Minería latinoamericana: Las brechas que frenan una oportunidad histórica

Autoridades de Argentina, Ecuador, Bolivia y República Dominicana analizaron los factores que sus países deben abordar para capitalizar el escenario que abre la creciente demanda de minerales.

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La seguridad jurídica, la infraestructura, el conocimiento geológico, el capital humano y la percepción social fueron algunos de los temas que marcaron el panel de conversación “América Minera 2.0: una agenda común para liderar el próximo ciclo de crecimiento”, realizado en el Centro de Eventos Metropolitan Santiago, en el marco de la Cumbre de la Minería, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). La instancia reunió a representantes de Argentina, Ecuador, Bolivia y República Dominicana, quienes expusieron las oportunidades que observan para la actividad en sus respectivos territorios y los principales obstáculos que deben resolver para avanzar.

Una oportunidad para la región

El secretario de Minería de la Nación de Argentina, Luis Enrique Lucero, destacó el escenario que enfrenta Sudamérica ante la creciente relevancia internacional de los minerales críticos, en un contexto marcado tanto por las tensiones geopolíticas como por el avance de la electrificación y las nuevas tecnologías.

A su juicio, la región posee ventajas que van más allá de su geología. En ese sentido, resaltó su trayectoria de paz y los elementos culturales compartidos por sus países, condiciones que, sostuvo, adquieren especial valor frente a la incertidumbre que caracteriza actualmente a otras zonas del mundo: “Hoy podemos ser generadores de muy buenas noticias y tenemos una oportunidad para que nuestros pueblos, que hasta ahora no han vivido sus mejores momentos, los empiecen a vivir”, expresó. En esa línea, relevó la posibilidad de que el crecimiento de la industria se traduzca en empleos seguros y bien remunerados para la población.

Desde Ecuador, el viceministro de Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, Galo García, puso el acento en la necesidad de abordar esta coyuntura desde una perspectiva regional, planteando la importancia de que los países latinoamericanos avancen unidos para aprovechar sus recursos y capacidades.

Una visión similar manifestó el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización de Bolivia, Walter Landívar, quien calificó el escenario actual como una oportunidad única asociada a la transición energética. No obstante, advirtió que su aprovechamiento debe producirse resguardando la dimensión ambiental y pensando en las próximas generaciones.

Landívar también enfatizó la complementariedad existente entre los países. “Hay países como Chile, que son potencia minera, tienen la experiencia, tienen el capital humano. Países como el nuestro, Bolivia, tenemos la geología, tenemos los yacimientos, pero de repente no contamos con el capital económico, el capital humano”, externalizó.

En ese contexto, sostuvo que la cooperación puede permitir que las distintas fortalezas existentes en América Latina se complementen. “Creo que yendo por separado no vamos a poder aprovechar de la manera correcta”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, Giovanni Bloise, centró su análisis en la posibilidad de capturar el mayor valor que podrían alcanzar los recursos minerales durante los próximos años como consecuencia del proceso global de descarbonización.

Según explicó, minerales que actualmente permanecen sin explotar, e incluso sin explorar, podrían experimentar un incremento significativo de su valorización. Por ello, sostuvo que uno de los retos consiste en que los países sean capaces de aprovechar oportunamente ese escenario.

Bloise agregó que disponer de marcos jurídicos estables no resulta suficiente si no existe, además, una voluntad sostenida de utilizar los recursos naturales como una palanca para avanzar hacia mayores niveles de desarrollo. De lo contrario, advirtió, los países corren el riesgo de “dejar valor en la mesa”.

Las brechas para avanzar

Al abordar los obstáculos que todavía enfrenta la industria, Lucero identificó como uno de los principales retos de Argentina terminar de reconstruir la confianza de los inversionistas, proceso que vinculó con el fortalecimiento de la seguridad jurídica y las condiciones de largo plazo para el desarrollo de proyectos.

El secretario de Minería destacó en este ámbito el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), expresando que el país ya cuenta con importantes montos comprometidos para iniciativas mineras, además de proyectos energéticos.

