Un reciente reporte de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) volvió a poner una alerta sobre la materialización de inversiones: durante el primer semestre de 2026 los Tribunales Ambientales registraron un récord de reclamaciones admisibles y actualmente mantienen causas vinculadas a 59 proyectos por más de US$10.655 millones. A esto se suma que los proyectos que llegan a estas instancias pueden permanecer cerca de un año y medio en tramitación, plazo que puede extenderse si las sentencias son recurridas en la Corte Suprema.
Para Cristóbal Correa, abogado experto en minería, energía y permisos ambientales, la discusión sobre la “permisología” está entrando así en una segunda etapa, una vez obtenida su RCA (resolución de calificación ambiental).
“Dentro de la planificación de un proyecto ya se está considerando entre 1, 5 y 2 años posteriores a la obtención de la RCA antes de tomar definitivamente la decisión de invertir”, advirtió.
¿Estamos frente a una nueva etapa del problema de los permisos en Chile?
Sí. Hemos avanzado bastante en identificar los problemas que existen durante la tramitación administrativa, pero hoy aparece con fuerza una segunda discusión que releva el nivel de certeza que se tiene después de obtener la aprobación ambiental.
No preocupa únicamente la cantidad de causas, sino también los tiempos de resolución y un sistema de recursos que puede extender las controversias por largos periodos. Para quienes desarrollan un proyecto, la pregunta ya no es solo cuánto demorará en obtener la RCA, sino cuánto tiempo adicional deberá considerar hasta contar con una decisión suficientemente estable para invertir.
¿Cómo impacta esa incertidumbre en las decisiones de inversión?
Mucho, porque afecta directamente en las condiciones de financiamiento y el nivel de riesgo de un proyecto.
En minería, esto es particularmente importante. Chile no compite por el precio del cobre, porque somos una industria tomadora de precios. La competencia es por el capital y por ofrecer condiciones que permitan desarrollar proyectos con niveles razonables de riesgo y predictibilidad.
Chile sigue teniendo recursos minerales, infraestructura, experiencia, capital humano y una institucionalidad ambiental robusta. Pero esas fortalezas deben complementarse con certeza respecto de cuánto tiempo y cuántas instancias deberá enfrentar un proyecto antes de poder materializarse.
Disminuir la incertidumbre
¿Es posible entregar mayor certeza sin debilitar la protección ambiental ni el acceso a la justicia?
Absolutamente. No existe una contradicción entre tener altos estándares ambientales y contar con procesos más predecibles.
Si un proyecto logra su aprobación ambiental después de varios años de evolución por profesionales especializados, la revisión judicial debe verificar que se hayan cumplido las exigencias legales, que el procedimiento se haya desarrollado correctamente y que la decisión esté debidamente fundada.
Pretender que el poder judicial se convierta en una nueva evaluación ambiental es desconocer el valor del trabajo técnico realizado durante todo el proceso previo, tanto en el mundo privado como en el público.
Esto no significa limitar el control judicial. Al contrario, lo que se requiere es una revisión rigurosa de la legalidad, pero respetando también el ámbito técnico de las instituciones especializadas.
¿Qué aspectos del sistema deberían perfeccionarse para reducir estos periodos de incertidumbre?
Hay espacios para avanzar en distintas áreas. Una es fortalecer la capacidad y los recursos de los Tribunales Ambientales para resolver oportunamente. Otra es revisar la estructura de recursos para evitar que una misma controversia pueda extenderse innecesariamente a través de sucesivas instancias.
La especialización de abogados y organizaciones en litigación ambiental es natural y puede contribuir a elevar la calidad de la discusión. Pero también es razonable avanzar en mayores estándares profesionales, de transparencia y trazabilidad para todos los actores que participan activamente de estos procesos, incluyendo las fuentes de financiamiento de las organizaciones.
Esto no significa desconocer el rol fundamental de la sociedad civil. Las organizaciones ambientales y comunitarias constituyen una contraparte legítima y muchas veces contribuyen a mejorar los proyectos y a incorporar preocupaciones que deben ser atendidas. Precisamente por la relevancia que tienen en el sistema, creo que mayores estándares de transparencia y trazabilidad fortalecen su legitimidad y, en general, la confianza de todos los actores involucrados.
El objetivo no debería ser restringir el acceso a la justicia, sino asegurar que ese derecho opere de manera responsable, transparente y dentro de plazos razonables. Chile necesita proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, recuperar la certeza de que una RCA obtenida después de un proceso exigente constituye efectivamente un hito que permite avanzar.