La importancia de la participación temprana de las comunidades aledañas a los proyectos mineros de litio, así como la promoción de la transparencia y de un diálogo constante, fueron algunos de los temas analizados en el marco de la décima edición del Foro del Litio 2026, evento organizado por iMercados y B2B Media Group, casa editorial de la Revista MINERÍA CHILENA.
Durante su intervención, Marisol López, asesora de comunidades y asociaciones Lickanantay y Aymara, recalcó que uno de los aspectos más sensibles para los pueblos originarios es que sean reconocidos como «sujetos colectivos de derecho y actores sustantivos en la gobernanza territorial». Al respecto, explicó que la participación de estas comunidades «no va en busca de la obtención de beneficios económicos, sino que va en beneficio de la protección de sus propios territorios», de modo que, una vez finalizada la extracción de litio, las comunidades puedan seguir habitándolos tal como lo han hecho ancestralmente en la cuenca del Salar de Atacama.
Asimismo, la especialista sostuvo que este rol como actores sustantivos debe traducirse de forma concreta en el acceso a información oportuna. En este sentido, enfatizó que «se habla de información en línea, pero también solicitan y se ha hecho presente en las diversas consultas indígenas que esta información además debe ser en tiempo real», permitiendo así una comprensión adecuada y real de las operaciones.
López destacó la necesidad de una gobernanza territorial basada en una «participación efectiva y vinculante», en la que se les escuche y este derecho a voz dentro de una empresa se manifieste, con la finalidad de que se tomen en cuenta sus decisiones y tener una real incidencia en éstas cuando afectan su territorio y la sostenibilidad de su hábitat.
La experiencia de Albemarle
Desde la otra vereda, Marcelo Glavic, gerente de Relacionamiento Comunitario de Albemarle, reflexionó sobre los más de 40 años de presencia de la compañía en el Salar de Atacama. Ante esta realidad, explicó que el primer gran desafío para construir relaciones de mutuo beneficio y confianza pasa por «generar una conciencia transversal a lo largo y ancho de la organización respecto a la importancia de situarse de forma pertinente en un territorio que tiene una historia».
Como segundo pilar fundamental, Glavic enfatizó la importancia de la «transparencia de la información», puntualizando que las comunidades indígenas ubicadas en el Salar de Atacama tienen una «preocupación primordial por temas ambientales». En este sentido, destacó los avances logrados a través del «monitoreo participativo» y la transferencia de capacidades para realizar análisis simétricos de la huella ambiental de la compañía, elementos que «generan definitivamente confianza y se transforman en un activo para proyectar la relación hacia el futuro».
Finalmente, abordó la importancia del contenido local, exponiendo que existe una expectativa compartida de ser parte de los beneficios que genera cualquier actividad productiva. El ejecutivo recalcó que, con las especificidades que requiere un entorno indígena, es indispensable «desde las compañías generar también soluciones, alternativas que satisfagan ese requerimiento de ser parte de una actividad que genera bienestar y que permite también reforzar el arraigo de los propios trabajadores con el territorio».
Políticas públicas
Por su parte, Mónica Morales, lideresa de Desempeño Social y Gobernanza de Recursos del Sustainable Minerals Institute International Centre of Excellence Chile (SMI-ICE), reflexionó sobre el rol de las normativas, precisando que «el propósito de las políticas públicas no se basa en poder responder a expectativas, sino más bien poder respetar el bien común», ya que enfocarse únicamente en las expectativas genera riesgos debido a la multiplicidad de contextos, historias y preocupaciones de las personas.
Frente a este escenario, la especialista explicó que lo que deben asegurar las políticas públicas es «sentar esas bases para poder responder de alguna manera a esas expectativas», lo que implica definir con claridad cómo se va a invertir y ocupar el territorio durante todo el ciclo de vida del proyecto. Asimismo, conectó este análisis con la experiencia del SMI-ICE-Chile evaluando acuerdos entre comunidades indígenas y empresas, acompañando al Ministerio de Minería mediante financiamiento BID, para revisar el componente participativo de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y elaborando guías de orientación para la implementación de comités de gobernanza.
Finalmente, Morales aseveró que para que las políticas públicas respondan de manera integral al bien común en torno a la minería del litio, es necesario «entender que el proyecto es un vecino más del territorio» y que las iniciativas productivas deben comprenderse dentro de ese entorno particular. Advirtió que «si solamente nos centramos en responder las expectativas, la respuesta va a ser limitada a un grupo específico, y si miramos el territorio y dejamos de verlo como un espacio abierto, concretamos también conversaciones y articulamos también esfuerzos».