A ello sumó las dificultades de infraestructura y logística. “Tenemos que reconstruir caminos, tenemos que poner en valor un sistema ferroviario que ha sido modelo”, sostuvo, explicando que esta infraestructura deberá atender particularmente las zonas con yacimientos de cobre en el oeste argentino y depósitos de litio en el noroeste.

Lucero también mencionó la necesidad de superar cuellos de botella en materia energética y vial, fortalecer la preparación de los jóvenes para responder a los estándares laborales de la industria y mejorar el acceso al financiamiento. Sobre este último aspecto, afirmó que Argentina ha conseguido atraer nuevamente la atención y el compromiso de importantes compañías mineras internacionales.

Percepción social y capital humano

En el caso de Ecuador, García identificó como una de las principales barreras la percepción negativa que se ha construido en torno a la minería durante las últimas décadas, situación que, según enfatizó, ha contribuido a dificultar el avance de algunos proyectos desde la exploración hacia la producción.

El viceministro advirtió que esta visión también ha incidido en el interés de las nuevas generaciones por incorporarse al sector. Como ejemplo de la brecha de capital humano, resaltó que una de las facultades de minería y geología del país registró solo seis estudiantes graduados.

Frente a ello, destacó la experiencia de las dos minas industriales que actualmente operan en Ecuador, exponiendo que las localidades donde se emplazan han experimentado avances en tributación y desarrollo comunitario. Junto con la dimensión social, García mencionó las necesidades de infraestructura propias de una industria minera relativamente nueva, aunque aseguró que existe interés inversionista y que el Gobierno considera al sector como un eje esencial para el desarrollo.

Landívar coincidió en que la dimensión social constituye uno de los principales aspectos que Bolivia debe abordar. A su juicio, existe una visión que asocia directamente la minería con efectos negativos, frente a lo cual llamó a reconocer tanto sus aportes como sus impactos.

“Minería tiene impactos para nosotros, impactos positivos e impactos negativos”, manifestó. Entre los primeros mencionó la generación de empleo, desarrollo e infraestructura, mientras que respecto de los segundos enfatizó la necesidad de adoptar las medidas de mitigación correspondientes.

“No podemos tener una minería sin hacer mitigación, porque también decir que no hay contaminación, que no se afecta nada, es una mentira tremenda y lo sabemos”, precisó.

Junto con la dimensión social, el viceministro boliviano identificó otras dos brechas: fortalecer la seguridad jurídica y desarrollar el mapeo geológico, con el propósito de contar con mayor información sobre los recursos y el potencial existente en el territorio.

Comunidades y continuidad de las políticas

La percepción social también apareció como el principal reto identificado por Bloise para República Dominicana. El viceministro explicó que una de las estrategias impulsadas por el Ministerio de Energía y Minas consiste en privilegiar las inversiones en las comunidades que albergan yacimientos, buscando que los beneficios asociados a la actividad sean visibles para sus habitantes.

El objetivo, puntualizó, es avanzar hacia comunidades mineras que puedan transformarse en referentes para otras localidades. Esta orientación está siendo incorporada en la reforma de la legislación minera que prepara el país, considerando que la normativa vigente data de 1971.

Bloise agregó que República Dominicana enfrenta además una condición territorial particular, dado que cerca del 26% de su superficie corresponde a áreas protegidas, lo que restringe las zonas con posibilidades de explotación. Sin embargo, destacó el potencial existente y mencionó como ejemplo a Pueblo Viejo, una de las grandes operaciones auríferas del continente.

Finalmente, el viceministro volvió sobre un elemento que consideró fundamental: construir una política para el sector capaz de trascender los cambios de gobierno.

En esa línea, planteó la necesidad de consolidar el reconocimiento de la actividad como un instrumento de desarrollo que pueda mantenerse en el tiempo, independientemente de las distintas orientaciones de futuras administraciones, sumando así una mirada de largo plazo a las condiciones que los países de la región deben resolver para transformar sus recursos en crecimiento económico y mejores oportunidades para sus habitantes.

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