(El Mercurio) Santiago, 5 de mayo de 1997, gobierno del ex Presidente Eduardo Frei. Cerca de mil mineros, ex trabajadores de Lota, vestidos con la indumentaria propia de sus labores viajan a la capital a la espera de que el Gobierno acepte sus reivindicaciones. La travesía conmociona al país y durante su permanencia, que se extiende por varios días, reciben ayuda de organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores.
Hoy, a 17 años del cierre de la emblemática mina, la Empresa Nacional del Carbón S.A., Enacar, sigue existiendo. La firma estatal fomentó una industria que, en sus inicios fue manejada en Lota por personajes de la talla de Isidora Goyenechea y lideró el boom carbonífero de los 70 y 80.
Pero la imposibilidad de cumplir con las metas de producción y los déficits propiciaron el cierre de los yacimientos de Enacar, en forma progresiva: Lota, en 1997; Curanilahue, en 2006, y Lebu, en 2008.
Sin embargo, en la actualidad la empresa sigue existiendo y cuenta con seis trabajadores encargados de actividades ejecutivas y de administración, en Lota, Curanilahue y Lebu. Está en manos de una comisión liquidadora, integrada por tres miembros. Aunque prácticamente no tiene activos por vender, gestiona las indemnizaciones y beneficios para cerca de tres mil funcionarios que dejaron de trabajar en la firma tras pactarse su cierre. El año pasado Enacar registró una pérdida de más de $431 millones.
Sociedad en liquidación
En este escenario, el año pasado Enacar entró en un proceso de liquidación definitiva, que tiene como plazo mayo de 2016. El cierre no ha sido todo lo expedito que podría pensarse para una empresa cuyo principal activo productivo empezó a desaparecer hace 17 años y se extinguió definitivamente hace seis, con el cierre de la explotación en Lebu.
La compañía está inscrita en la Superintendecia de Valores y tiene como mayor accionista, con el 99% de participación, a Corfo. Pero también tiene otros accionistas particulares, y a raíz de eso ha tenido que cumplir varias formalidades antes de cesar en sus funciones. Por ejemplo, la realización de juntas ordinarias y extraordinarias para decidir aspectos como el cese de las funciones del directorio y la liquidación de la sociedad.
Pero además la razón principal para mantener la operación es el cumplimiento de los acuerdos de pagos, indemnizaciones y beneficios, que no se podían anticipar y que involucran a cerca de dos mil trabajadores de Lota, 500 en Curanilahue y 500 en Lebu. Estos beneficios, que se tramitaron año a año en el Parlamento a través de la Ley de Presupuestos, significaron para el fisco el desembolso del equivalente a US$ 163,43 millones solo entre 2006 y 2012.
Desde la empresa señalan que a 2014 estos compromisos “ya se encuentran cumplidos” y “si bien por acuerdo de las respectivas juntas extraordinarias de accionistas (las de Enacar y su filial Carvile, realizadas en abril de 2013) la Comisión Liquidadora tiene hasta mayo de 2016 para cumplir su labor, sus miembros están trabajando en concretar la mencionada liquidación antes de ese plazo”.
¿Qué es lo que falta para cerrar definitivamente la empresa? Hay varios trámites pendientes, que no dependen solo de Enacar, como la tramitación de decretos ante la Junaeb y el Ministerio de Educación que garanticen la continuidad en la entrega de becas para los hijos de los ex funcionarios, incluso cuando la sociedad se liquide. Y, la actualización de roles, ante el SII, de propiedades que pertenecían a Enacar y fueron vendidas, donadas o entregadas a terceros.
En todo caso, un ex funcionario, conocedor del proceso de liquidación, asegura que dado que todos los grandes ítems pendientes fueron zanjados, el cierre no debería pasar de 2015.
Jubilación anticipada y becas
Los compromisos que la empresa adquirió están contenidos en los protocolos de cierre para cada uno de las explotaciones, Lota, Curanilahue y Lebu. En estos protocolos la empresa acordó pensiones anticipadas para sus ex funcionarios a través de depósitos convenidos, además del pago de una indemnización mensual y de cotizaciones previsionales hasta que los ex trabajadores cumplieran como máximo 55 años. “En 2013, el último de los trabajadores que recibió este beneficio cumplió la edad para iniciar los trámites de jubilación anticipada y Enacar le depositó su plata. No era un tema que se podía anticipar”, explica un conocedor.
Las cosas tampoco se podían apurar respecto a las becas de estudios, conocidas como las “becas del carbón”, que benefician a hijos de sus ex funcionarios, incluidos aquellos hijos que estaban en gestación al momento en que los trabajadores firmaron los protocolos, y se enfocan especialmente en estudiantes de enseñanza media y universitarios.
