El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, reiteró hoy la inquietud de la industria por la situación que está afectando al proyecto Aumento Vida Útil Planta Catemu (AVU) de la mediana minera Cemin Holding Minero, iniciativa que este lunes será sometida a votación por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso.
Este proyecto lleva 16 meses de tramitación y llega a esta instancia con una recomendación de rechazo por parte del SEA de Valparaíso.
Al respecto, el presidente de la gremial afirmó que, “nos preocupa que después de una larga tramitación y trabajo con los organismos evaluadores la empresa se encuentre con una recomendación de rechazo. Además, nos han hecho saber que el informe del SEA tiene errores. Por eso, sería muy preocupante que se rechace un proyecto por un informe que contiene errores”.
El directivo de Sonami agregó que, según la empresa, el informe del SEA contiene errores en el cálculo de las emisiones del proyecto. “Se les asigna el doble de emisiones por un error que suma la contribución de la operación actual y la contribución de la operación futura cuando la segunda reemplaza a la primera y, además, genera menos emisiones producto de la modernización de la planta”, enfatiza.
“Esperamos que esta situación se aclare y el proyecto sea aprobado. Hemos sabido que un rechazo tendrá un enorme costo social en la zona”, puntualizó.
Planta Catemu, es una planta procesadora de cobre ubicada en la comuna del mismo nombre, Provincia de San Felipe, en la Región de Valparaíso, que alberga la principal agencia de compra de minerales de la zona y de la Empresa Nacional de Minería (Enami), cuya paralización afectaría a un total de aproximadamente 1.200 empleos, de los cuales 400 son trabajadores propios, 525 contratistas y unos 300 productores de la pequeña minería.
Finalmente, Riesco sostuvo que, “estamos enfrentando una baja en la producción de la minería, que es una importante fuente de recursos para el país. Por esa razón, el sistema de evaluación ambiental tiene que ser razonable con el sector, y junto con asegurar altos estándares de cuidado medioambiental, debería promover o al menos facilitar la realización de los proyectos. En todo caso, no debería permitir que un proceso se rechace sin haber considerado antes que hay errores en su informe de evaluación”.