(La Tercera) Expectante al detalle de los cambios tributarios que el gobierno dará a conocer hoy está el sector privado. Los lineamientos anticipados ayer por la Presidenta Bachelet no fueron suficientes para despejar las dudas, sobre todo en materia de incentivos a la inversión y al ahorro, tras la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).
Una de las principales inquietudes apunta a la efectividad que tendrá la depreciación acelerada. De acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo, el proyecto estipulará que a partir del cuarto año de reforma -y al mismo tiempo en que se cierre el FUT- entrará en vigencia un mecanismo de depreciación instantánea. Este permitirá a las empresas descontar de sus utilidades la inversión total del año en curso. Esta medida incluiría un trato diferenciado por tamaño de empresa: las pymes podrían descontar la totalidad de la inversión del año y las firmas de mayor tamaño lo harían gradualmente.
“En comercio y turismo es muy baja la inversión en bienes de capital y maquinaria. Entonces, no vemos que esa forma de incentivo vaya a ser una buena herramienta. No vemos que la depreciación instantánea sea un elemento que vaya a paliar los cambios tributarios propuestos”, acotó Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). A su juicio, un mecanismo de este tipo podría resultar “un arma de doble filo”, ya que al descontar el gasto de las utilidades dejarán en una posición “disminuida” a los empresarios que busquen financiamiento en entidades bancarias.
Similar es la opinión del presidente de la Asociación de Exportadores Manufactura (Asexma), Roberto Fantuzzi. “Tengo mis dudas sobre la depreciación acelerada, porque las pymes en general absorben capital usado, entonces no tienen derecho a la depreciación (…). Para las mineras es un aplauso cerrado, pero para un pequeño empresario cuya principal característica es la mano de obra y poco capital, no sirve. Si quieren compensar a las pymes con la depreciación acelerada están totalmente equivocados”, criticó. De todos modos, Fantuzzi agregó que la “paz social” que puede reportar una reforma destinada a educación y salud, incide positivamente en las inversiones.
En paralelo, el presidente de la Asociación de Asimet, Gastón Lewin, argumentó que el alza de impuestos y el cierre del FUT “desincentivan la inversión”, concordando en que la “depreciación acelerada podría tener un efecto menor en las pymes”.
Sobre la eliminación del FUT, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, se limitó a afirmar que “es un muy buen instrumento, que ha posibilitado ahorro e inversión, pero que tiene fallas y que tiene una serie de goteras, creemos que se puede cerrar”. De todos modos, respaldó que a gastos permanentes se destinen ingresos permanentes, advirtiendo que analizarán en detalle el contenido de la ley, para evitar que las medidas frenen la inversión.
“Lo que preocupa es el impacto que va a tener sobre las personas el pagar un impuesto sobre ingresos que no tiene, ese es el gran análisis y es ahí donde tenemos que ver la letra chica”, señaló el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock.
Medidas sectoriales
Un análisis en profundidad anticipó Alberto Salas que hará la Sonami, gremio que lidera. Por el momento manifestó que les preocupa el efecto que la derogación del DL 600 podría tener sobre la inversión extranjera. En esta materia, la ministra de Minería, Aurora Williams, aclaró que la derogación será gradual.
Ricardo Mewes también acotó que le gustaría ver mayor control de la evasión sobre el comercio ilegal, agregando que el cambio del sujeto del IVA podría traer complicaciones.
Minería: La gradual eliminación del DL 600
La reforma también contempla derogar, para los nuevos proyectos de inversión, el DL 600, Estatuto de la Inversión Extranjera, pues en el diagnóstico de la autoridad ya no se usa. Ayer, la ministra de Minería, Aurora Williams, señaló que la iniciativa en este ámbito contará con una gradualidad para que su aplicación sea paulatina en el tiempo.
Cuando el gobierno anunció la medida, el sector minero alzó la voz, ya que consideran que puede ser perjudicial para el desarrollo de las inversiones.
En cuanto a si su eliminación será total o no, la ministra de Minería indicó que “eso lo estamos estudiando. Se va a ver, pero, además, el DL 600 se plantea a partir de 2017, por lo tanto, los proyectos que hoy están en evaluación van a ser debidamente aprobados conforme la normativa”.
A juicio de la secretaria de Estado, la derogación del DL 600 es un tema conocido desde noviembre del año pasado, en la campaña, por ende, “hoy es la concreción, además, con una gradualidad que permite el ajuste de las empresas”.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock, señaló que la eliminación del DL 600 no necesariamente afectará el ingreso de nuevos actores. “Chile es un país que tiene tremendas instituciones, así es que no creo que la eliminación del DL 600 tenga un impacto tan grande”, acotó.
Impuestos verdes: Gravamen a centrales y a vehículos diésel
Según la Presidenta, la reforma tributaria busca desincentivar el uso de tecnologías contaminantes. Para ello, el proyecto contempla un gravamen a las emisiones de fuentes fijas, a través de un impuesto a las principales fuentes contaminantes con potencia térmica superior a 50 MW. Junto a ello, incorpora un impuesto adicional a la importación de vehículos diésel de alta cilindrada para uso particular.
