La decisión del Segundo Tribunal Ambiental, de dejar sin efecto la aprobación del proyecto «Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva» de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, ha generado diversas reacciones en la industria nacional.
Es así como Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, manifestó su preocupación “no sólo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile”.
“Estamos hablando de un proyecto aprobado hace cinco años, con más de US$3.200 millones invertidos y prácticamente terminado, que hoy vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria. Esto reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos”, aseguró.
En ese contexto, el líder gremial aseveró que “nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren incertidumbres sobre permisos ya otorgados por el propio Estado”.
“El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica sigue presente, y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile», recalcó el presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Estas declaraciones se suman a los dichos de Jorge Riesco, presidente de Sonami, quien afirmo que el fallo del Segundo Tribunal Ambiental “reabre una discusión que el país aún no logra resolver: las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos debido a la excesiva permisología y a la falta de estabilidad en los procesos de autorización. Resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado. Nuestro llamado es a promover la confianza y certeza para incentivar de manera responsable la inversión en Chile”.
En esa misma línea, la Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII) manifestó «su profunda preocupación frente al fallo emitido por el Segundo Tribunal Ambiental, que deja parcialmente sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable obtenida por Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi para el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva”.
«Como gremio empresarial regional, expresamos esta declaración con pleno respeto a la independencia de los tribunales, de los órganos administrativos competentes y de todas las instancias que integran la institucionalidad ambiental y jurídica del país. Sin embargo, es necesario advertir con claridad los efectos que una decisión de esta naturaleza genera sobre la certeza jurídica, la confianza inversionista y la continuidad de proyectos estratégicos para Tarapacá y Chile«, expresaron.
Junto con ello, la AII hizo un llamado «a las autoridades competentes a abordar con urgencia los efectos institucionales, económicos y territoriales que decisiones de esta naturaleza generan. Tarapacá necesita una señal clara de respaldo a la inversión responsable, al cumplimiento normativo y a la continuidad de proyectos estratégicos que contribuyen al desarrollo del país«.
«Como gremio, reiteramos nuestro compromiso con una minería moderna, sustentable, respetuosa de las comunidades y ambientalmente responsable. Pero también reafirmamos que el desarrollo de Tarapacá requiere certeza jurídica, institucionalidad coherente y una mirada de Estado que entienda que las regiones extremas necesitan más inversión, no más incertidumbre«, añadieron.
Desde la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) declararon que “vemos con inquietud cualquier situación que genere incertidumbre regulatoria en proyectos estratégicos para el país, especialmente cuando estos ya presentan un alto nivel de avance. Es fundamental comprender que este tipo de resoluciones tienen un impacto en cadena: no solo afectan al titular del proyecto, sino que golpean directamente a miles de trabajadores, empresas de servicios especializados y a una red de proveedores que planificamos nuestras inversiones y operaciones con horizontes de largo plazo”.
“En Aprimin estamos convencidos de que la minería debe cumplir con los más altos estándares ambientales y una participación comunitaria efectiva; eso no está en discusión. Sin embargo, para que nosotros, los proveedores, podamos seguir invirtiendo, innovando y generando empleo, necesitamos reglas claras, plazos razonables y decisiones consistentes que nos entreguen certezas”, añadieron.
En la declaración firmada por Ari Bermann, presidente de Aprimin, se recalcó que “como país, no podemos permitirnos contraponer la sostenibilidad con la inversión. Nuestra postura es clara: Chile no debe elegir entre una u otra. Debemos ser capaces de asegurar ambas dimensiones con una institucionalidad moderna, predecible y eficiente, que valore y proteja el rol estratégico de los proveedores en el desarrollo nacional”.