(La Tercera) La jornada de ayer fue maratónica y ese mismo sello promete marcar también este fin de semana.
El gobierno trabaja a toda máquina para presentar este lunes 29 de diciembre su propuesta de reforma laboral ante el país, para luego ingresarla al Congreso.
Si el martes el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz salió del encuentro con las autoridades de Trabajo y Hacienda, manteniendo sus críticas a la iniciativa, el ánimo fue distinto entre los personeros de la Nueva Mayoría, que ayer se reunieron con los ministros Javiera Blanco y Alberto Arenas.
Algo similar ocurrió con los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quienes se juntaron por casi cuatro horas con las autoridades.
“Hemos avanzado en cosas que esperábamos avanzar. Aún tenemos temas pendientes con el Ejecutivo que de no resolverse en el marco de estos días, evidentemente, serán materia de debate en el Parlamento, pero sin duda, podemos decir que se ha avanzado”, dijo al término de la cita la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
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Puntos clave
Figueroa detalló que el derecho a huelga se hará efectivo sin reemplazo interno ni con trabajadores externos. “Hemos avanzado en una materia de alta sensibilidad”, agregó.
Respecto de la titularidad sindical, señaló que el Ejecutivo se abrió a una fórmula, en la que si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores que no están sindicalizados debe hacerlo con la anuencia del sindicato. “Eso le devuelve un derecho esencial a la organización sindical, que para nosotros era tan fundamental”, acotó.
En cuanto a la negociación interempresa, Figueroa dijo que deberá darse en los marcos de la empresa y bajo la norma reglada, es decir, con titularidad. En este punto aún hay matices que podrían ser saldados en el Congreso.
En materia de pisos de negociación, la líder de los trabajadores indicó que no han logrado la apertura que esperaban por parte del Ejecutivo. Los trabajadores aspiran a que dicho piso sea en base al IPC. “Es una materia que nosotros vamos a seguir discutiendo en el Parlamento”, añadió.
Respecto a eventuales cambios al artículo 161 (despido por necesidades de la empresa), según la dirigente, se establece que va a haber un proceso de tutela de Derecho, y, por lo tanto, habiendo una presunción de que el trabajador fue despedido arbitrariamente por acción sindical, esa materia va a ser abordada y se puede llevar a tribunales, donde el peso de la prueba recaerá en el empleador, quien deberá demostrar que la desvinculación no fue una práctica antisindical. El trabajador podría incluso ser reintegrado a su labor.
Los disensos
“No podemos decir que hay coincidencia plena con el proyecto que el Ejecutivo va a enviar porque eso no es así. No estamos de acuerdo con la ampliación de materias en el proceso de negociación”, aseguró Figueroa.
A su juicio, la propuesta del gobierno “abre una compuerta para que los empleadores puedan usar subterfugios en materia de abordajes de debate con la organización sindical”. Y es que todos los temas pueden ser negociados, ya que se facultará a las partes para negociar pactos de adaptabilidad.
Además, los trabajadores lograron incluir una cláusula de género: en todas las negociaciones debe haber una mujer, sea o no dirigenta sindical.
Por último, en relación al artículo 384 (prohíbe que las empresas estratégicas se vayan a huelga), Figueroa dijo que se requerirá un cambio Constitucional.
Tramitación
Durante la reunión con los legisladores de la Nueva Mayoría, los parlamentarios celebraron que se haya cumplido con los plazos y que se hubiesen considerado los puntos expuestos por la CUT. Además, valoraron el hecho de que el gobierno hubiese sorteado las presiones de la derecha y de los empresarios que el fin de semana pasado reforzaron sus críticas.
Tras este paso, y una vez que el proyecto en cuestión ingrese al Congreso, esperan que tenga una tramitación rápida.
Para lograr ese objetivo hubo llamados a evitar “ponerse creativos” con matices e indicaciones que no estén contempladas en el proyecto, o que violenten su espíritu.
En ese sentido, se hizo hincapié en la necesidad de evitar divisiones entre la Nueva Mayoría y la CUT, para que la tramitación de la reforma no sea “traumática”.
Asimismo, acordaron afinar y coordinar la estrategia comunicacional de la reforma bajo los siguientes criterios: señalar que es útil para el trabajo, es beneficiosa para la clase media y no afecta el empleo. Así, se hará un despliegue territorial en todas las regiones para defender la iniciativa.
Lo que buscan los dirigentes de las colectividades oficialistas es evitar una nueva pugna como la que generó la reforma educacional; tampoco quieren repetir la batería de indicaciones como las que tuvo la reforma tributaria, y la baja en el respaldo ciudadano que generaron ambos proyectos.