(La Tercera) El primer plazo fue octubre. Tiempo después, la autoridad optó por matizar esa meta y asegurar que el proyecto de reforma laboral, -“agenda” laboral, para algunos en el gobierno-, llegaría al Congreso el último cuatrimestre de este año.
A ese cambio en el timing, se sumaría la reciente decisión del Ejecutivo de entender la titularidad sindical como representatividad y legitimidad al momento de negociar, en lugar de dotar a estos de la potestad para extender o no los derechos emanados de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados. “Con el esquema actual, los empleadores suelen extender esos beneficios a los no sindicalizados”, aseguraba en marzo la ministra del Trabajo, Javiera Blanco.
Como sea, lo cierto es que el Ejecutivo tiene claro que el compromiso adquirido con los trabajadores en julio, en el marco del acuerdo firmado por salario mínimo, no puede ser postergado. Sin embargo, en las últimas semanas un nuevo ingrediente se ha sumado al proyecto que prepara el Ejecutivo.
Y es que la debilidad de los datos económicos y el sucesivo retroceso de las expectativas tienen al gobierno buscando fórmulas para cumplir la palabra empeñada sin afectar aún más el nivel de actividad. En esa encrucijada, una de las alternativas que se baraja es aplicar los cambios de manera gradual, para que la reforma entre en vigencia una vez que la economía retome su potencial de crecimiento, aseguran fuentes de gobierno. Si se escoge este esquema, agregan, las medidas se pondrían en marcha por etapas, según su complejidad y posible impacto. Esta alternativa estaría siendo defendida por Hacienda, que junto a Trabajo revisa el estado de avance de la propuesta y afina los últimos detalles.
Por etapas
“La gradualidad y oportunidad de la agenda laboral serán anunciadas en su debido momento”, adelantó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en su última entrevista con La Tercera. En esa oportunidad, precisó que la legislación será “consistente con el objetivo de recuperar la inversión privada y el crecimiento económico”.
Desde el Ministerio del Trabajo afirman, no obstante, que el proyecto de reforma laboral tiene una “gradualidad intrínseca”, ya que la aplicación de sus principales medidas relacionadas con la negociación colectiva -titularidad sindical, reemplazo en huelga, pisos mínimos de negociación-, está supeditada a la expiración de los contratos colectivos vigentes actualmente en cada empresa. Es decir, sólo al momento de iniciar la discusión de un nuevo contrato colectivo se deberán considerar los cambios establecidos en la reforma laboral, una vez que esta ya sea ley.
En la cartera dicen que otro tipo de calendarización a la descrita no es, por ahora, parte de los varios borradores que tiene el proyecto.
“No tengo inconveniente en que se pueda implementar gradualmente, pero la reforma se debe diseñar en base a datos reales de lo que ocurre con el movimiento laboral y empresarial”, dijo el jefe de la bancada de diputados socialistas, Marcelo Schilling, quien participó en la reunión que sostuvo su tienda esta semana con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Una eventual gradualidad no fue bien recibida por la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Adriana Muñoz (PPD). “No estoy de acuerdo. Los empresarios que se resisten a medidas como la titularidad sindical y el fin del reemplazo en huelga tienen inversiones en países latinoamericanos y europeos donde estas normativas existen”, argumentó.
Medidas pro empleo
Según fuentes de gobierno, adicionalmente a la reforma laboral, el gobierno analiza junto a representantes de la CPC una serie de medidas tendientes a impulsar el empleo, especialmente en mujeres y jóvenes, y a mejorar la capacitación.
Si bien no está decidido si éstas formarán parte del proyecto laboral -o serán anunciadas por separado en las próximas semanas-, las mismas fuentes apuntan a que el objetivo es dar una señal al sector privado, que ha mostrado inquietud por el impacto que los cambios en materia de negociación colectiva podrían tener en la ocupación.