“No veo la relación directa entre mayor cilindrada y contaminación. Los vehículos diésel tienen cada vez más exigencias de acuerdo a la norma europea, por lo que no necesariamente son más contaminantes que el resto”, aseguró el director del Centro Meteorológico Ambiental de la Usach, Patricio Pérez.
El gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile, Alberto Escobar, comentó que si el diésel es más contaminante, lo lógico sería subir el precio de ese combustible. “Pero en ese caso perjudicaría al transporte público y otros sectores productivos”, explicó. Según Escobar, “lo que va a suceder es que los usuarios comunes, que pueden comprar un automóvil con motor diésel, no se van a beneficiar con el menor valor que tiene ese combustible”.
En tanto, para el académico de la U. Diego Portales Louis de Grange, esta idea es una alternativa que podría ayudar para combatir la congestión. “(Estos vehículos) ocupan mucho más espacio en las calles y en estacionamientos y esta medida puede incentivar el uso de city cars (vehículos diseñados para grandes ciudades)”.
Construcción: Precio de viviendas al alza por el IVA
En alerta está la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ante los cambios sectoriales que incluirá la reforma tributaria. Su principal preocupación es el efecto de la eliminación del crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado sobre las viviendas de entre 2.000 UF y 4.500 UF.
“Estimamos que para estas viviendas el costo de construcción aumentará entre 6% y 8%, y que es muy probable que éste sea traspasado íntegramente al precio final de los inmuebles”, señaló el presidente de la CChC, Daniel Hurtado. Esto, argumentó, porque a la medida se sumarían otros factores que han afectado el costo directo de la construcción, “como la falta de terrenos, el aumento de las remuneraciones de los trabajadores del sector y nuevas normativas técnicas, todo lo cual presiona al alza el precio de las viviendas y dificulta el acceso a ellas”.
Para evitar que se produzca un alza de precios, añadió Hurtado, el gremio propone que la compra de una vivienda se considere una inversión -y no un gasto-, lo que permitiría que el IVA sea devuelto a los nuevos propietarios, sin que las inmobiliarias se vean involucradas en esta intermediación.
Además, la CChC aseguró que estudiará el detalle del proyecto, analizando “si contiene los elementos necesarios para allegar más ingresos al Fisco sin afectar la capacidad de crecimiento de la economía, la creación de empleo y el ahorro, tal como lo ha señalado la autoridad en los últimos días”.
Bebestibles: Alcoholes y bebidas azucaradas
Tal como se había anunciado, las bebidas alcohólicas tendrán un impuesto correctivo, para desincentivar su consumo, que se calculará en base a la cantidad de alcohol presente en cada tipo de bebida alcohólica, “cuya tasa estará en torno al promedio de las establecidas en los países de la Ocde”.
Pero el punto que llamó la atención fue el anuncio de un aumento en la carga impositiva de las bebidas analcohólicas azucaradas, ya que al igual que los alcoholes, no van en pro de la salud, señaló la Presidenta Bachelet.
Se entienden por analcohólicas tanto las bebidas carbonatadas, jugos naturales o artificiales, jarabes y aguas a las que se les haya adicionado saborizantes o colorantes. Estos productos ya cuentan con un impuesto especial: el Iaba (Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohólicas), que grava la venta e importación de las bebidas no alcohólicas con un 13% adicional. Los comerciantes minoristas quedan exentos de pagar este impuesto.
La economista de Libertad y Desarrollo Cecilia Cifuentes comentó que, “a veces estos impuestos tienen dificultades en el control. Qué se entiende por azucaradas, qué pasa con las que tienen poca azúcar. Esos son detalles que hay que considerar”.
Consultadas por La Tercera, las tres principales empresas del rubro -Embonor, Coca Cola Andina y CCU- declinaron referirse al tema, a la espera de conocer en detalle la propuesta.
Actos juridicos: Timbres y estampillas suben otra vez
A diferencia de lo que fue la tónica de los últimos dos gobiernos, la nueva administración de Bachelet planteará en su reforma tributaria aumentar en el plazo de dos años el impuesto de timbres y estampillas, desde el 0,4% actual a 0,8%, dado su poder recaudador. Se precisa que se mantiene la situación actual para las pymes, las que pueden recuperar el impuesto descontándolo de su pago de IVA mensual.
Este tributo se aplica a los documentos o actos que involucran una operación de crédito de dinero, por ejemplo letras de cambio o pagarés. La base imponible es el monto del capital especificado en cada documento. La tasa del impuesto es variable, dependiendo del período de tiempo que medie entre la emisión del documento y su plazo de vencimiento. El impuesto afecta principalmente al otorgamiento de créditos, con una tasa de 0,033% por cada mes o fracción de la operación, con un límite de 0,4%.
Los cheques y los protestos de pagarés están gravados con una cantidad fija por concepto de impuesto de timbres y estampillas.
El 1 de enero de 2013, este impuesto bajó de 0,6% a 0,4%, por la reforma tributaria que aprobó el Congreso para financiar mejoras en el sistema educacional.
En la Asociación de Bancos señalaron que no se pronunciarán sobre los alcances del incremento en el impuesto, mientras no se conozca el detalle.