Si bien este beneficio está al alero de la Junaeb, Enacar es hasta hoy la encargada de entregar la información de los beneficiados al organismo dependiente del Ministerio de Educación. “Una vez que se liquide la sociedad, será necesario crear una instancia que se encargue de este tema”, indica un conocedor.
En el caso de Lota, Enacar fue administrador delegado del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establecido por ley. Conocedores explican que aún hay ex trabajadores que, a consecuencia de nuevas evaluaciones de sus accidentes laborales o enfermedades profesionales, requieren de la concurrencia de Enacar -en la proporción que le corresponde a la empresa- al pago de las indemnizaciones, atenciones médicas, hospitalizaciones, operaciones u otros beneficios de esa ley. El universo de posibles beneficiarios es de dos mil ex trabajadores y cuando se liquide Enacar, esta obligación debe ser traspasada al Instituto de Seguridad Laboral.
¿Se pudo haber hecho un cierre exprés?
Pese a que el cumplimiento de los beneficios e indemnizaciones era perentorio y ninguna administración se planteó el riesgo político y económico de revisar o modificar lo acordado, hay distintas visiones sobre si era posible agilizar el cierre de la empresa, delegar los compromisos que tomó Enacar en otros organismos del Estado y también sobre si era necesario mantener el directorio de siete miembros hasta el año pasado.
“Claro que Enacar pudo tener un cierre más exprés y por supuesto que no se requería de siete directores para seguir operando. Desconozco por qué no se buscó una fórmula”, asegura un actor que participó hace varios años en la compañía.
Otros actores piensan distinto y aseguran que la carga de trabajo de una empresa que empieza a liquidarse es mayor en sus inicios, por lo que se requería un directorio numeroso. Como ejemplo, en 2009, se elaboró e inició un plan de regularización de activos prescindibles -como inmuebles, propiedades y pertenencias mineras- de la empresa, que se desarrolló en paralelo al cumplimento de los protocolos, explican fuentes de la compañía.
Los consultados agregan que el foco de los últimos años estuvo en bajar gastos con medidas como la reducción de la dotación del personal de 22 a seis trabajadores, entre 2010 y 2014. Agregan que los gastos incurridos en el directorio eran marginales respecto de los gastos de la empresa y que en los hechos se redujeron los sueldos de los directivos, quienes pasaron de obtener una remuneración total anual fija de cerca de $25,5 millones en 2012 a una de $11,9 millones en 2013, y de una remuneración variable total anual de $36,4 millones en 2012 a una de $17 millones el año pasado. Además, el directorio cesó sus funciones definitivamente en abril de 2013.
“Aunque quedaba pega por hacer, se decidió cesar las funciones del directorio e iniciar las de la comisión liquidadora de tres miembros”, ilustran las fuentes. Los encargados de bajar la cortina de Enacar son funcionarios antiguos de la empresa, Raúl Díaz, ex director, Luis Novoa, abogado y ex asesor legal, y Sergio Reyes, ex gerente general.
Emaza, otra empresa del Estado que cesará sus funciones
El cierre de Enacar no es aislado entre las empresas del Estado. La Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas, Emaza, también está en proceso de liquidación. El 2 de octubre del año pasado formalizó el término de su existencia legal, a través de la publicación en el Diario Oficial de una ley para esos efectos.
Emaza, continuadora de la Empresa de Comercio Agrícola, y creada en 1989, dejó de existir, puesto que su principal objetivo, el abastecimiento de zonas extremas, en la actualidad está cubierto por el comercio en esos lugares. En palabras del liquidador, Sergio Toro: “El legislador estimó que la empresa había cumplido el ciclo necesario para el abastecimiento de zonas que no contaban con una actividad comercial regular”.
La empresa tuvo un cierre paulatino de actividades, “y ya en los inicios del año 2013 tenía una actividad muy acotada y con un escaso movimiento”, indica Toro, basándose en los antecedentes de la firma.
¿Qué actividades quedan? “Solo queda pendiente la autorización por parte del Servicio de Impuesto Internos para poner término al giro y el traspaso a Corfo de los bienes muebles, inmuebles y documentación remanente”, responde Sergio Toro, quien es además director ejecutivo del Instituto Nacional de Normalización.
Un caso totalmente distinto de una firma del Estado poco conocida pero que continúa completamente operativa es Sasipa Agrícola y Servicios Isla de Pascua. Creada en 1980, provee agua potable, electricidad y descarga marítima para la isla. Dada su labor de suministro de servicios básicos, altas fuentes del Estado aseguran que no habrá modificaciones en su operación.