(El Mercurio) El tenso conflicto entre Corfo y SQM por el Salar de Atacama, por el cual la minera no metálica podría perder la fuente de al menos el 40% de sus ingresos, recrudeció esta semana, cuando trascendió que el directorio de la compañía decidió impugnar ante la Contraloría y tribunales el acuerdo de la entidad estatal con su competidora, la estadounidense Rockwood. Eduardo Bitran, vicepresidente de Corfo, responde en duros términos la ofensiva de SQM, firma que enfrenta acusaciones de cohecho y financiamiento ilegal de campañas políticas y cuyo controlador, Julio Ponce, está vendiendo parte de sus participaciones en las sociedades Cascadas a través de las cuales ejerce su poder en la emblemática empresa.
«La declaración de SQM es temeraria y aparentemente desconoce la realidad», dice el ejecutivo estatal respecto del anuncio de esta compañía de bloquear el convenio con Rockwood. «Es al menos curioso que una empresa con un comportamiento que la tiene en tribunales por múltiples acciones reñidas con la legalidad y la ética, se atreva a realizar un cuestionamiento e incluso amenazar a Corfo, cuando estamos solicitando al árbitro el término del contrato por faltas graves de SQM», afirma. «En Chile se acabó la impunidad en la que estos señores pensaban y piensan que operan», sostiene.
¿Por qué optar por Rockwood y no por SQM? «Corfo tiene contratos vigentes con ambas empresas», responde Bitran. «Dados los incumplimientos graves de SQM en su contrato con Corfo, no es posible seguir con esta alianza para explotar el Salar», señala.
Al interior de la minera no metálica existe la sensación de que la entidad estatal está interviniendo en su gobierno corporativo y que, pese a que cambiaron al gerente y al directorio, se le sigue castigando por faltas cometidas por la anterior administración de Patricio Contesse. Bitran es enérgico al respecto: «Es impresentable que quien viola gravemente un contrato quiera presentarse como víctima… No estamos discutiendo quién es el controlador de una empresa, sino el incumplimiento del contrato vigente».
Por lo mismo, descarta de plano cualquier conciliación con SQM. «No, no con el gobierno corporativo que posee esta compañía. En la actualidad no es un socio fiable».
¿Y si Julio Ponce deja de controlar SQM? «Este no es un problema personal», afirma. «¿Alguien seriamente puede discutir que SQM tiene un problema de gobierno corporativo? Es evidente que es un socio incómodo», asevera.
Bitran asegura que, pese a ser la cara visible de esta arremetida contra SQM, esta estrategia responde a una política del Estado de Chile. «Todas las acciones judiciales contra SQM están fundamentadas en causales legales que han sido debidamente acreditadas y cuentan con el total respaldo del Consejo de Corfo, compuesto por cinco ministros, y del Consejo de Defensa del Estado», sostiene.
Rockwood pagará más impuestos
Chile requiere mantener o aumentar su participación en el mercado mundial del litio, el cual está creciendo aceleradamente debido al aumento del consumo generado por la masificación del uso de baterías eléctricas de litio.
Como existen contratos vigentes con SQM y Rockwood, este incremento en la producción solo se puede hacer con alguna de estas empresas. «Ambos convenios fueron firmados hace más de 30 años y pagan impuestos y tasas bajas, además de no entregar beneficios a las comunidades», detalla el ex ministro.
SQM tiene una cuota autorizada que cumpliría en los próximos años, por lo que dejará de explotar litio en el Salar de Atacama hacia el 2022. Rockwood tiene un contrato vigente de explotación de litio hasta el año 2029.
Como la minera chilena tiene un arbitraje con Corfo, el interés de la entidad estatal es que la industria del litio se desarrolle con Rockwood, aumentando la cuota de extracción para esta firma, el impuesto y la tasa en este último contrato, extendiendo beneficios a las comunidades.
Según Bitran, será «el contrato más exigente de minería no metálica a nivel mundial, superior al existente en otros países productores de litio, como Australia, Argentina, Estados Unidos y Canadá», asegura.
El acuerdo establece que Rockwood invertirá cerca de US$ 500 millones en dos plantas de productos de litio grado batería y pagará al Estado de Chile más de US$ 2.500 millones, además de entregar el 3,5% de las ventas a las comunidades de pueblos atacameños. Como la norteamericana pasa a ser empresa de la gran minería por el aumento de producción que implicará el convenio, pagará por concepto de regalía entre 5% y 14% sobre el margen operacional. Bitran detalla que si el valor del litio en el mercado sigue subiendo, también suben los ingresos para el fisco, porque hay un ajuste automático de las tasas en función del precio internacional.
Otro punto clave es que este acuerdo tendrá una mayor fiscalización y regulación de precios de transferencia, siendo supervisado adicionalmente por un comité creado en Corfo especialmente para ello, destaca Bitran.
La modificación del acuerdo con esta compañía tendrá la aprobación previa del comité y del Consejo de Corfo, donde hay cinco ministros, además del control de legalidad de la Contraloría General de la República, resalta el ejecutivo estatal.
Finalmente, la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen) tendrá la responsabilidad de autorizar y posteriormente fiscalizar el destino del litio extraído. Corfo explica que esta última instancia ha sofisticado sus sistemas de fiscalización y vigilancia de modo de cumplir más adecuadamente con este objetivo.
No se puede licitar a terceros
Expertos y parlamentarios han planteado la opción de hacer una licitación abierta para explotar las áreas de Corfo en el Salar de Atacama. Pero la entidad explica que eso no es posible, porque ya existen contratos vigentes y «solo podemos aumentar la producción de litio del salar, con alguna de estas dos empresas, SQM o Rockwood», dice Bitran.