojalá el impuesto verde no deje relegada esta norma», manifestó la ex jefa de la cartera medioambiental.
El ex subsecretario agregó que la forma definida para calcular el impuesto genera una alta incertidumbre porque, por ejemplo, aún no están claros los montos para NOx o MP.
Explicó que el proyecto define que será un reglamento el que determine diversos factores técnicos, indicándose someramente que se realizará conforme a una metodología que no se explicita. «El problema no es necesariamente que tenga un ámbito de discrecionalidad, sino que no se establezcan criterios que acoten esa discrecionalidad», dijo. A su juicio, lo mejor sería someter el reglamento a un análisis de costo-beneficio, una consulta pública o una revisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.